La lucha contra los 'okupas' dirige el debate en la Diputación de Valladolid

Minutos después de las diez y cuarto de la mañana de este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba desde La Moncloa lo que ya era un secreto a voces: el 28 de abril habrá elecciones generales. A esa misma hora, a 186 kilómetros de distancia, comenzaba en Valladolid el penúltimo pleno ordinario de la Diputación provincial en la presente legislatura. Lo hacía como todos los anteriores: con la aprobación del borrador de la sesión del mes pasado y con un pequeño homenaje a las víctimas de la violencia machista. Pero esta vez, a diferencia de otras ocasiones, poco había de silencio. La noticia había llegado al Salón de Plenos y resultaba una misión imposible no comentarlo con el de al lado.

La cara de desconcierto en la bancada socialista era más que evidente. Las demás formaciones políticas, por su parte, aprovecharon sus intervenciones para hacer referencia al anticipo electoral, el nuevo gobierno de Andalucía o los fallidos Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Zapatero a tus zapatos y todos a las elecciones», espetó el presidente de la institución, Jesús Julio Carnero, minutos antes de dar por concluida la sesión, que se prolongó durante más de tres horas.

Este runrún quedó relegado a un segundo plano cuando el Partido Popular, a través del vicepresidente y diputado de Empleo y Desarrollo Económico, Víctor Alonso, presentó su propuesta para combatir la ocupación ilegal de viviendas, garantizar el derecho a la propiedad y la seguridad e integridad de las personas.

Así, Alonso anunció que su partido expuso en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley Orgánica que permita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo exprés de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora». Esta medida se debe, tal y como argumentó, a la «pasividad y permisividad de los mal llamados alcaldes del cambio». «Este fenómeno ha generado la instauración de mafias de la ocupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas», insistió.

Ahora sí, un silencio atronador de adueñó de la sala. De hecho, el portavoz de Sí Se Puede, Héctor Gallego, el primero en intervenir, mostró su desconcierto por la iniciativa al no tener «nada que ver con la provincia». «No creen una alarma social. En Valladolid no hay datos de este tipo, no pueden pretender convertir la ocupación de viviendas en un delito ilegal. Muchas familias vulnerables ocupan algunas de estas viviendas y las quieren dejar en la calle», lamentó.

A pesar de la negativa de Toma la Palabra, Sí Se Puede Valladolid y PSOE, cuya portavoz, Teresa López, llegó a calificar la propuesta como «pura demagogia para buscar votos», la proposición salió adelante con los votos favorables del Partido Popular y Ciudadanos.

Otra de las propuestas que suscitó el debate entre los diputados fue la presentada por Ciudadanos para implantar nuevos sistemas de teleasistencia en la provincia, que se aprobó por unanimidad de todas las formaciones. Dicha sugerencia plantea crear una mesa técnica para instalar sistemas de teleasistencia inteligente monotorizada para aquellos ciudadanos de la provincia de Valladolid que cumplan con cuatro requisitos:ser mayores de 65 años, que vivan solos, en municipios menores de 20.000 habitantes y que padezcan algún tipo de enfermedad que requiera una atención especial. Asimismo, también se contempla una modificación de adicción del PSOE, en la que se instará a la Junta de Castilla y León a garantizar la «gratuidad» del servicio para «mayores de 80 años «en función de su situación económica y patrimonial».

No es la primera vez que la propuesta llega a la Diputación provincial, pero sí esperan que sea la última. Si no vuelve hablarse de la implantación del 4G en todos los pueblos de Valladolid será una buena noticia. Significará que los «más de cien mil habitantes» afectados por esta situación tendrán acceso a esta tecnología. Por el momento, los representantes de la institución provincial votaron por unanimidad exhortar «de una vez por todas» tanto al Gobierno como a la Junta a convocar ayudas que permitan adherirse al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación.

No obstante, si las administraciones competentes no actúan, poco más puede hacer la Diputación para solventar el problema. «Debería haber administraciones que se impliquen más en estas cuestiones. Hacer llegar el 4G a todos los municipios supone una inversión muy grande que, por mucho que queramos hacerlo, la Diputación sola no puede atajar», confirmó el diputado de Hacienda y Nuevas Tecnologías, Agapito Hernández.