Felipe González, defensor de los obreros de FASA

Tras la tempestad de septiembre de 1974 no vino la calma. Desde principios del año siguiente, la mayor empresa automovilística de Valladolid volvió a bullir a propósito de nuevas reivindicaciones laborales que, a su vez, remitían a demandas de indudable alcance político y sindical.

Mientras que en FADA, Michelín, Nicas, algunas obras de la construcción, Maggi, Monelsa, Aceites Hipesa y Coypresa proliferaban los paros parciales, FASA volvía a liderar el movimiento huelguístico. Ya en febrero de 1975, trabajadores de Montaje 1 se lanzaban a un paro de una hora como medida de presión para revisar el artículo 45 del Convenio Colectivo en su segundo año de aplicación, que implicaba una actualización del salario.

Dicho motivo, sin embargo, ocultaba en realidad una auténtica pugna sindical: frente a quienes proponían seguir empleando los cauces reglados en la representación de los trabajadores, esto es, los enlaces y jurados de empresas elegidos en las elecciones sindicales, comenzaron a proliferar los que se decantaban por las asambleas obreras, elegidas al margen de los mismos, como auténtico cauce representativo.

A finales de ese mismo mes, de nuevo Montaje 1 era noticia en El Norte de Castilla: 120 trabajadores organizaban un paro de cuatro horas en protesta por los cinco días de suspensión de empleo y sueldo impuestos a 96 compañeros que habían abandonado diez minutos antes el puesto de trabajo por estimar que ya habían realizado los vehículos comprendidos en la jornada laboral. Por ese mismo motivo, los de Montaje 2 organizaron una multitudinaria marcha de protesta hacia las oficinas de la Dirección. Las consecuencias no se hicieron esperar: el día 24, doce trabajadores de Montaje 1 fueron suspendidos de manera cautelar y dos enlaces sindicales, de empleo y sueldo.

En el mes de marzo, la Dirección General de Trabajo resolvió en sentido desfavorable a la dirección de la empresa sobre la diferencia de horarios de trabajo, lo que impulsó las demandas a favor de las 44 horas semanales; este hecho, unido a la solidaridad con despedidos y sancionados, motivaron episodios conflictivos como el paro parcial, el día 12, de 1.200 trabajadores de Carrocerías, o los no menos multitudinarios del día siguiente en Montaje 1, Entregas, Motores y Montaje 2. El paro de Motores fue respondido por la empresa con el despido de los considerados «cabecillas de la protesta»; de modo que a la altura del 15 de marzo de 1975, ya sumaban 445 los suspendidos de empleo y 85 los de empleo y sueldo; además, se les abrió expediente a 19 enlaces sindicales.

El 21 de abril, la huelga era casi total en FASA. Al día siguiente se cerró Montaje 2 y continuaron las sanciones y los despidos. Trabajadores de Montaje 1 y 'Units' iniciaron un encierro indefinido y el día 23, la dirección decidió cerrar todo el complejo a excepción de Carrocerías hasta nuevo aviso. El desalojo, por fuerzas de orden público, de los 500 trabajadores encerrados coincidió, el día 24, con la clausura de Carrocerías, con lo que «todo el complejo vallisoletano, 14.000 hombres, está en paro», informaba El Norte.

Como medida de presión, un sacerdote de las Delicias y los trabajadores Ernesto Fernández Infanzón y Luis Fernández Costilla se declararon en huelga de hambre. En aquel barrio y en Pajarillos se sucedieron acciones de protesta y solidaridad vecinal, hubo incluso una «huelga de misas» en las parroquias de Santo Toribio y la Pilarica, organizada por el clero más progresista, y una manifestación pacífica, el día 2 de mayo, de más de 1.000 personas en la Plaza Mayor, que anunciaba la reapertura de la factoría y el final de un conflicto saldado con más de un centenar de despidos por falta grave, de los que el Tribunal Administrativo aceptaría 84. Según datos de la empresa, ésta había dejado de producir un total de 21.000 coches debido a la huelga de abril.

Aunque la vuelta progresiva al trabajo se hizo sin que se firmara un acuerdo, la semana de 44 horas, con la pausa diaria reivindicada, será, de hecho, aplicada por FASA progresivamente a partir de finales de 1975. Los días 12 y 16 de junio se celebraron los famosos juicios promovidos por 42 trabajadores despedidos, que contaron con la actuación, como abogados defensores, de conocidos militantes de la oposición política al franquismo, como Juan Colino, Manuel Conde, Antonio Pérez-Solano, José María Alonso Franch, José Antonio Francés, Roberto Fernández de la Reguera, Jesús Castellanos, Gregorio Peces Barba, José Cabrero, Héctor Maravall, Eduardo del Campo, Vicente Álvarez Rubio, Leopoldo Torres y Felipe González Márquez, «supuesto secretario general del ilegal Partido Socialista Obrero Español», informaba El Norte de Castilla.

Cuando el letrado de la empresa, Luis Barco Balboa, señaló que ésta había actuado con atención y generosidad a tenor de los daños sufridos por las protestas, Felipe González, que defendía a Pedro Oyagüez Valentín, respondió manifestando su sorpresa y señalando «que la pretensión de que es benigna la sanción de empleo y sueldo por sesenta días aplicada a numerosos trabajadores produce hilaridad. Por el contrario -dijo-, el comportamiento de la empresa ha sido irracionalmente duro (). Habló también del sentimiento de frustración e indefensión que le produce contemplar cómo una misma empresa tiene una concepción de la autoridad y aplica unos esquemas completamente distintos, ante casos similares, si los hechos se producen más acá o más allá de los Pirineos. Aquí, la empresa actúa con una dureza que es causa directa de la confrontación».

Como informaba El Norte de Castilla, González incidió en la «legislación inadecuada y anacrónica, concebida para situaciones que nada tienen que ver con la dinámica social actual. La teoría del ordeno y mando aplicada por FASA es, también, la teoría de la provocación».

Estos juicios terminarían con la declaración de 24 de los encausados como improcedentes con opción de la empresa, que decidió abonar la indemnización, de 8 como procedentes y el cambio, para 30 trabajadores, del despido por la sanción de 60 días de empleo y sueldo.