El Ayuntamiento enviará los documentos que la Intervención no pudo analizar sobre Samaniego

El Ayuntamiento prepara toda la documentación para que la Intervención General de Estado pueda completar su análisis sobre las contrataciones del Consistorio con el entramado de empresas de la familia del exjefe de Mantenimiento Luis Alberto Samaniego Conde. El órgano dependiente del Ministerio de Hacienda ha remitido ya al Juzgado de Instrucción número 4 el informe solicitado por la Brigada Provincial de la Policía Judicial. Sin embargo, los técnicos de la entidad fiscalizadora reconocen que el análisis no ha sido todo lo completo que debería al faltar las bases de ejecución presupuestaria de 13 de los 14 años que se investigaban y que los anteriores gestores municipales no enviaron por causas que se desconocen.

Pues bien, fuentes municipales confirmaron ayer que en las próximas semanas se remitirá esta información al juzgado por si considera conveniente que la Intervención del Estado vuelva a realizar el examen de los ejercicios que han quedado cojos. No obstante, el informe de este órgano ya apunta dos conclusiones:que las trece mercantiles relacionadas con exfuncionario, que se encargaron de 1.299 contratos entre 2000 y 2014 por los que facturaron 9,8, millones de euros, trabajaban «casi en exclusiva» para la Administración Local y que se produjeron anomalías en las autorizaciones, control y fiscalización de las obras y en su facturación.

Las mismas fuentes avanzaron que ya se ha entregado a Instrucción 4 la información sobre el alquiler de dos naves en el polígono San Cristóbal, que el Ayuntamiento formalizó por el procedimiento de urgencia con empresas de los Samaniego para albergar vehículos y enseres de limpieza entre los años 2001 y 2007 y por los que estas sociedades ingresaron 292.176 euros en ese periodo.

En esta ampliación de documentación se hace un pormenorizado relato de los procesos de adjudicación y las prórrogas de los contratos, una tramitación en la que intervinieron tanto el jefe del servicio de Limpieza como el exalcalde y los concejales María del Castañar Domínguez y Jesús Enríquez. Se solicita, por ejemplo, que se practiquen diligencias para averiguar quién añadió a bolígrafo el nombre de una de las mercantiles de la familia, que finalmente resultó adjudicataria del alquiler y se deja patente que el nombre de Luis Alberto Samaniego, junto con el de sus familiares, aparecía con claridad en las sociedades con las que se rubricaron los contratos sin que nadie apreciara este extremo y alertara de una posible incompatibilidad al ser funcionario del Ayuntamiento de Valladolid.