La Junta es partidaria de eliminar o abaratar al máximo los peajes

La Junta de Castilla y León «no tiene las competencias para calibrar, medir y decidir sobre estos parámetros». Bajo esta premisa de la incapacidad competencial de abordar la espinosa cuestión de la liberalización de las autopistas, la Administración regional sin embargo sí ve necesario dar pasos al frente o al menos revisar la política de concesiones y peajes. Y es el Estado el que ha de mover ficha en este asunto, que ha creado una movilización social y política creciente después del caos de la AP-6 ocurrido en el fin de semana de Reyes durante la intensa nevada que cayó en la provincia segoviana.

Los cerca de 4.000 vehículos atrapados durante toda una noche y parte de la mañana en una vía de alta capacidad ha sido el detonante que ha encendido el debate sobre la explotación en régimen de concesión privada de este tipo de infraestructuras. La Junta de Castilla y León es cauta al manifestarse sobre la mejor manera de dirimir el problema. Tampoco es su negociado, como ha dejado claro el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su visita al Real Sitio de San Ildefonso con motivo de la reunión del patronato del Parque Nacional de Guadarrama.

Esa prudencia le hace al titular regional precisar y diferenciar muy mucho lo que se puede plantear y pensar «en el ámbito local o autonómico» de lo que se sopesa y desarrolla a nivel estatal, ya que desde la perspectiva nacional las medidas a tomar sobre la liberalización de las autopistas de peaje se antoja «mucho más compleja» debido a que las actuaciones se adoptan «bajo la responsabilidad global de todas las infraestructuras del Estado».

Es decir, que es fácil desear y pedir que se eliminen los peajes, pero mucho más complicado es que se cumpla de verdad el deseo y una demanda cada vez más sonora, ha dado a entender el consejero.

Pese al matiz, Suárez-Quiñones ha manifestado que el sentir de la Administración autonómica es que «todo lo que sea pagar peaje se evite en la medida de lo posible o se reduzca». Colectivos cívicos, ecologistas, sindicatos y fuerzas políticas como el Partido Socialista Obrero Español o Podemos han demandado en las últimas semanas la reversión a manos públicas de la gestión de las tres autopistas segovianas que explota Iberpistas, filial de Abertis. De hecho, este lunes 29 de enero, en virtud de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, la concesión de la AP-6, de la AP-61 y de la AP-51 tendría que haber llegado a su fin y haber pasado al Estado, esgrimen las plataformas críticas.

A este respecto, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León insiste en que es el Gobierno central el que ha de decidir. Asimismo, Suárez-Quiñones expone que la Junta se supedita al cumplimiento del mandato emanado de las Cortes regionales de instar a la Administración General del Estado para que todas las infraestructuras «reviertan de forma gratuita a los ciudadanos».

Es una forma de decir, sin expresarlo explícitamente, de que el Ejecutivo que preside Juan Vicente Herrera es partidario de la liberalización de las autopistas, o de al menos disminuir el coste de los peajes, como ya apuntara también hace unos días el secretario general del Partido Popular (PP) de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien se ha mostrado a favor de estudiar la actual política de peajes.

Por su parte, Suárez-Quiñones, hace hincapié en que la petición de suprimir el cobro por el uso de las vías de alta capacidad es «una pretensión lógica» comprensible, aunque su materialización por parte del Gobierno de la nación entraña «una complejidad».

A finales de la semana pasada, el PP de Castilla y León anunció la intención de presentar para su debate en el pleno de las Cortes autonómicas una proposición no de ley encaminada, precisamente, a instar al Ejecutivo de la nación y a la propia Junta a abordar la situación de los peajes que afectan a las autopistas cuyos trazados discurren por el territorio regional.

El Partido Popular anticipa que se han de sopesar varios asuntos, como por ejemplo las circunstancias económicas o la duración de las concesiones para ver si, efectivamente, el cobro por transitar por estas autopistas puede ser susceptible de supresión o si la mejor opción es abaratar el coste de los peajes imponiendo las tarifas más bajas posibles en cada caso.