Las 5.458 demandas de las cláusulas suelo de Valladolid obligan a señalar vistas para marzo de 2019

Vestir un santo con la túnica de otro no suele dar resultado. Desde que el 1 de junio de 2017 se pusiera en marcha el Juzgado 4 bis en Valladolid hasta el 30 de septiembre pasado, han entrado 5.458 demandas de cláusulas suelo y se han resuelto 1.137, según el último informe presentado por el Decanato de los Jueces vallisoletanos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con este volumen de entrada, a pesar de que se ha dedicado el Juzgado de Primera Instancia 4 a los nuevos expedientes que entran para que el bis se ocupe de los antiguos, solo uno de cada cinco asuntos se ha resuelto en el año.

De esos 1.137 asuntos que ya han sido vistos, se han puesto 859 sentencias, dictado 124 autos y 154 decretos de archivo. Pero el volumen de entrada sigue siendo alto y, a ese ritmo y con tan escasos medios, no se va a cumplir el plazo dado de seis meses más (de junio a diciembre próximo) por el CGPJ en ese plan de choque ideado para desatascar los casos que, al ritmo que va Valladolid, es imposible.

Aunque es cierto que la litigiosidad en este campo ha bajado un poco a medida que bancos y clientes han ido alcanzando acuerdos extrajudiciales, la cifra de expedientes que entran en Nicolás Salmerón sigue siendo muy elevada. Solo en septiembre han entrado 300 asuntos nuevos, mientras que en el Juzgado 4 bis, en todo el mes, se han dictado 60 sentencias y una decena de autos definitivos.

«Baste ver que en septiembre se han señalado juicios para febrero y marzo de 2019, a seis meses vista», señala el abogado Jaime Sanz, que representa a 16 clientes afectados por las cláusulas abusivas. Ha constatado, subraya, que el Juzgado 4 bis de refuerzo está completamente colapsado. Incluso, denuncia, «hay demandas presentadas el 27 de julio de 2017 que en septiembre de 2018 no estaban admitidas». No obstante, otras fuentes consultadas consideran que este sería «un caso puntual por falta de documentación o error del sistema informático», pero que los asuntos de hace más de un año estarían admitidos a trámite en su totalidad. Desde el Decanato corroboraron que «las demandas que han entrado hasta octubre de 2017 están admitidas y el juicio, señalado o celebrado».

El procedimiento de demanda arranca con la presentación del escrito por parte del letrado. Hay que aportar un poder para que se puedan ejercer las acciones y, una vez completado este primer paso por parte del usuario afectado, se emite un decreto en el que se admite la demanda. El juzgado da un plazo al banco para que conteste a la demanda, se señala fecha para una audiencia previa y en este mismo acto se fija el día del juicio. El juez dicta sentencia y, si es contraria al banco y este no paga, se abre un procedimiento de ejecución, lo que alarga el procedimiento.

El decano de los jueces de Valladolid, el magistrado Ignacio Segoviano, en sintonía con los jueces decanos de todas las provincias y la abogacía, ya advirtió en su día que, al menos para Valladolid, establecer un juzgado único provincial no era una buena idea porque iba a producirse un colapso por la avalancha de demandas que se preveía. «No es lo mismo 5.000 demandas a repartir entre todos los juzgados de primera instancia que, aunque sea mucha carga, es asumible, que 5.000 para uno solo, pero no nos hicieron caso. Y no es lo mismo un retraso de tres meses que de cinco, de media». Por eso, desde hace tiempo, se ha reclamado un tercer juez de apoyo para atender el aluvión de cláusulas abusivas. Ayer, el decano confirmaba que el Consejo ha dado el visto bueno para contar con esa tercera jueza de refuerzo. Aunque durante un tiempo seguirán siendo dos, matiza, porque la que está ahora está pendiente de destino y seguramente se marchará en noviembre a Cataluña.

«Así que se viste un santo con la ropa del otro», critican desde Comisiones Obreras. El problema del atasco, para los sindicatos, es otro. Radica, sostienen, en que los funcionarios que van de un juzgado a otro por unas horas no son suficientes para dar salida a tanta demanda, que tiene una tramitación compleja, especialmente a la hora de la ejecución de la sentencia. «En realidad es que nunca ha habido, de verdad, un juzgado provincial que se ocupe única y exclusivamente de estas demandas». Señala el delegado de justicia de Comisiones, Raúl Franco, que, aunque se reorganizó el servicio en enero pasado, de manera que el titular del Juzgado de Primera Instancia 4 se ocupara de las demandas nuevas que entraran y que el bis intentara agilizar las que ya tenía antes del 31 de diciembre, apenas se ha notado porque «los funcionarios que van al 4 bis están en prolongación de jornada, hacen cinco horas extraordinarias y, al igual que la letrada, hacen más de lo que pueden».

Sería necesario, además de un tercer juez de apoyo, «por lo menos, dos funcionarios más» porque «lo que da más trabajo es, si el banco no paga, la fase de ejecución de la sentencia, la tasación de costas e intereses». En diciembre próximo se termina la tercera fase del plan de choque del CGPJ, pero en Valladolid las vistas se están señalando con una media de medio año. «Con un juez más no se adelanta nada, porque los que están tramitando son los mismos funcionarios. Al final, son parches». Ahora, en otras provincias, apunta este sindicalista, «se están empezando a plantear empezar de cero y que las demandas caigan, por orden de entrada, en todos los juzgados de primera instancia para dar una respuesta satisfactoria, como ocurrió en su día con las preferentes». Pero es el CGPJ, indican desde los sindicatos, el que tiene que mover ficha, aunque no se espera que lo haga antes de que expire la última prórroga. Y dudan de que, en dos meses y medio, se desatasque el embudo.