El constructor Martínez Núñez y tres personas más, condenados por la 'guerra del hormigón'

La denominada 'guerra del hormigón', una pelea por el control de los suministros de este material en El Bierzo entre los empresarios Martínez Nuñez y Gumersindo Castro, ha llegado a su final. La Audiencia de León ha dictado una sentencia que anula la absolución promulgada por el Juzgado número 2 de Ponferrada a favor de Martínez Núñez y otras tres personas. A todas las acusó Castro de dañar sus bienes como forma de coaccionarle para que no vendiera hormigón en la citada comarca leonesa.

El fallo de la Audiencia condena a Martínez Núñez, a los detectives Timoteo y José Manuel Pintado, y a José Villanueva como autores responsables de un «delito continuado de daños», y les impone el pago de 431.507,71 euros a Gumersindo Otero y de 111.059,61 a las tres compañías de seguros que se hicieron cargo de los desperfectos que sufrió la maquinaria atacada por los condenados. En total, 542.547,32 euros. La Audiencia sí absuelve a Gustavo Alonso Melcon, en contra de la petición del fiscal y de la acusación particular.

La denominada 'guerra del hormigón' tuvo lugar a finales de la década de 1990. Tal y como relata el pronunciamiento judicial, en esa época se produjo una gran expectativa de demanda ante la construcción de la Autovía del Noroeste. Castro, un empresario radicado en Astorga, pretende instalar en El Bierzo una planta de hormigón, pero tan pronto da los primeros pasos es visitado por un empleado de Martínez Núñez que en ese momento monopolizaba prácticamente el suministro de hormigón en la comarca berciana, quien le aconseja que ponga la fábrica «más allá del Manzanal». La circunstancia se repetiría poco antes de que la planta entrara en funcionamiento.

El tribunal encuentra determinante para condenar a los acusados una carta de uno de los supuestos implicados. En ella, Rafael Wolfran, ya fallecido, relata a su viuda cómo participó en los sabotajes y en la comisión de los daños a la empresa de Castro, e incluso llega a sugerirle que chantajee a los hermanos Pintado por el destrozos de camiones y de la carpintería que posee en Astorga Gumersindo Castro. Para el tribunal, la carta tiene todo el valor probatorio por cuanto aporta un dato relevante: Wolfran narra en ella un hecho por el que se condenó a uno de los hermanos Pintado, y lo hace antes de que se le imputara nada.

Para los magistrados, «la autenticidad de la carta y la veracidad de su contenido [...], constituye un hecho base suficientemente sólido para concluir que los hermanos Pintado Palomo, inducidos por el acusado José Martínez Núnez, encargaron a Rafael Wolfran la ejecución material de los hechos».

Wolfran perpetró los delitos junto con José Villanueva González, en cuyo domicilio se encontraron, entre otras pruebas, «un par de botas de tipo militar cuya suela presenta enormes similitudes» con las huellas encontradas en varias de las plantas saboteadas.

Finalmente, para el Tribunal es muy significativo que el 13 de julio de 1999 se reunieran Martínez Núñez y Castro para pactar precios y repartirse el mercado y desde ese momento «nadie volviera a atentar contra los intereses de Gumersindo Castro, circunstancia que es un indicio más».