La Junta aprueba el mapa de transporte en autobús y envía a las Cortes su rebaja fiscal

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves el mapa de transporte público de viajeros por carretera que servirá de base para rediseñar el servicio que reciben los ciudadanos y actualizar las concesiones de autobús. La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, destacó la aspiración que persigue este nuevo mapa de garantizar la cobertura de transporte a todos los municipios de la comunidad, de manera que dará servicio a 1,7 millones de potenciales viajeros.

González Corral ha resaltado la apuesta por el transporte a la demanda que se centra en atender el medio rural y «es y seguirá siendo gratuito». La consejera ha señalado que se va a intensificar el uso de las líneas escolares por parte de viajeros las localidades de la ruta para ganar en eficiencia en el uso de los recursos públicos. El planteamiento de la Junta es «integrar» todo el transporte escolar en el regular, partiendo del principio de que «siempre prevalecerán las plazas escolares», en las que se desplazan estudiantes y los monitores que se encargan de su cuidado en el autobús.

El mapa aprobado este jueves es la base sobre la que se apoyará una reforma del transporte de viajero mediante autobús que tiene por delante un horizonte de diez años. El próximo paso es un anteproyecto de explotación, que reflejará los itinerarios, las paradas o el número de vehículos. Cuando se apruebe, servirá para sacar a licitación los contratos de explotación.

El rediseño de las rutas irá acompañado de una modernización de la flota de vehículos, con el empleo de combustibles más sostenibles y la incorporación de tecnología digital, como sistemas de pago a bordo sin utilizar efectivo. María González Corral ha precisado que para esta adecuación se emplearán fondos de la Unión Europea.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Rebajas Tributarias en Castilla y León, que reduce el IRPF para todos los contribuyentes al aplicar una aminoración de la tarifa para el primer tramo declarado, refuerza bonificaciones por nacimiento o para instalación de empresa en el medio rural y suprime las tasas que abonan cazadores y pescadores por las licencias. «Es un compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco que hoy se cumple», remarcó Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta.

Ahora el texto empieza su tramitación en las Cortes de Castilla y León. Una tarea que Fernández Carriedo confía en que sea ágil. La reforma del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta (IRPF) que la Junta valora en 20 millones al año (35 euros por contribuyente) tendrá carácter retroactivo a 1 de enero de 2022, con lo que será aplicable en la campaña de la declaración de la próxima primavera. Pero eso no ocurre con el resto de las medidas. Hasta que no se aprueben en las Cortes y se publiquen en el Bocyl siguen siendo inaplicables. La mayor parte de ellas estaban incluidas en el último presupuesto autonómico de PP y Cs que quedó sin aprobar por el adelanto electoral, lo que impidió que entraran en vigor.

La Junta mantiene, sin aplicar la recomendación del Consejo Consultivo de Castilla y León, dos criterios diferentes para aplicar la bonificación de ruralidad. En el caso de las desgravaciones reforzadas para residentes en pueblos por nacimiento o adopción de hijo serán aplicables para «municipios (no localidades) de hasta 5.000 habitantes». Para acceder al tipo superreducido en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por la compra de un inmueble para instalar una empresa se aplicará el requisito de localidades (no municipios) de hasta 10.000 habitantes o de 3.000 en el caso de núcleos situados a menos de 30 kilómetros de una capital de provincia.

El Gobierno de PP y Vox incluye en este proyecto de ley la supresión de uno de los dos impuestos propios que implantó la Junta en 2012, el de vertido de residuos, puesto que va a entrar en vigor uno nacional que tiene prevalencia sobre el autonómico. La Junta ingresaba 8 millones por este tributo, de cuya recaudación participan ayuntamientos y diputaciones, con lo que finalmente será dinero que no ingresen. El consejero avanzó que se articularán mecanismos de compensación.

Fernández Carriedo avanzó también que no tienen intención de suprimir el otro que queda y que abonan las empresas eléctricas por la afección medioambiental de las instalaciones de producción y el transporte de esta energía. Entiende el consejero que ese tributo «no tiene un impacto sobre los ciudadanos, empresas y pymes de Castilla y León».

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