Los centinelas del planeta

Ginebra. Agosto de 1923. Una fabulosa corona hecha con penachos de plumas de aves se presenta en la sede de la Sociedad de las Naciones, en Ginebra. Su portador, un líder de la tribu norteamericana Canuga, emisario de los iroqueses (nativos de la zona de los Grandes lagos, entre Ontario y Nueva York), entrega al secretario general de la primigenia ONU 'The Redman's Appeal for Justice' o la 'Reclamación de justicia de los piel roja', un documento de seis páginas que buscaba el reconocimiento internacional de sus comunidades como pueblos originarios y no como minorías. Pese al boato de la recepción al gran líder indio, el encuentro se quedó en una mera pose. Hasta doce meses permaneció el jefe Deskaheh en la ciudad suiza para intentar que el organismo alumbrado por el Tratado de Versalles le diera cita para exponer su reivindicación. Nunca ocurrió. No quisieron escucharle.

Hoy, cuando se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, prácticamente un siglo después de aquella tenaz tentativa, la situación de estos pueblos transita entre la esperanza de los incuestionables logros que han cosechado en el campo identitario y normativo, y la estremecedora situación de miseria, violencia y discriminación en la que sobrevive la mayoría de ellos. Según cifras oficiales, desde los Hui Wigmen de Papúa Nueva Guinea a los Dogón de Mali o a los Nenet de Siberia, más de 370 millones de personas, repartidas en 5.000 grupos diferentes, subsisten diseminados en noventa países de los cinco continentes. Aunque apenas constituyen el 5% de la población global, se bastan para representar al 15% de los pobres del mundo. Víctimas de la injusticia histórica ligada en gran medida al feroz proceso de conquista perpetrado por la Europa imperialista y al expolio que les infligen hoy los colonizadores económicos, estos colectivos, alejados de todo órgano de decisión, afrontan el día a día con enormes presiones y carencias.

La cuerda floja por la que están obligados a caminar contrasta con el prometedor escenario que parecía abrirse el 13 de septiembre de 2007, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, el mayor hito en su lucha desesperada por sobrevivir. Sin embargo, doce años después de la consecución de este marco legal internacional sin precedentes, hay pocos motivos de celebración. Una cosa es promulgar derechos y otra bien distinta que los estados miembros tengan la voluntad de hacerlos cumplir. «La política económica y el supuesto desarrollo que imponen los gobiernos de turno han llevado a que los pueblos indígenas veamos amenazados nuestros derechos fundamentales como humanos y como pueblos. Las industrias de extracción (de minerales, madera o hidrocarburos) nos exponen a la expulsión de nuestros territorios. Nuestra situación actual es de vulnerabilidad y de especial desamparo para las mujeres y las niñas», explica a este periódico la peruana Tarcila Rivera, una activista mundialmente reconocida y miembro del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas.

Mientras la insaciable civilización del consumo y el desarrollismo dilapida los recursos del planeta a marchas forzadas y busca más madera que quemar, los pueblos originarios ejercen de verdaderos guardianes de la Tierra. A pesar de que solo ocupan el 20% de la superficie, sus territorios custodian dos tercios de la biodiversidad y de las riquezas naturales que quedan en el mundo.

–Tarcila, ¿hoy, que es su día, qué reivindican?

–El derecho a vivir en paz, armonía y solidaridad, con satisfacciones plenas en lo espiritual y en lo físico, sin violencias en nuestros territorios ni vidas. Queremos lo que cualquier otro humano: respeto y derechos garantizados, y que las mujeres seamos reconocidas y respetadas en nuestras vidas y cuerpos. ¿Es mucho pedir?