El Ayuntamiento se expone a pagar hasta ocho millones por expropiaciones junto al CAT

Parcela a expropiar por el Ayuntamiento. /Antonio de Torre
Parcela a expropiar por el Ayuntamiento. / Antonio de Torre

Clara Luquero rebate las cifras del PP y afirma que hay «armas jurídicas y urbanísticas» para evitarlo

QUIQUE YUSTESegovia

Si los peores augurios del Partido Popular (PP) se cumplen, es decir, si los propietarios de las diez parcelas situadas junto al CAT piden y consiguen la expropiación de sus terrenos, el Ayuntamiento se enfrentaría a pagos de entre 4 y 8 millones de euros, según los cálculos realizados por el principal grupo de la oposición. Su portavoz, Raquel Fernández, exigió al equipo de gobierno de Clara Luquero que ante un «escenario de incertidumbre» –puesto que no se conoce la intención de los dueños de los terrenos– se evalúe y se prevea el posible marco en el que quedaría el Ayuntamiento de Segovia en caso de masivas peticiones de expropiación.

Fernández afirmó que con una sentencia judicial que obliga a la administración municipal a expropiar una de las parcelas existe una vía abierta para una «cadena de posibles indemnizaciones». Reconoció que los cálculos realizados por el PP establecen una horquilla económica muy amplia, aunque en cualquier caso apuntó a que sería «una cantidad importantísima que puede condicionar las inversiones en los próximos años». En este sentido, los dueños de la única parcela que por el momento tendrá que ser expropiada por el Ayuntamiento estiman que el coste que tendría para las arcas municipales la expropiación de todas las fincas ascendería hasta los 15 millones de euros. No obstante, consideran que el resto de propietarios están esperando la resolución definitiva del justiprecio de la primera parcela para decidir si también solicitan la expropiación.

La portavoz popular se refirió a la diferencia que existe entre la cantidad que reclaman los titulares de la parcela objeto de la sentencia judicial, 875.140 euros (a los que la propiedad pretende añadir intereses y responsabilidad patrimonial hasta alcanzar los 1,5 millones de euros), y los 3.092 euros que estima el Ayuntamiento que valen los terrenos. «El sentido común hace pensar que no será un precio tan bajo como el que propone el Ayuntamiento», advirtió Fernández, quien reconoció desconocer si la Comisión Territorial de Valoración tendrá que escoger entre ambas opciones o podrá decantarse por un término medio. «A lo mejor una estimación cautelar es en torno a la mitad de lo que pide la propiedad», aventuró sobre el valor de la parcela, aunque señaló la valoración catastral de los terrenos realizada por el Ministerio de Hacienda como un dato a tener en cuenta. Según los cálculos de la propiedad, el valor catastral de la finca en 2013 era de 157.000 euros.

Fernández también recoge el argumento de los dueños del terreno de la discordia al asegurar que «el Impuesto de Bienes Inmuebles que se está pagando por los terrenos es un IBI urbano». En su opinión, significa que el Ayuntamiento está reconociendo que los terrenos son urbanos y no rústicos, como sostienen los técnicos municipales en su hoja de aprecio.

Por último, la portavoz popular indicó que la querella criminal anunciada contra la alcaldesa y el jefe de Urbanismo le parecen «palabras mayores», aunque «la propiedad tendrá sus razones para meterse en esa vía». Así, espera que el Consistorio «salga limpio» de esa acusación, aunque recordó que en el debate de presupuestos de 2018 se escuchó «un discurso triunfalista» del equipo de gobierno al asegurar que los pagos por sentencias urbanísticas estaban resueltas. «Esto no es así. En 2019 tenemos que pagar 800.000 euros de pleitos pendientes», destacó Fernández, quien recordó que el Ayuntamiento está pendiente de la resolución del contrato con la antigua concesionaria del 'parking' de José Zorrilla.

«Elucubraciones»

Para la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, los cálculos realizados por el Partido Popular «son elucubraciones, igual que los 20 millones que dicen ha costado el CAT». La regidora aseguró no temer que los propietarios de las parcelas restantes puedan pedir la expropiación, aunque aseveró que si se diera el caso, «el Ayuntamiento también tiene sus armas jurídicas y urbanísticas». Defendió una vez más que el Ayuntamiento no llegó a ocupar la parcela pese a que los tribunales le han dado la razón a la propiedad e insistió en que los terrenos son rústicos y no urbanos.

«Lo que dice la actual normativa es que hay que valorarlo como suelo rústico», sostuvo Luquero, quien explicó que debe ser la Comisión Territorial de Valoración la que defina el precio del terreno. «Si los propietarios no están de acuerdo irán a los tribunales», adelantó.

Precisamente, Clara Luquero también se defendió (aunque sin hacer una mención directa) de la querella criminal anunciada contra ella y contra el jefe de Urbanismo por presuntos delitos de prevaricación, falsedad y delito contra los intereses propios al realizar la hoja de aprecio municipal. «Las valoraciones sobre el precio de un terreno le corresponden a los técnicos. Son ellos los que la han realizado basados en lo que dice la normativa actualmente en vigor. La alcaldesa aquí no tiene más que decir. Es lo que los técnicos han considerado aplicando la legislación vigente en este momento», afirmó.