El TSJ anula el baremo de la Universidad de Valladolid para contratar profesorado laboral

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha anulado el reglamento que, desde hace un año, fijaba el baremo para la contratación de profesores asociados y ayudantes doctores, las dos figuras más 'bajas' en el escalafón de personal docente e investigador. La impugnación del reglamento partió de Comisiones Obreras, que se opuso a su aprobación por considerar que «perjudicaba a los profesores que se habían estado preparando en la propia Universidad de Valladolid y que en los nuevos concursos tendrían dificultades para acceder a la plaza», explicaron ayer a El Norte fuentes del sindicato.

En el baremo anterior, vigente desde 2003, se valoraba con un máximo de 10 puntos el currículum (título, doctorado, máster, CAP, etcétera); otros 10 puntos para docencia e investigación, con un máximo de 7 para el primer aspecto; y otros 10 puntos para el perfil. El perfil se definía como un instrumento que «deberá servir para precisar algunos conocimientos o características técnicas o académicas específicas, inherentes al desempeño de la plaza objeto del concurso». Sin embargo, el anterior equipo rectoral consideró, después de varias impugnaciones de concursos, que el perfil se había retorcido hasta convertirse en una herramienta para adjudicar las plazas a conveniencia de cada departamento, por lo que optó, al revisar el reglamento, por suprimirlo.

De ese modo, la normativa aprobada el año pasado, y ahora anulada, permite otorgar hasta 60 puntos por la experiencia investigadora; 35 puntos «por formación académica, experiencia docente y profesional»; 5 puntos para otros méritos (becas de movilidad, patentes): y 25 puntos para méritos preferentes, como estar acreditado para cuerpos docentes o haber realizado estancias investigadoras en centros «de reconocido prestigio».

«Se modificó significativamente lo que es el baremo», se quejan desde CCOO, «dándole más relevancia a la investigación y quitando importancia a la docencia que se había desempeñado en la UVA». Esto, que se puede entender como una forma de intentar evitar la endogamia de la que tanto se acusa a la universidad pública, esconde en realidad una trampa tras estos años de crisis. Con los recortes en profesorado -tasa de reposición del 10%, una plaza nueva por cada diez jubilaciones, y el techo de gasto en personal-, el profesor asociado se convirtió en la forma de acceso a la carrera académica. Una figura pensada para que profesionales de un sector puedan impartir clase se transformó en un modo de empezar a formar profesorado. Muchos de esos docentes han hecho la tesis y se han acreditado para la siguiente figura, ayudante doctor, especialmente en facultades con titulaciones jóvenes, como Filosofía y Letras o Ciencias Sociales y Jurídicas. El cambio de normativa, sin embargo, les penaliza ante otros docentes acreditados en otras universidades en busca de plaza.

«El nuevo reglamento perjudica a los profesores que se habían estado preparando aquí y que en los nuevos concursos tendrían dificultades para acceder a la plaza», apuntan desde CCOO. De hecho, algunos departamentos han renunciado a sacar nuevas plazas hasta que no se reformara la norma y así se lo hicieron saber durante la campaña electoral a los diferentes candidatos.

El rector, Antonio Largo, y su vicerrector de Profesorado, Javier de Frutos, recordaron ayer que la sentencia aún no es firme y que los servicios jurídicos de la UVA estudian si interponer recurso de casación ante el Supremo o no. Mientras tanto, los concursos que ya están en marcha para contratar profesorado para el curso próximo se regirán por el reglamento anulado. Debe pasar al menos un mes para que la sentencia sea firme. «Mientras tanto, los concursos que están en marcha se rigen por el reglamento que estaba en vigor cuando fueron convocados. En este sentido no hay ninguna duda. Los futuros concursos están sujetos al resultado de la sentencia, si se hace firme», explicó De Frutos.