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Policarpo Sánchez preside la asociación Salvar el Archivo.
Policarpo Sánchez propone modificar la ley para zanjar el conflicto del Archivo

Policarpo Sánchez propone modificar la ley para zanjar el conflicto del Archivo

El investigador sostiene que la reforma de la normativa de 2005 es la única vía para frenar las nuevas reclamaciones de la Generalitat catalana

Ricardo Rábade

Martes, 1 de julio 2014, 12:38

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Reformar la controvertida ley de 2005 sobre la restitución a Cataluña de los documentos que se encuentran depositados aún en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Este sugestivo reto fue lanzado ayer por el investigador salmantino y presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, respondiendo de esta forma a las últimas y explosivas declaraciones del conseller de Cultura, Ferrán Mascarell, quien aseguró que el Govern está trabajando para localizar a los legítimos propietarios de los legajos que fueron enviados años atrás a Cataluña, con el fin de entregarles a ellos esta documentación.

Sánchez subrayó tajantemente que tanto la Generalitat como el propio Ferrán Mascarell «incumplen reiteradamente las leyes y sentencias españolas referidas al Archivo», de manera que «resulta esperpéntico verles ahora reclamar su cumplimiento». Y es que«antes de pedir nada, deben devolver al Archivo de Salamanca todos los documentos que retienen indebidamente».

El investigador salmantino recalcó que el decreto que promulgó la Generalitat en 2008, para desarrollar la ley de 2005, establece que «la restitución se debe ejercer en el plazo de un año, a contar a partir del día siguiente al de la notificación del acto de identificación regulado en el artículo dos de la misma norma», o en su caso, «desde su publicación el Diario Oficial de la Generalitat». Esto supone, en la práctica, que en enero de 2013 «caducó la posibilidad de devolver los documentos» y, por lo tanto, «tenían que retornar al Archivo de Salamanca, al archivo estatal del que proceden, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional». Todo ello pone de relieve que el Ejecutivo catalán «incumple» hasta su propio decreto.

El presidente de esta asociación no dudó en afirmar que la Generalitat, en lugar de reintegrar estos fondos, «anuncia un nuevo plazo para buscar los propietarios, y así seguirán indefinidamente, puesto que pertenecieron a entidades desaparecidas en 1939».

En este sentido,«nadie vendrá a reclamar ni la Generalitat encontrará a los propietarios de los documentos de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura o los Amigos de la Unión Soviética», colectivos que se esfumaron con el cruel paso del tiempo. Lo único que subyace es, según Sánchez, «una mera maniobra» del Govern para quedarse con los documentos.

El pronóstico de este investigador apunta a que, mientras siga vigente la actual ley, «habrá un conflicto permanente con la Generalitat, porque Artur Mas y Mascarell pedirán más y más». La reforma de la citada norma legislativa permitiría a los particulares catalanes solicitar sus documentos «sin la tutela de Cataluña» y de forma directa al Estado. En este sentido, «se ganaría la batalla de la opinión pública catalana, puesto que no se estaría negando a nadie su derecho», pero también evitaría nuevas salidas de fondos del Centro Documental de la Memoria Histórica. Por todo ello, Sánchez instó a los diputados y senadores salmantinos a «impulsar» esta reforma, con el fin de poner punto final al interminable conflicto de los papeles de Salamanca.

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