Crónica de una dimisión precipitada

Las dificultades cercaban a Demetrio Madrid. La dedicación a la actividad política y la incompatibilidad como presidente de la comunidad autónoma agravaron considerablemente sus problemas profesionales. «Quien no es capaz de gobernar sus asuntos personales tampoco lo es para dirigir una comunidad autónoma»: no otro era el eslogan utilizado por determinados colegas de militancia y conocidos adversarios políticos para desgastarle. Sobre todo a partir del verano de 1985, cuando las dificultades de su empresa textil, Pekus, comenzaron a ser, día sí y tarde también, carnaza para periodistas y suculento bocado para quienes, desde dentro del PSOE, auguraban y deseaban su caída.

Lo cierto es que Pekus llevaba tiempo dándole problemas al primer presidente de la Junta; ya en octubre de 1982, su candidatura al Congreso por Zamora se había visto enturbiada por octavillas que, alentadas por la oposición, lo acusaban de mala gestión empresarial. Al año siguiente, desde el mismo momento de su llegada a la Presidencia de la Junta, abundaron las voces críticas contra su dedicación más a la política que a la gestión empresarial; pero todo se precipitó al hacerse públicas las dificultades económicas de un negocio familiar surgido al calor del cooperativismo impulsado en los años sesenta en el barrio zamorano de San José Obrero. Con objeto de salvar la empresa y los puestos de trabajo, en junio de 1985 se procedió a su venta.

La polémica no tardó en estallar. Se habló de dejación de funciones, de anomalías en las retribuciones a las trabajadoras y hasta de una inminente suspensión de pagos; los cinco despidos ejecutados por el nuevo empresario echaron más leña al fuego, sobre todo cuando la Magistratura de Trabajo falló a favor de las empleadas y hubieron de ser readmitidas en noviembre. La Ser de Valladolid ser erigió en altavoz privilegiado de las afectadas.

Temiendo un cierre inminente, las empleadas fueron solicitando de manera escalonada la rescisión de contrato. En un primer momento, Magistratura desestimó las peticiones; pero poco después, ante el exceso de meses que llevaban las trabajadoras sin cobrar, las aceptó y condenó a la empresa a indemnizar a las 13 empleadas.

Querella criminal

El 20 de diciembre de 1985, 11 de ellas, asesoradas por la abogada de Comisiones Obreras María Jesús Díez-Astrain, decidieron interponer querella criminal. Su intención era demostrar que la venta no había sido real, sino simulada, con la intención de defraudar los derechos de aquellas, que dejaron de percibir sus salarios un mes después de efectuarse la operación.

El Pleno de la Audiencia, instancia competente en el caso por el aforamiento del presidente, admitió a trámite la querella a principios de enero de 1986. Malos augurios. A la vuelta del verano, el rumor del procesamiento era cada vez más fuerte; también, el de la dimisión de Demetrio Madrid.

El 29 de octubre de 1986 estalló el bombazo: Teófilo Ortega Torres, presidente del Pleno de la Audiencia Territorial, hacía pública la decisión de este organismo de procesar al presidente de la Junta de Castilla y León por un presunto delito social. La noticia cayó como una pesada losa entre la mayoría de los miembros del Ejecutivo regional.

Para el presidente de la Junta, sin embargo, no era una sorpresa. Ese mismo día, de madrugada, había sido avisado de su procesamiento por el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo. Convencido de su inocencia y de que todo era una suerte de trampa para acorralarle, decidió viajar a Madrid para recabar apoyos de Ferraz. Lo hizo acompañado de su mano derecha, el entonces vicepresidente y consejero de Agricultura y Ganadería Jaime González.

El encuentro fue frustrante. Su principal interlocutor, José María 'Txiki' Benegas, que en ese momento desempeñaba el cargo de secretario de Organización y número tres del PSOE, lo recibió acompañado de José Luis Corcuera como miembro de la Ejecutiva Federal, y de Guillermo Galeote, como secretario de Imagen del partido; y no le expresó el apoyo orgánico y político que esperaba. La consecuencia era lógica: «Hay que dimitir».

En su viaje de regreso, Demetrio Madrid llamó por teléfono desde el coche y transmitió a sus consejeros la decisión; al responsable de prensa y portavoz, Javier Tezanos, le encomendó convocar una rueda de prensa y una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. También ordenó reunirse a la Junta de Consejeros.

Por lealtad institucional, encomendó a Jaime González que comunicara al líder de la oposición aliancista, José María Aznar, su decisión de dimitir; incomprensiblemente, Aznar, una vez conocida la voluntad del presidente, se apresuró a salir a la palestra pública para exigirle la dimisión en 24 horas...

Dimisión

Valladolid, tarde-noche del 29 de octubre de 1986. Los consejeros aguardan la llegada de su presidente. No están todos; falta José Constantino Nalda, quien, según declaraciones posteriores, no había podido abandonar el pleno del Senado para trasladarse a Valladolid. Llegaría al Colegio de la Asunción poco después de finalizar la comparecencia ante los medios: «¿Ha dimitido ya?», preguntó.

En el comunicado hecho público ante los periodistas a las diez menos cuarto de la noche, Demetrio Madrid señalaba que su dignidad, la dignidad de las instituciones que representaba por elección democrática y la dignidad de su partido no le permitían seguir en el cargo:

«He llegado a la conclusión de que, siendo inocente del cargo que se me imputa, es más positivo, para la democracia y para la comunidad que represento, que me someta a la acción de la Justicia desprovisto de la alta responsabilidad que el pueblo de Castilla y León, a través de sus Cortes, depositó en mis manos. Como hasta ahora, seguiré defendiendo los ideales de libertad y progreso, que han sido y son, para mí, exigencia constante de esfuerzo y sacrificio. Ojalá que esta decisión sirva para consolidar nuestra comunidad y nuestro sistema político basado en la democracia y en la justicia.»

Antes de celebrarse el juicio, Madrid recusó a nueve de los doce magistrados de la Audiencia Territorial de Valladolid, constituida en Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por entender que habían participado en la instrucción de la causa. De este modo logró apartarlos.

El fiscal solicitó para él, defendido por el abogado José María Mohedano, tres meses de arresto y 300.000 pesetas de multa por estimar que había cometido un delito social al descuidar la dirección de su taller. Sin embargo, en enero de 1990, la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó sentencia no solamente absolutoria, sino incluso laudatoria para Demetrio Madrid, pues venía a decir que este se excedió en sus obligaciones laborales. Sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en 1993.

Hay quien asegura que la dimisión de Demetrio Madrid cambió el rumbo político de Castilla y León, pues se produjo cuando las encuestas le otorgaban una nueva victoria electoral en las autonómicas de 1987; incluso se asegura que influyó en la historia reciente de nuestro país al posibilitar el encumbramiento político de José María Aznar.