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Recortes de periódico e informes que componen la historia del 'Fantasma Cándido'. Sandra Santos
El 'fantasma Cándido' cumple 30 años

El 'fantasma Cándido' cumple 30 años

El 21 de abril de 1989 Cándido Contreras Bravo registró en el Ayuntamiento de León la solicitud para recalificar unos terrenos rústicos en Eras de Renueva comprendidos entre la carretera de Carbajal y la de Asturias con el fin de construir allí chalets. El único 'pero' es que Cándido Contreras nunca existió | Una máquina de escribir fue la clave que permitió descubrir y posteriormente juzgar un caso de corrupción que acabó llegando al Tribunal Supremo

Nacho Barrio

León

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Lunes, 30 de septiembre 2019, 12:35

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Antes de comenzar a recordar la historia es necesario destacar dos conclusiones a las que han llegado todos los consultados: lo rápido que ha pasado el tiempo (si el bolero cantaba que veinte años no es nada treinta parece que tampoco es mucho) y que la historia, que fue totalmente verídica, deja a la altura del betún a muchas novelas policiacas de la época. Dos puntos importantes para tejer un relato que se saldó con descalificaciones, pruebas caligráficas, varios juicios, una condena y no pocas horas de investigación minuciosa.

Toca remontarse al 21 de abril de 1989. Un día de primavera en el que Cándido Contreras Bravo firmó un escrito registrado en el Ayuntamiento de León en el que solicitaba la recalificación de unos terrenos rústicos en urbanizables.

La operación era cuanto menos jugosa. El 'pelotazo' suponía un beneficio potencial cercano a los 35.000 millones de pesetas por recalificar casi 300.000 metros cuadrados de terreno rústico donde se levantarían chalets a razón de quince por hectárea entre la carretera de Carbajal y la de Asturias, en el Polígono de Eras de Renueva.

La petición siguió el curso normal de tantos y tantos documentos que se registran a diario en el consistorio leonés hasta llegar a la comisión informativa de Urbanismo, ya el 24 de junio, donde se presentaron 16 modificaciones al Plan General y cuya aprobación debía ser debatida en un pleno tres días después.

Pero precisamente esas prisas que tenía el equipo municipal liderado por el alcalde independiente Luis Diego Polo (que gobernaba con el PP) comenzaron a hacer sospechar a los socialistas. Y el relato de lo que parecía una operación urbanística más, comenzó a desquebrajarse.

Un fantasma, un error repetitivo y una máquina de escribir

«En León nos conocemos todos y nos sorprendió que el tal Cándido Contreras Bravo no nos sonara de nada, era algo extraño que un desconocido fuera propietario de un terreno tan grande y eso me intrigó», recuerda Ángel Villalba treinta años después. En aquel momento, el político socialista ya retirado de la vida pública era portavoz en la oposición y, como tal, inició las pesquisas.

«Era extraño que un desconocido fuera propietario de un terreno tan grande en León, donde nos conocemos todos»

Ángel Villalba

«Pedí ayuda a un conocido mío, que era policía, para saber quién era Cándido Contreras. Me contestó al cabo de tres días para decirme que no existía nadie con ese nombre en León... ¡Ni en el resto España!», relata Villalba, que aún a día de hoy se sorprende.

De hecho, el domicilio en del tal Cándido estaba en la calle General Mola 82. Ni en León ni en Armunia, las dos localidades que contaban con calles a nombre del militar franquista, llegaba la vía a una numeración tan alta. Tocaba tirar del hilo y la siguiente pista estaba en el origen de todo. El caso del 'fantasma Cándido' no había hecho más que empezar.

En aquel documento registrado en abril de 1989 había algo extraño que llamó la atención de Ángel Villalba, los socialistas, y de la abogada Francisca Cobos, que defendió a la acusación en los juicios posteriores.

«En aquel documento mecanografiado había un error repetitivo en las letras 'l', 'i' y las tildes, un fallo muy concreto que ya habíamos visto antes», apunta la letrada.

Ángel Villalba y Juan Morano, en los periódicos de la época.
Ángel Villalba y Juan Morano, en los periódicos de la época.

Y efectivamente, así era. De aquella máquina de escribir con la que se redactó la solicitud de recalificación había salido también (con idénticos fallos) la moción de censura contra el alcalde de León José Luis Diaz Villarig, que dio lugar a la llegada de Luis Diego Polo, bajo cuyo mandato nació el caso del 'fantasma Cándido'. Este punto fue confirmado por cuatro reputados especialistas paleográficos de Oviedo, Barcelona y Madrid.

Tintes detectivescos

Como se publicaba en la prensa de aquellos días (llegando incluso a las páginas de El Correo Español del Pueblo Vasco), el asunto «adquirió tintes detectivescos» cuando la oposición comenzó a investigar quién se escondía tras del nombre de Cándido Contreras.

De esta forma, se relata que «numerosas horas de inspección en los archivos municipales dieron la pista; un acento curvo y peculiar, muy distinto al que queda grabado en el papel tras pulsar la tecla correspondiente de una máquina de escribir estándar, se repetía numerosas veces en la solicitud de modificación firmada por el fantasma».

La noticia apuntaba a que «los tenaces investigadores socialistas descubrieron que el mismo y extraño acento curvo salía de una máquina propiedad del Ayuntamiento leonés». De esta máquina había salido también el escrito para llevar a cabo la moción de censura contra el anterior alcalde, José Luis Diaz Villarig

Los socialistas obtuvieron estudios grafológicos de Grafotest (Barcelona), del doctor Pedro Floriano Llorente (Universidad de Oviedo), y del grafólogo catalán R. Torrents Botey. Todos conluyeron que las similitudes apuntaban a que el autor del documento registrado era el mismo que el que escribió el documento de la moción de censura, con una certeza del 83,7%.

La Policía Nacional elaboró un informe pericial cuya conclusión fue la siguiente: «O todos los documentos fueron realizados por la misma persona, o fueron realizados por otra que recibió el mismo adiestramiento».

«Fue una investigación durísima» rememora Ángel Villalba, que acabó descubriendo que la máquina de escribir, que estaba en aquel momento en el Matadero municipal, era propiedad del Ayuntamiento de León tras comprársela al teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Ángel Luis Álvarez, a la postre principal acusado en el caso y nombre tras el que el Tribunal Supremo entendió que se escondía el ya famoso fantasma.

El periplo judicial

Era el momento de denunciar la cuestión. Pero antes de que los socialistas llevaran sus investigaciones ante la justicia, el concejal y después alcalde Juan Morano «dio un golpe de efecto que distrajo la atención preelectoral de los leoneses», como recuerda la prensa de entonces.

El mismo día en que el PSOE exponía los resultados de sus pesquisas Morano interpuso una querella criminal contra el portavoz del PSOE. La denuncia, por un presunto delito de «calumnias y falsas acusaciones», exigía a Angel Villalba diez millones de pesetas en concepto de indemnización y solicitaba penas que podrían llegar a seis años de cárcel.

Un momento del juicio en el Juzgado de Instrucción.
Un momento del juicio en el Juzgado de Instrucción.

«No quiero hablar de personas que ya no se pueden defender por haber fallecido y con cuyos familiares mantengo una relación muy cordial», estima Ángel Villalba, que no recuerda que aquella querella tuviese más recorrido, repitiendo en varias ocasiones el respeto que debe a aquellos que, pese a formar parte de la historia municipal, «ya no están entre nosotros».

El primer juicio se resolvió con la absolución de Ángel Luis Álvarez por parte del Juzgdo Número 2 de León pese a la pena de 60.000 pesetas reclamada por la Fiscalía

El inicio de la crónica judicial

Sea como fuere, la primera parada del caso fue el Juzgado de Instrucción número 2 de León, que aceptó la acusación de falsedad en documento público pero no la de tráfico de influencias, como planteaban el fiscal y los socialistas. El juicio oral abierto acabó absolviendo finalmente a Ángel Luis Álvarez pese a la pena de 60.000 pesetas pedida por la Fiscalía.

El caso llega a la Audiencia Provincial

Pero el periplo no había hecho más que empezar. En 1991, la Audiencia Provincial de León reabría el proceso, anulando las actuaciones del Juzgado de lo Penal tras el recurso presentado por el PSOE y el fiscal.

Ángel Luis Álvarez fue condenado en 1992 a seis meses y un día de prisión menor y al pago de 60.000 pesetas de multa por un delito de falsificación de documento oficial relacionado con la recalificación de terrenos, pero absolviendo de otros cuatro delitos de tráfico de influencias.

Con la condena recurrió al Tribunal Supremo, que acabó confirmando lo dictado por la Audiencia Provincial.

¿Podría repetirse un caso similar?

Como conclusión, teniendo en cuenta que también en este caso el tiempo todo lo cura, Ángel Villalba recuerda que en las elecciones municipales del 91 «subimos un poco en apoyos, pero no lo suficiente, aunque los leoneses castigaron aquel caso». Haciendo memoria, lamenta que «la falsificación de un documento público por parte de un equipo de gobierno es algo tremendo que nos hizo ver la necesidad de tener más transparencia en la gestión pública».

«La falsificación de un documento público por parte de un equipo de gobierno es algo tremendo que nos hizo ver la necesidad de tener más transparencia en la gestión pública»

ángel villalba

Por su parte, la letrada Francisca Cobos reconoce que «honestamente fue un caso chusco, pero con un punto hasta creativo». En un 1989 en el que «no existían los controles de la actualidad», la abogada leonesa entiende que «se actuaba sin una Fiscalía Anticorrupción» en un caso «de clara corrupción urbanística por parte de personas notables de la ciudad».

«Honestamente fue un caso chusco, pero con un punto hasta creativo»

francisca cobos

El tiempo ha pasado, también para un 'fantasma Cándido' que solo vive ya en el recuerdo de un León que salió en los papeles como escenario de una novela que Agatha Christie no hubiera escrito mejor.

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