Camacho: «La CNMV y Hacienda conocían todos los movimientos de Gescartera»

«No he cobrado ni una sola peseta ni ha podido quedar reflejado nada en ningún sitio. La CNMV y la Agencia Tributaria eran conocedoras desde 1992 de todos los movimientos de Gescartera y de la pérdida de clientes. Estaban informados perfectamente».

De este modo, Antonio Camacho Friaza, ex dueño de Gescartera, trasladó ayer al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga, por varios delitos de apropiación indebida y falsedad en documento oficial y mercantil, su inocencia por el presunto fraude de más de 50 millones de euros por el que la Fiscalía le solicita penas que suman hasta 11 años de cárcel.

La expectación por escuchar por primera vez a Antonio Camacho era patente después de que comenzase este macrojuicio el lunes 17. Pese a ello, el fundador de la agencia de valores mantuvo el eje central de su defensa en que la salida de clientes estuvo en el origen de la falta de liquidez de Gescartera, que ha afectado a unos 4.005 inversores, entre los que se encuentran particulares, empresas, órdenes religiosas, el Arzobispado de Valladolid o los obispados de Palencia y Astorga. Estas inversiones de clientes de Castilla y León superan los 2,6 millones de euros cuya intención es recuperarlos si se declara la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid Bolsa y La Caixa, las entidades que avalaron operaciones de la agencia de valores.

Camacho, que negó que el dinero con destino a renta fija fuera a parar a las cuentas de Gescartera en el extranjero, definió a los clientes 'prestamistas' como aquellos que exigían una rentabilidad fija en un tiempo determinado. El que fuera presidente del 'holding' creado en 1992, y que fue intervenido el 14 de junio del 2001 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), atribuyó las pérdidas de los inversores a que «el mercado de renta variable era un mercado con riesgo en el que a veces se producían minusvalías. La ley no obliga al gestor a reponer con fondos propios en los casos de que se produzcan operaciones fallidas», apostilló.

«Patrimonio familiar»

«¿Y de dónde sale entonces el dinero para devolver a esos clientes?», le preguntó el fiscal, a lo que Camacho respondió que parte de esos fondos procedían del «patrimonio de mi familia». En concreto dijo que había puesto a disposición de Gescartera una póliza de crédito personal en el banco HSBC por importe de 4,5 millones de euros, así como otros tres millones de euros de la sociedad Gaesco y nueve más de la empresa Brestol, vinculadas al 'holding'. En total el respaldó sumaba cerca de 19 millones de euros.

«Los clientes me entregaban el dinero y no me exigían ningún tipo de garantía. Eran personas y familiares próximas a la red comercial de Gescartera», llegó a declarar en la Sala para responder cómo era posible que confiaran en su agencia de valores con esas garantías. Antonio Camacho vinculó la crisis de Gescartera con la del petróleo de 1992. «Era antiestético y anticomercial decir al mercado que nos hemos equivocado», apostilló.

El acusado negó al abogado de la Mutualidad de Policía (Mupol) que cuando se produjeron las inspecciones de la CNMV se entrevistase con responsables de la Dirección General de Policía a los que tranquilizó mostrando un documento de una entidad extranjera donde se suponía que estaba el dinero invertido. Dijo además que los responsables de Gescartera en la oficina de Valladolid eran Javier Valenzuela, ex director general de Economía de la Junta, y José María García Tejerina.

Camacho consideró que Gescartera era solvente «aunque pasó por etapas de falta de liquidez como cualquier otra compañía». El acusado insistió al abogado de la Fundación Emilio Álvarez Gallego de Valladolid, Alberto Iglesias, que los clientes recibían información puntual de la situación de sus inversiones.

En el contrato suscrito por esta Fundación, Gescartera se comprometía a invertir el dinero en renta fija, variable y en deuda pública. Antonio Camacho dijo desconocer, pese a que se le mostró, cuál era el tipo de contrato de fecha de 30 de diciembre de 1996 suscrito como gestión de cartera de valores, y que fue firmado por Javier Valenzuela y el representante de la entidad vallisoletana, Lino Collazo.

Desestimiento

Durante la sesión de ayer se supo que una de las acusaciones particulares, la que encabezaba el letrado vallisoletano José María Tejerina Rodríguez, comunicó horas antes de la vista oral su salida del procedimiento después de varios años de instrucción. Estos afectados vallisoletanos, entre los que se encuentran Inmobiliaria Relatores 5 y Academia Castilla, se suman a la acusación del fiscal.

El letrado Francisco Llanos, que representa a Casa Ambrosio y varios particulares, mantuvo el interrogatorio más duro con el ex presidente de Gescartera para tratar de diferenciar cuáles eran las clases de contratos que la agencia hacía firmar a sus clientes, si de gestión de cartera o de financiación mediante un supuesto préstamo al 'holding'.

«No sé si Casa Ambrosio Rodríguez tenía un contrato u otro. No puedo conocer todos los contratos como tampoco si solicitó la devolución del dinero», explicó Camacho al tribunal. Camacho calificó de «préstamo usurario» al 5% el que se fijó en el contrato suscrito en el año 1999 entre Gescartera y las Hermanas Dominicas Anunciata Casa General. Esta orden religiosa reclama ahora la aportación invertida.

Según el fiscal, la sociedad a través de la cual los acusados se apoderaron y dispusieron del dinero de los inversores fue principalmente Gescartera Dinero SGD. Esta sociedad se constituyó el 5 de mayo de 1992 y de la cual Antonio Camacho era el accionista principal, controlando el 76,6% de las acciones. En esta empresa figuraba como consejero delegado.