Martín Pascual acepta un año de cárcel y ocho de inhabilitación por el caso de la rotonda

Martín Pasucal llega a declarar al TSJ en enero pasado./
Martín Pasucal llega a declarar al TSJ en enero pasado.

El exalcalde de Medina evitará así sentarse en el banquillo en un juicio que iba a comenzar el próximo lunes

P. G.medina del campo

El exalcalde del PP de Medina del Campo Crescencio Martín Pascual ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para aceptar una condena de un año de cárcel por la adjudicación a dedo en 2008 del proyecto denominado Rotonda de acceso a la zona industrial por importe de 324.531 euros. El acuerdo evitará la celebración del correspondiente juicio, previsto a partir del próximo lunes, 5 de octubre, de forma que el exregidor acudirá ese día a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León, con sede en Burgos, para limitarse a dar el visto bueno a un acuerdo que supone el reconocimiento de los delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración pública, merecedores de ocho años de inhabilitación para desempeño de cargo y empleo público y un año de prisión (le pedían dos años), según informan a Europa Press fuentes jurídicas.

La sentencia de conformidad cuenta igualmente con el aval de sus otros dos compañeros de banquillo, el que fuera concejal de Urbanismo y Obras, Javier Rodríguez Herranz, que se conforma con ocho años de inhabilitación por delito de prevaricación y otros seis meses más por falsificación de certificados, y el representante legal de Construcciones Hermanos Sastre, Silicio Sastre, este último, en calidad de cooperador necesario, que será condenado a cuatro años y medio de inhabilitación, mientras que el ingeniero autor del proyecto y director de la obra, Julián Alonso Chillón, ha visto cómo se retiraban todos los cargos contra su persona. Los tres primeros, en concepto de responsabilidad civil, habrán de abonar, conjunta y solidariamente, una indemnización por importe superior a los 20.793 euros.

Los hechos

En el año 2009 el exconcejal socialista Fernando Sánchez Pastor promovió una denuncia penal ante la Fiscalía, que actuó de oficio ante este caso, en la que ponía de manifiesto una irregularidad a la hora de adjudicar las obras de contratación de la rotonda.

Las diligencias investigan hechos que se remontan a noviembre de 2008, cuando el que fuera regidor de la villa, Crescencio Martín Pascual, dictó un decreto por el que aprobó el proyecto denominado Rotonda para acceso a la zona industrial situada en el kilómetro 2,500 de la carretera C-112, entre dicha localidad y Olmedo, con un presupuesto base de licitación de 324.5321,30 euros.

Concurso

Expirado, el 8 de julio de 2009, el plazo para la presentación de ofertas, al concurso se presentaron siete, entre ellas Construcciones Hermanos Sastre, y aunque formalmente las obras no fueron adjudicadas a ninguna de ellas en agosto de ese mismo año la empresa Enricar SL, subcontratada por el empresario Silicio Sastre, comenzó los trabajos en la zona de actuación, tal y como pudo comprobar la representante de Excavaciones Viñas Torres, Elena Viñas, precisamente una de las sociedades licitadoras.

Lo sucedido fue puesto entonces en conocimiento del Ayuntamiento medinense, ante lo cual el 24 de agosto el entonces alcalde convocó una Mesa de Contratación cuyos integrantes, a la vista de los hechos y de que se habían vulnerado los principios de libre y pública concurrencia, decidieron no efectuar propuesta de adjudicación alguna y, además, ordenar la apertura de una investigación que para saber por qué se habían iniciado las obras.

Sin embargo, no solo no se abrió pesquisa alguna sino que el 2 de noviembre de ese mismo año Construcciones Hermanos Sastre tomó directamente ya las riendas de la obra y continuó con los trabajos que inicialmente, y por encargo de esta, había comenzado Enricar SL.

Las obras fueron recibidas 28 días después por el Ayuntamiento de Medina, mientras que el 15 de diciembre Construcciones Hermanos Sastre emitió una factura por importe de 324.531,30 euros cuyo pago, a pesar de los informes en contra del arquitecto técnico y de la interventora municipales, fue autorizado por la Junta de Gobierno, de 30 de diciembre de 2009, presidida por Martín Pascual.

«No consta que los acuerdos tomados estuviesen precedidos de la más mínima discusión o debate, ni que se consultase o pidiese informe al secretario del Ayuntamiento ni que este, por tanto, emitiera informe, opinión o recomendación alguna», advertía la acusación pública, que calificó también de «sorprendente» el hecho de que el importe abonado a Construcciones Sastre es el mismo precio base de licitación cuando la oferta económica que presentó la mercantil al inicio del proceso fue de 308.272,20 euros, es decir, 16.259 euros menos.

Cadena de irregularidades

«Todos los hechos son inobjetables y constan documentados y reconocidos. Su mera lectura, la cadena de irregularidades que de ella resulta es tan abrumadora que la pretensión de reducir lo ocurrido al campo de las meras irregularidades administrativas no parece que tenga una base mínimamente sólida», censuraba la Fiscalía de Valladolid, según informa Europa Press.

Dicho departamento resumía que lo sucedido es que lo ocurrido el 30 de diciembre de 2009, fecha de la reunión de la Junta de Gobierno del Consistorio medinense, «no fue más que la culminación lógica y anunciada de un cúmulo de acciones y omisiones a través de las cuales se procedió a adjudicar, de facto, un contrato de ejecución de obra pública, al margen de cualquier procedimiento legal y, literalmente, pasando por encima del ya iniciado, lo que constituye un acabado ejemplo de desprecio absoluto a la legalidad vigente y a los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidad» y que lesionó los intereses y derechos de los aspirantes a la licitación y a las arcas municipales.

 

Fotos

Vídeos