Los agricultores que utilicen pozos tendrán que formar parte de comunidades de regantes

El Real Decreto ley de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente, aprobado el año pasado, con el objetivo de «proteger y conservar» el entorno, conlleva importantes cambios para los agricultores y ganaderos, entre ellos, que aquellos que utilicen aguas subterráneas, es decir que rieguen con agua procedente de pozos o manantiales, deberán formar parte de las comunidades de usuarios. La nueva normativa es muy estricta con las aguas subterráneas, no se podrá, por ejemplo, variar la profundidad, diámetros o ubicación del pozo, sin haber solicitado la oportuna concesión. Son algunos de los puntos que se pusieron de manifiesto una jornada sobre Derecho de Aguas, en la que María José García, abogada experta en la materia y colaboradora de la empresa organizadora CE Consulting Empresarial, destacó que las comunidades de regantes de aguas subterráneas deberán estar constituidas antes del 1 de enero de 2016. Hasta el momento «no hay mucha tradición de asociacionismo entre los usuarios de aguas subterráneas», de ahí que desde la Confederación Hidrográfica del Duero, tal y como señaló Rosa Huertas, asesora de la comisaría de aguas de la CHD, se vayan a centrar en aportar «más información sobre la nueva normativa». En las aguas superficiales, la organización de las comunidades de regantes es más sencilla, pues se ve dónde está ese agua, en las subterráneas surge la duda de dónde debe comenzar, o hasta dónde debe llegar una comunidad de usuarios, por ejemplo, el acuífero de los Arenales ocupa cientos de kilómetros cuadrados de la zona centro de la cuenca y, una única comunidad sería poco operativa. Ahora la CHD, explicó Huertas, se centra en la labor informativa y después se tomarán las decisiones sobre cómo se constituyen esas comunidades de usuarios. En este sentido, María José García, afirma que los ayuntamientos «tendrán un papal muy importante porque cuentan con los censos, saben quién tiene los pozos, dónde se ubican, etcétera».

En representación de los regantes, Ángel González Quintanilla, presidente de Ferdurero, la Asociación de regantes de la cuenca del Duero, aseguró que «están muy preocupados por la nueva normativa» porque da «potestad a los propietarios y no a los usuarios». Por su parte, Rafael Sáez, subdirector de infraestructuras Agrarias del Itacyl, recordó que en Castilla y León se han invertido 400 millones de euros en modernización de regadíos y pidió que la legislación tenga en cuenta el impacto del agua en comunidades como Castilla y León, donde la industria agroalimentaria y el sector primario dan trabajo a 100.000 personas y es el «motor» del medio rural. Confía en que las «limitaciones de la nueva normativa vengan acompañadas de medidas para permitir el uso de las aguas». El jefe de la oficina de Planificación de la CHD, Ángel González, lanzó la reflexión de que «es necesario cambiar la imagen corporativa del regadío para que se sepa que es respetuoso con el medio ambiente».

La jornada la clausuró el presidente de la CHD, José Valín, que considera que dentro de poco la Ley de Aguas española (1985) tendrá que cambiar para recoger, en un único texto, todas las directivas europeas que se han aprobado en los últimos años, «si bien es importante saber que buena parte de los principios sobre el texto de ley vigente se mantendrán». En cuanto a la constitución de las comunidades de regantes de aguas subterráneas, el presidente no duda de que «se desarrollará en los próximos años».