Exigen a la Alcaldía que fije la indemnización por el desplome de una casa

El próximo 30 de marzo se cumplirán nueve años desde que el matrimonio formado por Eusebio González y Carmen Alonso tuviera que abandonar su vivienda, ubicada en el número 16 de la calle La Merced, que sufrió un hundimiento por una posible fuga de agua de la red general. Después de nueve años, esta pareja sigue inmersa en un largo proceso judicial que «parece que nunca se va a resolver», a pesar de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora ya emitiera una sentencia favorable en la que se culpaba a la anterior empresa concesionaria del servicio de agua, Aquagest, del hundimiento.

Ante la desesperación de este matrimonio, su abogado, José Luis Anegón recordó que tras el hundimiento de la vivienda, y de otras dos casas más, «se iniciaron gestiones vía extrajudicial que fracasaron porque Aquagest responsabilizaba al Ayuntamiento alegando que la red estaba obsoleta, argumento absurdo porque llevaba nueve años de concesionaria y además un mes y medio después se produjo otro hundimiento similar de cuatro casas, en la calle Rejadorada».

Tras esta falta de entendimiento, el Ayuntamiento dictaminó, en una resolución, que la responsabilidad del hundimiento era de la empresa pero, según Anegón, «una serie de errores» del Ayuntamiento en la tramitación del expediente motivaron la presentación de un recurso por parte de Aquagest ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declaró nulo el acuerdo del consistorio. Ante esta situación, el equipo de Gobierno decide «reconducir el tema» e inicia un nuevo expediente de responsabilidad patrimonial por el que se declara culpable a Aquagest, dictamen que fue notificado a la empresa que presentó un nuevo recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora que hace un año y medio dictó una sentencia favorable al matrimonio.

Ante el fallo judicial, el abogado de la pareja ha solicitado la ejecución provisional de la sentencia, aunque Aquagest elevó un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que todavía no se ha resuelto. No obstante, como puntualizó el abogado, por el momento no se ha podido ejecutar de forma provisional la sentencia porque el Ayuntamiento no ha fijado la cuantía de la indemnización que debería percibir el matrimonio.

Aunque establecer esta cuantía, según Anegón, es un proceso que no debería dilatarse más de tres meses, el matrimonio lleva más de un año esperando a que el Ayuntamiento revise todas las facturas, por lo que criticó «su asombrosa lentitud y su falta de sensibilidad cuando incluso el Contencioso Administrativo de Zamora amonestó al Ayuntamiento por no haber cuantificado la indemnización». Esta larga espera está provocando que «la paciencia se nos está agotando», aseguró el matrimonio porque «estamos igual o peor que el 30 de marzo de 1999 cuando nos quedamos sin vivienda y esta es la familia de un pensionista que como a todos nos cuesta llegar a fin de mes».

Esta pareja no puede comprender la lentitud de la justicia porque ya han pasado nueve años y «aunque hacemos preguntas no obtenemos ninguna respuesta alentadora cuando sólo queremos saber porqué tarda tanto la Justicia en darnos una solución». Este matrimonio ha dejado claro que «no queremos palabras bonitas porque unos y otros se lavan las manos y no podemos hacer nada, sólo esperar». Esta pareja tan sólo pide que su caso «no quede en el olvido y que se acuerden de esta familia que lucha y sufre por nuestros derechos que son los de nuestra vivienda».

Desde aquel día este matrimonio ha tenido que vivir con familiares y en pisos alquilados pero no se resigna a que se resuelva su caso y pueda percibir la indemnización económica, que no curará viejas heridas pero que le permitirá pasar página.