La actividad de Proyecto Hombre León prende de un hilo por el impago de la Junta

Proyecto Hombre León está ahogado. El retraso en los pagos pendientes de las administraciones públicas ha colapsado a esta fundación que, desbordada por los gastos derivados de la prestación de servicios y ante el retraso en las ayudas de entidades como la Junta de Castilla y León y la Diputación provincial, se ha visto obligada a iniciar un proceso de reestructuración que en septiembre podría llevar al fin de algunos servicios, fundamentalmente los vinculados a la prevención y a la rehabilitación de personas con problemas de violencia de género.

Hace dos meses que la plantilla de más de 30 trabajadores no cobra y la deuda con proveedores supera ya los 40.000 euros. Pagar la luz, el teléfono y los alimentos de los pacientes internos se hace cada vez más complicado y resisten gracias a la ayuda de las familias.

El pasado mes de julio, la Junta se comprometió a adelantar 60.000 euros de la subvención de 260.000 que destina a Proyecto Hombre y que este año todavía no se ha liberado. Ese adelanto sigue sin llegar casi un mes después de la fecha comprometida y la situación es ya crítica, según explicó el presidente del colectivo, Jorge Juan Peña, para quien la subsistencia pasa ahora por llevar a cabo una profunda reestructuración del sistema que evite depender tanto de las ayudas de la entidades públicas.

El copago es la solución planteada por la Administración regional. «Quieren ponerlo como una condición para seguir dándonos ayuda», explicó Peña, asegurando que este sistema no es viable en ningún caso porque la mayoría de las personas con dependencia a algún tipo de droga que acuden al centro en busca de asistencia tiene una situación económica crítica, empeorada por su adicción. «Llegan aquí con grandes deudas y no van a poder afrontar ningún pago», afirmó el presidente.

Proyecto Hombre León atiende a unos 600 drogodependientes, la mayoría de ellos en el Bierzo, y trabaja también con internos de la prisión de Mansilla de las Mulas. Su labor es crucial desde hace más de 30 años y nunca antes se habían enfrentado a una crisis de tal calibre. Los 200.000 euros que consiguen gracias a las aportaciones y diferentes actividades organizadas por los integrantes de la asociación y familiares les permiten mantenerse a flote, igual que la colaboración de entidades privadas como La Caixa, que a través de su Obra Social aporta cerca de 200.000 euros anuales a la causa.

Seguir por la línea de la iniciativa privada es ahora la solución, dado que los recortes de la Consejería de Familia se prevén a largo plazo. De hecho en los dos últimos años se les ha recortado un 30% del presupuesto que recibían de la Administración autonómica.

En esta situación, mantener la comunidad terapéutica y la asistencia ambulatoria se marca como una prioridad que hace necesario ahorrar en otros ámbitos. De momento tocar la plantilla de profesionales es la última opción, pero se mantiene sobre la mesa ante la imperante necesidad de ahorrar en gastos.