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Miguel Hermosa Espeso asumió el decanato del Colegio de Abogados de Palencia en enero de 2023. En un momento de profundos cambios en la profesión ... y la administración de justicia, el decano -que además es responsable de Justicia digital e innovación tecnológica en el Consejo General de la Abogacía y responsable de formación en el Consejo de la Abogacía de Castilla y León-, analiza los desafíos y los avances que se están gestando, desde la digitalización del Colegio, la implantación de la Ley de Eficiencia Organizativa y la necesidad de un octavo juez especializado en discapacidad y familia o la creciente amenaza de la ciberdelincuencia. Lo hace en vísperas de la fiesta que el Colegio de Abogados de Palencia celebrará este viernes y en la que se impondrán insignias y entregará diplomas a los colegiados con 25 y 40 años de trayectoria, además de a los ejercientes en el Turno de Oficio. Eso sí, por vez primera en la historia reciente no se colegiará ningún nuevo abogado.
-Lleva algo más de dos años al frente del Colegio de Abogados de Palencia. ¿Cuáles han sido sus principales logros hasta el momento?
-Desde el principio, nos planteamos una auténtica revolución tecnológica en el Colegio. Y ya estamos en ese camino. En breve, gracias a un acuerdo con todos los colegios de Castilla y León, vamos a establecer una sede electrónica del Colegio y vamos a mejorar las comunicaciones telemáticas con la ciudadanía y los colegiados, implementando una plataforma de notificaciones y comunicaciones seguras. También estamos avanzando para retransmitir toda la formación del colegio online, a través de un nuevo sistema de videoconferencia que permitirá acceder a todas las actividades formativas que realizamos.
-Además de esta revolución tecnológica, la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia va a marcar un cambio muy importante. ¿Cuál es el espíritu de esta nueva ley?
-La idea del legislador es buscar una mayor eficiencia en la prestación del servicio público de justicia. Esto se logrará con la reorganización de los recursos materiales a través de la creación de los tribunales de instancia, y también buscando un filtro previo al proceso judicial, con el uso de la mediación a través de los MASC (medios adecuados de solución de controversias). Se pretende resolver el conflicto antes de que llegue al tribunal.
-¿Cómo se están preparando para la implementación de estos medios?
-Ya hemos impartido formación sobre los famosos MASC, esos métodos alternativos de resolución de controversias, como la conciliación previa o la negociación que establece la norma para interponer cualquier demanda. Estamos dando formación a los abogados y creando un listado de abogados conciliadores que puedan realizar esa labor, para que los ciudadanos sepan a qué abogado dirigirse. Y también queremos contar con un espacio dentro del Colegio para trabajar en esas mediaciones previas al proceso judicial.
-La Ley exigirá ahora acreditar el intento de conciliación previo a la demanda. ¿Cómo va a afectar esto a la labor diaria de los abogados?
-Afectará en todo y en nada a la vez. Los abogados y abogadas, antes de interponer una demanda, siempre negociamos, buscamos la posibilidad del acuerdo hasta el último momento. Siempre estamos buscando una solución pactada entre las partes. La diferencia es que ahora esa negociación debe quedar formalizada y documentada como requisito previo. Es decir, no se admitirá ningún procedimiento si no se acredita que se ha intentado acudir a esos métodos de resolución de controversias. Pero insisto, es algo que veníamos haciendo toda la abogacía. Nadie plantea una demanda sin antes haber tratado de mediar, el tribunal es el último recurso. Los abogados no buscamos ganar un procedimiento, buscamos solucionar un problema al cliente y, normalmente, la solución mejor y más rápida es la que acuerdan las partes, no la de esperar una sentencia.
-¿Cree que esta obligatoriedad de documentar la negociación previa aliviará la carga de trabajo en los juzgados?
-Sinceramente no creo que suponga un alivio en la carga de trabajo de los juzgados. Si antes no éramos capaces de llegar a un acuerdo, no lo vamos a lograr ahora porque haya un protocolo. Al final, llegarán los mismos casos. Lo que sí nos impone a los abogados es una mayor burocratización de la negociación que ya veníamos haciendo, obligándonos a acreditar y documentar que hemos intentado una conciliación, una negociación e incluso una oferta vinculante antes de presentar la demanda.
-El cambio fundamental de la Ley es la desaparición del concepto de juzgado para dar paso a los Tribunales de Instancia.
-Este es uno de los cambios de paradigma que más nos afecta. En Palencia, el despliegue comenzará antes de verano con la creación de los Tribunales de Instancia de Cervera y Carrión de los Condes. Es un plan de despliegue del Ministerio que está empezando por las demarcaciones más pequeñas. Y a finales de año, se implantará en la capital, de forma que todos los órganos judiciales de Palencia conformarían ese tribunal de instancia.
-¿Qué implicaciones prácticas tendrá este cambio para la administración de justicia en Palencia capital?
-Va a ser muy importante porque elimina la idea del juzgado convencional de primera instancia e instrucción. Pasará a ser el Tribunal de Instancia de Palencia, y habrá jueces y funcionarios adscritos a cada una de las jurisdicciones. Esto va a facilitar la especialización, algo que peleamos mucho desde Palencia y que es fundamental para nosotros. Y también que ese Tribunal de Instancia cuente con un juez más, el número 8.
-Otro punto clave de la Ley es la transformación de los Juzgados de Paz en Oficinas Municipales de Justicia. ¿Qué oportunidad supone esto para una provincia como Palencia?
-Es una forma de acercar la Justicia al territorio, y para una provincia con mucho territorio y poca población, dentro de lo que llamo «la España silenciada», supone una gran oportunidad. Hay que dotar a esas Oficinas Municipales de Justicia de contenido para que haya un mejor acceso al servicio público de Justicia por parte del ciudadano. Además, aprovechando los medios tecnológicos existentes, se puede ofrecer a los ciudadanos del medio rural un montón de servicios a los que pueden acceder desde estas oficinas con ayuda del personal.
-Hablemos del Turno de Oficio, un servicio esencial para la ciudadanía. ¿Qué importancia tiene en una provincia como Palencia, y cómo valora el trabajo de los abogados que lo prestan?
-El turno de oficio es un problema significativo para los abogados en todo el país, pero resulta aún más acuciante en provincias como la nuestra, dadas nuestras características propias. Es un servicio esencial que garantiza el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de su crucial relevancia, la prestación de la justicia gratuita enfrenta dos problemas esenciales que dificultan su desarrollo y hacen que el trabajo de los abogados no esté suficientemente valorado y remunerado.
-¿A qué problemas se refiere?
-Por un lado, el servicio se presta de forma voluntaria en todos los Colegios, y las actuaciones procesales se compensan en base a unos baremos que llevaban años congelados. Si bien es cierto que en enero el Ministerio de Justicia aumentó en un 8% la compensación económica de los baremos, este incremento, en relación con el aumento del IPC y el nivel de vida, es insignificante. Además, con la nueva ley, todo el trabajo previo de mediación que hay que hacer se les ha olvidado consignar una partida presupuestaria para ello. Nos obligan a realizar una actuación preprocesal, nos dicen que la van a pagar, pero no consignan cuantía económica... entonces, ¿quién sufraga este coste, el abogado, el Colegio de Abogados? Por otro lado, los sistemas de guardia se organizan por partidos judiciales. En Palencia hay tres, y la mayoría de los abogados residen en la capital o el alfoz. En demarcaciones como Carrión de los Condes solo hay uno o dos abogados residentes, y en Cervera, cuatro o cinco; el resto se cubren desde la capital. Un abogado que está de guardia 24 horas no percibe ninguna retribución por su disponibilidad, y los gastos de desplazamiento corren por su cuenta. Además, en lugares como la capital sería necesario tener dos abogados de guardia, pero el Ministerio solo paga a un letrado por partido judicial.
-Finalmente, ¿cómo están afectando las nuevas formas de delincuencia, como las estafas tecnológicas, a la carga de trabajo y a la labor de los abogados?
-La ciberdelincuencia es un reto creciente. Cada vez vemos más estafas tecnológicas, alquileres vacacionales que no existen, suplantaciones de identidad, transferencias no consentidas, fraude al CEO. Estos delitos están generando un volumen de trabajo considerable y requieren que estemos constantemente actualizados para poder abordarlos eficazmente. La abogacía siempre se ha sabido adaptar a los cambios porque es una profesión que va pegada al día a día, y eso obliga a actualizarse, especialmente en este ámbito.
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