«La supresión de más de mil jueces sustitutos es un ERE en toda regla»

Miguel Ángel Martín Maestro trabaja en la tercera planta del edificio de los Juzgados de Valladolid. Titular del Juzgado de lo Penal número 3, es miembro de Jueces para la Democracia desde 2005 y en noviembre del pasado año se estrenó como coordinador de esta asociación en Castilla y León. Mañana y pasado mañana va a ser el anfitrión, en el Olid Meliá de Valladolid, del comité permanente de la AJD (no le gusta que se le ponga el calificativo de «progresista», hay que acabar con la distinción, sostiene, a pesar de que la Asociación Profesional de la Magistratura, la «conservadora» ya se ha desmarcado de la huelga convocada para el día 20 de febrero). Los representantes autonómicos se ocuparán de preparar el próximo congreso nacional y pulir su estrategia ante la gran reforma judicial de Gallardón.

Pero, frente a los grandes titulares de la política judicial, está el día a día de los juzgados, y eso es harina de otro costal: Miguel Ángel Martín mira hacia el libro de señalamientos de su juzgado: tiene vistas fijadas hasta el mes de enero de 2014. «Acumulamos retraso tras retraso: estamos citando para enero y febrero de 2014 así que, cuando les llamamos, los interesados creen que se trata de un error, que nos hemos confundido de año», ironiza. Esta es la justicia real.

Sobrecarga laboral, y a partir de ahora, sin jueces sustitutos.

Es un ERE encubierto, hay gente que lleva muchos años y con preparación suficiente. Esos más de mil jueces sustitutos podían poner 400 sentencias cada uno al año, quitaban una carga muy importante de trabajo. El Ministerio quiere que nos lo repartamos, pero es que los demás ya estamos poniendo resolución tras resolución a destajo. Y lo que va a significar es que se va a acumular retraso tras retraso en lo Penal, lo Social y lo Contencioso, con más de un año de retraso. En lo Social se ha aprobado un refuerzo, un día a la semana, y aquí hemos pedido un día al mes.

Mientras esta es la realidad de los juzgados, ¿ en las altas esferas del Poder Judicial se teoriza, se discute del sexo de los ángeles?

Entre los altos órganos judiciales y los juzgados de base, en España, no hay conexión. Tal vez porque hace mucho tiempo que dejaron la instrucción, o porque nunca han pasado por un órgano jurisdiccional. La reorganización sí que puede ser necesaria, pero si se mira la ratio juez por habitante en España, un juez por cada diez mil habitantes, sigue siendo menor que la media europea, que está en 6.000. En Alemania nos cuadruplican en número de jueces.

Pero Gallardón afirma que con la ley de tasas los jueces tendrán menos trabajo porque va a bajar la litigiosidad.

Si esa es la inspiración de la Ley de Tasas,... En realidad es cargarse la justicia gratuita por esa vía. Hemos retrocedido 25 años, porque en 1984 se eliminaron las tasas, y se recuperaron en 2007 para las sociedades, y ahora se extiende a todo el mundo. No me parece aplaudible que se vinculen las tasas a la justicia gratuita.

¿Cual es el aspecto de la reforma que más cuestiona la asociación que representa?

Ha abierto tantos frentes... Y creo que esto tiene un objetivo, no es ocasional ni se hace sin pensar: al poder político siempre le asusta un poder jurídico independiente que no pueda controlar. Trata de desactivar el CGJP, que es verdad que ha funcionado mal, pero lo quieren convertir en una subsecretaría del Ministerio de Justicia. Se intenta controlar a los jueces.

¿Cómo se ven desde este despacho los casos de corrupción que están aflorando?

Tenemos un problema de medios abismal en la lucha contra la corrupción. Cuando se consigue abrir una investigación te enfrentas a despachos de abogados, economístas, asesores financieros...Tu puedes saber de derecho, pero de economía y finanzas no sabes...Hay que pedir pruebas en el extranjero. Si el caso cae en la Audiencia Nacional, bien, pero en un juzgado...Y luego la gente no puede entender que se tarde diez años en terminar la instrucción. Lo que falla en España son los órganos de control institucionales, que no han sabido hacer su trabajo, no la Justicia: el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, el propio CGPJ con el caso Dívar. En general funciona mal el país, no solo la Justicia.