Nuevos informes reconocen una posible relación causa-efecto entre la ceguera y el Ala Octa en Valladolid

A la izquierda la acusación y a la derecha, los letrados de los cuatro demandados. /R. JIMÉNEZ
A la izquierda la acusación y a la derecha, los letrados de los cuatro demandados. / R. JIMÉNEZ

Las pruebas periciales abren el primer jucio en la ciudad por los casos de cirugía con graves consecuencias en el Río Hortega

Ana Santiago
ANA SANTIAGOValladolid

Cinco son los casos relacionados en Valladolid con una posible toxicidad del producto Ala Octa utilizado para la cirugía de desprendimiento de retina y, con uno más en Palencia, dibujan el panorama autonómico. Hay 117 casos de 28 centros reconocidos en toda España y cientos también fuera del país. La investigación realizada por el IOBA vallisoletano determinó la contaminación del mismo que explican las graves secuelas hasta provocar la ceguera de uno o ambos ojos, según abarcara la intervención quirúrgica.

Además, dos nuevos informes médicos que se han incorporado a la causa establecen que se empleó dicho producto y una posible relación causal.

Dos de los cinco casos de Valladolid llegaron ayer a la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en una vista oral para escuchar a los peritos. Hay dos afectados que ya han acordado hace tiempo la compensación económica conSacyl de algo más de 25.000 y 60.000 euros por los daños y otro está pendiente de juicio.

El proceso judicial también aclaró que en dicha época, en 2014 y 2015, el Río Hortega empleaba otras dos marcas además del Ala Octa de la compañía alemana Alamedics. La demanda se ha interpuesto contra la Consejería de Sanidad como responsable de la cirugía, el fabricante alemán del producto Alamedics, que posteriormente quebró, Mapfre como compañía aseguradora y la distribuidora del mismo en España Wm Bloss de Cataluña.

La sesión de ayer perseguía para los demandados evitar o disminuir el coste de la responsabilidad patrimonial o de achacarla a la práctica médica.

Los peritos de los demandados compartieron la falta de consecuencias morales para los afectados y de incapacidades graves que hubieran afectado a sus trabajos e, incluso, indicaron que no constaba certificado de incapacidad de ninguno de los dos demandantes y defendieron como explicación una peor evolución de una cirugía con un éxito establecido en el 90% de los casos e, incluso, defendieron falta de vista previa al desprendimiento de retina.

En cuanto al perito designado judicialmente, su valoración fue muy contraria a los de los demandados. Así, destacó que estos pacientes sí cumplen los criterios como para establecer una relación causal con el producto retirado» dado que sufrieron sus más graves complicaciones; aunque no figure en la historia clínica; pero «hay otros informes que sí recogen su uso y desde el principio se detecta atrofia papilar y pérdida de agudeza visual. Los propios oftalmólogos –declaró– consideran que se debe al mismo» y señaló que es responsabilidad del médico poner la etiqueta del producto empleado. Primero dicen que no consta y luego en otro informe reconocen su uso. No se pueden eludir responsabilidades».