El PSOE advierte de que un millar de cuidadores han dejado de cotizar en Burgos desde que gobierna Rajoy

El número de altas de cuidadores no profesionales de personas dependientes en la Seguridad Social en la provincia ha descendido en 954 desde que gobierna Mariano Rajoy, pasando de 1.081 a fecha de 30 de noviembre de 2011, a 127 a fecha de 31 de julio de 2014, según una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al Grupo Parlamentario Socialista, según informaron en una nota de prensa.

La secretaria de Organización del PSOE de Burgos, Esther Peña Camarero, denunció que es una consecuencia del desmantelamiento de la Ley de Dependencia y el grave deterioro del Estado del Bienestar que está generando el gobierno del PP. Con la excusa de la crisis, estamos asistiendo a un peligroso cambio de modelo que demuestra que el Ejecutivo de Rajoy desprecia a los más vulnerables, añadió.

Los datos que el Gobierno aporta en la citada respuesta revelan que la evolución de cuidadores no profesionales de personas dependientes afiliados a la Seguridad Social pasó de 172.363 en el año 2011 a 14.594 en julio de 2014.

Para Peña Camarero, el retroceso sostenido que sufre la atención a la Dependencia desde que gobierna el PP se hace evidente en los presupuestos, con 2.265 millones menos y en el número de beneficiarios, que ha descendido desde los 738.587 de diciembre de 2011 hasta los 721.512 de agosto de 2014. Además, 177.000 dependientes están desatendidos, a los que hay que añadir las 314.000 personas de Grado I, cuyo derecho a atención aún no es efectivo, por el retraso en el calendario de aplicación de la Ley.

Es necesario afirmó- garantizar de forma efectiva el derecho de las personas en situación de dependencia y analizar qué medidas son necesarias para mantener la sostenibilidad del sistema. Un sistema que, según subrayó, genera empleo y tiene un importante retorno en la creación de puestos de trabajo, sobre todo, para las mujeres.

La secretaria de Organización de los socialistas burgaleses criticó que el PP paralizó el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio; eliminó de los Presupuestos Generales del Estado la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283 millones; redujo en un 13 por ciento la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo y suprimió los dos niveles en que se dividía cada grado.

Peña también consideró responsable al Partido Popular de la rebaja en un 15 por ciento de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, de la eliminación de la cotización de los cuidadores no profesionales y de introducir la incompatibilidad de las prestaciones. Según destacó, la Administración General del Estado ha pasado de soportar el 40 por ciento del coste del sistema en 2009 a hacerse cargo del 19 por ciento en 2013, mientras que la aportación de las comunidades autónomas ha crecido, pasando del 50,8 por ciento al 62 por ciento y el copago de los usuarios casi se ha duplicado.