El Ayuntamiento controla 21 operaciones de venta de VPO de segunda mano para evitar fraudes

Se acabó vender una vivienda protegida bajo cuerda. Adiós a los sobres en negro. El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), controlará por tercer año consecutivo las operaciones de transmisión de pisos de VPO de segunda mano en el municipio. Fue en octubre de 2008, tras la dura polémica por las adjudicaciones en Villa de Prado, cuando el alcalde anunció que el Consistorio ejercería el derecho de tanteo y retracto sobre las casas a precio tasado que se habían levantado en parcelas municipales y que se pretendieran enajenar. Nada de negocios con el suelo público, se advertía entonces.

Sin embargo, esa primera idea de utilizar el derecho preferente del Ayuntamiento para adquirir las viviendas y luego darles salida se desechó, ya que exigía contar con un presupuesto municipal para comprar, además de que conllevaba el pago de impuestos dobles sin posibilidad de deducción o repercusión. Finalmente, se optó porque personal de VIVA estuviera presente en la firma de los contratos para controlar toda la operación y evitar el fraude.

Desde 2010, año en que se puso en marcha este protocolo, VIVA ha intervenido en once operaciones entre vendedor y comprador y ultima el proceso para fiscalizar otras diez transacciones durante el presente ejercicio. El objetivo es doble. Por un lado, que los pisos sean adquiridos por personas que cumplen los requisitos para vivir en una VPO, ya que deben estar inscritos en el Registro de Demandantes de Castilla y León. En segundo lugar, que el precio se ajuste a lo tasado, aunque actualizado al modulo vigente en el año en que se registre la compraventa.

A diferencia del sistema utilizado para las viviendas de nueva planta, en el que se hace un sorteo por promoción tirando del registro y se agota cuando se seleccionan todos los compradores de la misma, en este procedimiento la vigencia es anual.

El pasado 3 de febrero VIVA realizó el sorteo sobre las 9.344 personas interesadas en una vivienda de protección en la capital y el próximo 2 de marzo finaliza el plazo para presentar la documentación para hacerse con una de los diez pisos que, a día de hoy, están en venta en seis planes parciales. Sus precios oscilan entre los 129.126 euros que se piden por una vivienda de 65 metros cuadrados con garaje y trastero en Canterac y los 172.310 por 89 metros cuadrados en la calle San Millán de la Cogolla, en el barrio de Villa de Prado.

Los notarios avisan

Según aclara Alonso, se pueden dar dos situaciones. La primera es que el 'llamado', según el orden del sorteo, decida comprar uno de los pisos ofrecidos. En ese caso, se prepara el contrato de compraventa por la Sociedad Municipal y se firma entre comprador y vendedor con la presencia de un representante de VIVA para asesorar sobre el precio máximo de venta y régimen de protección. La segunda es que no quiera ninguna de las que se ofrecen. Si sucede esto, se le coloca en el último lugar de la lista y se procede a llamar al siguiente.

El procedimiento, matiza el gerente de VIVA, es abierto porque los que se inscriben en el registro con posterioridad a la celebración del sorteo, pueden incluirse en el listado anual, aunque en las últimas posiciones

¿Hay alguna forma de escapar a este control? En principio, no. La Junta de Castilla y León, encargada de autorizar la venta, realiza una comunicación oficial a VIVA. Por otro lado, un convenio firmado con el Colegio de Notarios les obliga a comprobar si el comprador de una VPO de segunda mano que quiere escriturar la transmisión es el que ha salido del procedimiento de selección realizado por el Ayuntamiento de Valladolid.

Hasta el momento este protocolo de control se ha saldado con once ventas de viviendas, todas ellas en Villa de Prado, el barrio que más interés despierta. En otros, como Campo de Tiro o Parque Alameda está costando más darles salida. VIVA obliga al vendedor a acogerse durante un año al sistema. Luego, puede enajenarla personalmente. En ese caso, el control sobre la transacción es competencia de la Consejería de Fomento.