Derechos entre rejas

Más de 5.000 personas presas de las aproximadamente 68.500 que hay en España están en Castilla y León. Concretamente, 5.049 hombres y 369 mujeres que, una vez entre rejas, «es como si no existieran para el resto de la sociedad, como si se barrieran y escondieran debajo de la alfombra», señala gráfiamente la abogada Ana Arranz Sanz, que forma parte del grupo de letrados del Colegio de Valladolid que están en el Servicio de Orientación y Asesoramiento Jurídico Penitenciario (SOAJP) desde que se puso en marcha en 1995.

Ellos, los letrados apuntados voluntariamente a este turno, se empeñan a través de este trabajo en hacer visibles las cárceles, que siguen siendo instituciones muy herméticas, y en garantizar que se respete el derecho de defensa de quienes están pagando con días de libertad la deuda que han contraído con la sociedad y no tienen recursos para pagarse un abogado. La pauta de esta asitencia gratuita no es nueva, ni mucho menos. La marcó la pionera del feminismo español y primera visitadora general de prisiones para mujeres, Concepción Arenal, en el siglo XIX: «Odia el delito y compadece al delincuente».

Son una treintena en el turno y todos los viernes no festivos (también en agosto), de dos en dos, se acercan al centro penitenciario de Villanubla para asistir a los internos que lo han solicitado personalmente o a través de sus familias. En total, son menos de noventa los abogados que están implicados en este servicio en Castilla y León, y solo pueden entrar en los centros penitenciarios de Burgos, Palencia, Topas y Valladolid, la mitad de los de la comunidad.

Explica Alicia Alonso Merino, colaboradoradel SOAJP, que también forma parte del Foro Feminista, que es muy reducido el porcentaje de internos que utiliza el servicio de asistencia jurídica que los colegios de abogados de estas provincias ponen a su disposición, y que es «ínfimo» en el caso de las mujeres presas. Son menos de un 1% las que lo utilizan, «cuando son ellas las que más se tendrían que apuntar porque son las que están más desprotegidas; no se promociona el servicio». De hecho, en Brieva, que es una cárcel exclusivamente para mujeres, ni existe, de manera que, por ejemplo, «se expulsa a mujeres sin asistencia letrada, con absoluta indefensión», subraya Alonso.

Y es que el servicio, indican, lo pagan los colegios de abogados, no el Estado. En algunas otras comunidades autónomas, como Andalucía, la Administración autonómica sí reservaba financiación para ello pero ahora, con la crisis, se ha suprimido», indica. El Colegio de Abogados de Valladolid, por la misma causa, ha tenido que reducir mucho el porcentaje de su presupuesto destinado a la partida de justicia gratuita.

Base de datos

En realidad, no fue hasta hace seis años cuando se reimpulsó este servicio gratuito en Valladolid, «con la idea de actuar ante las demandas de los presos pues, hasta entonces, digamos que faltaba una dinámica de coordinación», señalan estas abogadas, que también son parte activa de la Coordinadora Oteando (Observatorio para la defensa y libertades, dirigido a la prevención y denuncia de la tortura, dentro y fuera de las prisiones). Insisten en que la coordinación, para el buen funcionamiento del servicio, es fundamental. Sobre todo cuando no tienen la suerte de contar, como sus compañeros de Palencia o Salamanca, con una base de datos, que les facilita enormemente el trabajo.

La principal dificultad con la que se topan estos abogados es el idioma, y más porque hay que trasladarles el lenguaje jurídico, complicado de por sí para los propios. Un porcentaje muy importante de la población reclusa es extranjera, con predominio de oriundos de Europa del Este y, en menor medida, del Norte de África. En estos casos, algunos se ayudan de otros internos que hacen de «intérpretes», aunque también hay quien ejerce la picaresca de utilizar el idioma como excusa para eludir normas y aparentar no entender.

Macroprisiones

En la macroprisión salmantina de Topas (1.183 internos), el SOAJP, que se creó en 2003, es considerado modélico y uno de los más avanzados de los cuatro de Castilla y León. De hecho, en 2009 fue distinguido por Instituciones Penitenciarias con la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario por el compromiso altruista de estos letrados. El servicio se presta en el módulo de comunicaciones familiares, de manera que no hay metacrilatos ni barreras que impidan una comunicación directa y cercana al preso.

Según refleja la memoria de 2012, este servicio, también integrado por una treintena de letrados del Colegio de Salamanca, atendió a 786 presos y 12 se quedaron en lista de espera. Realizaron un total de 910 consultas y trámites, la mayoría, de extranjeros (427), frente a 348 españoles. La mayoría de ellos, hombres con edades comprendidas entre los 26 y 55 años. Solo solicitaron asistencia 57 mujeres, frente a los 729 varones que utilizaron el servicio durante el año pasado, según la información facilitada por el vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Colegio General de la Abogacía por Salamanca, el abogado César Tocino.

El secretario del Colegio de Abogados de Palencia, Miguel Hermosa, que ha estado hasta este año en este turno especial penitenciario en el centro penitenciario de la Moraleja (Dueñas), señala que la mayoría de las consultas son realizadas por extranjeros, como ocurre en Villanubla y Topas. Son 8 letrados los que forman parte de este servicio gratuito para los 1.600 'clientes' potenciales que alberga el penal. También en parejas, van a la prisión los miércoles por la tarde, previa petición de los internos, y al mes solucionan en torno a 40 consultas. Disponen de una base de datos que les permite coordinar el seguimiento de cada caso concreto y realizan esta tarea en los módulos destinados a las comunicaciones con los letrados. Básicamente, su tarea consiste, explica Hermosa, en «escuchar al recluso, ayudarle a realizar un escrito o resolverle cuestiones jurídicas, como traslados, cumplimientos de pena en el país de origen, cambio de prisión por la situación familiar, progresiones en grado...». Si hay que realizar algún recurso, se hace dentro del turno penal del Colegio, como en Burgos.

La particularidad del centro penitenciario burgalés, señala Luis Velázquez, coordinador del SOAJP junto a Ana García Borné, es que la mayoría de las consultas que han resuelto durante el pasado año han sido realizadas por internos españoles. La prisión tiene 550 internos, y la veintena de letrados del servicio han contabilizado 1.003 consultas, 622 realizadas por nacionales y381, por extranjeros. Van los lunes y miércoles por la tarde «y les resolvemos las dudas sobre la marcha; si son recursos, se realizan en el turno corriente del Colegio, a no ser que sean asuntos de derecho penitenciario, muy específicos y con plazos muy cortos, que los hacemos nosotros».