Universitarios contra Franco

Las protestas contra la Ley General de Educación desembocaron, en enero de 1972, en la detención de un tren en Vadillos y sanciones a 29 estudiantes

Manifestación universitaria en los primeros años de la década de 1970. /
Manifestación universitaria en los primeros años de la década de 1970.
ENRIQUE BERZAL

«Aumenta la tensión estudiantil en Valladolid y los incidentes cobran cada día mayor virulencia, según se desprende de los acontecimientos ocurridos en la mañana de ayer. Después de las habituales asambleas, los estudiantes se concentraron, a mediodía, en la plaza de la Universidad, donde la fuerza pública vigiló el desarrollo de los acontecimientos sin llegar a intervenir».

La noticia, publicada el 20 de enero de 1972 en El Norte de Castilla, no era, ni mucho menos, un caso aislado. Se trataba más bien del remate conflictivo de todo un año de manifestaciones, asambleas y revueltas estudiantiles contra la Ley General de Educación del ministro Villar Palasí. Alentadas en buena medida por las fuerzas políticas contrarias a la dictadura franquista, especialmente por el incombustible Partido Comunista, fueron creciendo en virulencia desde el arranque mismo de la década de los 70, hasta desembocar en lo ocurrido el 19 de enero de 1972.

El ritual conflictivo solía seguir unas pautas bien conocidas por las fuerzas de seguridad franquistas: tras la pertinente asamblea de Facultad, un grupo reducido de activistas universitarios se manifestaba en lugares céntricos de la ciudad, casi siempre en la Plaza de Santa Cruz y en la Plaza de España, para proferir gritos contra el sistema vigente y a favor de la amnistía y de la libertad de expresión. Entre los estudiantes detenidos y multados, muchos de ellos del PCE y de la extrema izquierda vallisoletana, figuraban militantes tan destacados como José Luis Díez Hoces, Manuel Sierra, José María Alonso Franch, Julio César Payá, Valentín Merino, Luis Martínez de Tejada, César de Prada o Juan Jorge Letamendía.

Lo de enero de 1972 fue impactante; por lo sucedido en la Universidad, desde luego, pero también por la continua sucesión de multas y detenciones. «El numeroso grupo concentrado ante la puerta de la Universidad se fue diluyendo poco a poco y posteriormente se produjo una concentración en la plaza de las Batallas. Testigos presenciales dicen que un grupo de manifestantes arremetió con piedras contra un vehículo de la Brigada de Investigación Social y que uno de los agentes realizó algún disparo al aire para repeler a los agresores», señalaba El Norte en relación a los sucesos del día 19.

Lo cierto es que todo había comenzado una semana antes en la Facultad de Medicina, donde en apenas dos días llegaron a concentrarse cerca de 2.000 estudiantes para iniciar las protestas contra la Ley de Villalar Palasí. El movimiento se extendió por Ciencias y Derecho y se saldó, los días 15 y 16 de enero de 1972, con las detenciones de cinco estudiantes: Antonio Luis Gómez Santander, Miguel A. Soto, Juan Jorge Letamendía, José Antonio Delgado y César de Prada.

Al día siguiente, 100 estudiantes de Ciencias se reunieron en asamblea y acordaron salir en manifestación, en dos grupos, por las calles López Gómez, Núñez de Arce, Plaza Mayor, Ferrari, Santiago y Duque de la Victoria; uno de ellos terminó refugiándose de la policía en la iglesia de los Capuchinos, en la Plaza de España, de la que salió en dirección de la Plaza de la Circular profiriendo gritos contra las fuerzas de orden público.

La jornada de protesta siguió por la tarde en Filosofía y Letras, donde una asamblea no autorizada fue disuelta por la policía. El 18 de enero tampoco hubo tregua: más de un millar de estudiantes universitarios se concentró en la Plaza de Santa Cruz en contra de la nueva Ley de Educación y a favor de los detenidos en anteriores disturbios; eran las 12 de la mañana. Media hora más tarde se sucedían las carreras y las cargas policiales por la calle de Ruiz Hernández. Por la noche fueron detenidos Julián Rodríguez Borlado, de 1º de Medicina; María José Carrillo Estebánez, de 2º de Filosofía; Luis Martín Gómez, de 1º de Ingenieros Técnicos; Luis María Pablo Gómez, de 1º de Arquitectura; Antonio Manuel Sarabia Gómez, de 1º de Magisterio; el albañil Francisco Rodríguez Gallego, y el electricista Francisco Curiel Martín.

La escalada contestataria confluyó al día siguiente en un suceso inesperado: «Los manifestantes se dirigieron a la plaza de los Vadillos, ocuparon la línea del ferrocarril y contuvieron a pedradas una carga de la Policía Armada», relataba el periódico. Era la una y media de la tarde. La interrupción de un tren de viajeros y el apedreamiento, el día 18, del periódico falangista 'Libertad' por parte de un grupo de estudiantes fueron juzgados por el decano de la prensa como hechos que «solo hacen que restar e incluso invalidar totalmente las posibles razones que los autores pudieran enarbolar».

Todo este encadenamiento de protestas provocó el cierre de la Facultad de Medicina hasta el lunes 24 de enero de 1972, nuevas detenciones, pérdidas de los derechos de matrícula y multas de hasta 50.000 pesetas impuestas por el gobernador civil, Alberto Ibáñez Trujillo.

Las listas de sancionados -29 en total-publicadas el 23 de enero por El Norte de Castilla eran suficientemente demostrativas de la destacada actuación de nuevas y radicales generaciones universitarias, muchas de ellas procedentes del País Vasco y no pocas pertenecientes al Partido Comunista, al Partido del Trabajo y al PCEi. 16 estudiantes fueron sancionados con multas que oscilaban entre las 5.000 y 25.000 pesetas de la época, mientras que José Luis Cancho (Magisterio), Mario Barajas (Selectivo de Ciencias), Julio César Payá (Derecho), Valentín Merino (Derecho), Fernando Silió (Derecho), Soledad Rocillo (Medicina), Luis Martínez de Tejada (Filosofía), José Serrano (Medicina), Marco Antonio Mira (Medicina) y María Teresa Álvarez Garmendia (Selectivo de Medicina) lo eran con 50.000 pesetas y «aplicación del artículo 23 de la Ley de Orden Público, habida cuenta de sus antecedentes y conducta de notoria amenaza para la convivencia social», señalaba la nota del Gobierno Civil.

Las detenciones por difundir propaganda clandestina afectaron además a Antonio Luis López, Juan Jorge Letamendía, Miguel Ángel Soto y José A. Delgado, y su defensa corrió a cargo de abogados laboralistas como Cristina Almeida.

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