Aprobada la revisión de oficio de la licencia concedida a la casa del portavoz del PSOE

La reactivación del proceso de revisión de oficio de la licencia concedida al portavoz socialista, Lorenzo Rodríguez, para la construcción de su vivienda, centró el debate del pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Toro. El portavoz del equipo de Gobierno popular, Ignacio Toranzo, justificó esta revisión de oficio en que «el Ayuntamiento no puede permanecer impasible ante la evidencia de la existencia de una licencia con carácter provisional que, según los informes técnicos, adolece de múltiples vicios».

Subrayó que la licencia provisional no puede dar cobertura a construcciones permanentes, que fue concedida para un proyecto que cuenta con el visado negativo del Colegio Oficial de Arquitectos de León, que fue otorgada sin ser informada por el arquitecto municipal, que fue concedida sin desarrollar previamente la Unidad de Actuación o que «se pretendió un cambio en el sistema de gestión, trasladando la iniciativa urbanizadora al Ayuntamiento, aún a pesar de que el señor Linares era el propietario del 91 por ciento de la Unidad de Actuación».

Toranzo indicó que el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico en ningún caso otorga «amparo legal a la obra realizada, habida cuenta de que no puede modificar los sistemas generales del Plan General». Toranzo añadió en su exposición que el portavoz socialista «no ha obtenido las preceptivas licencias de obras y de primera ocupación, por lo que no ha pagado las tasas correspondientes a esos actos administrativos».

De la misma forma, denunció públicamente que Rodríguez Linares «no liquidó el correspondiente Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, equivalente al cuatro por ciento el valor del proyecto», aunque también criticó que «no declaró en la oficina del catastro el valor real de su vivienda hasta el ejercicio del 2007», lo que ha supuesto, según Toranzo, «que durante diez años estuviese pagando nueve euros en concepto de IBI como si de un solar se tratase, en lugar de los casi 600 que le corresponden».

El portavoz popular cerró su intervención asegurando que «no quiere dejar este grupo municipal de señalar que todas las irregularidades constatadas en el expediente no pudieron haberse realizado sin la connivencia de las autoridades municipales entre los años 1995 y 1998. Es necesario resaltar que durante ese periodo, en el que tuvieron lugar todas las irregularidades acreditadas, el interesado pertenecía y era un destacado militante de la dirección de la agrupación socialista de Toro, partido que gobernaba en la ciudad».

Con garantías

La concejala socialista Ángeles Medina fue la encargada de argumentar el voto negativo de su grupo a esta revisión de oficio y en primer lugar destacó que «Lorenzo Rodríguez está encantado de que se pida el informe al Consejo Consultivo porque le ofrece las garantías que no ha tenido en este Ayuntamiento en su forma de actuar, y porque a partir de ahí se abrirá la posibilidad de que el asunto llegue a los tribunales y salga finalmente del control del Ayuntamiento». No obstante, Medina exigió al equipo de Gobierno que «si se lleva el asunto al Consejo Consultivo queremos que se haga aportando el expediente completo», aunque también dejó claro que el portavoz socialista «desea» que el paseo del Canto «se lleve a cabo cuanto antes porque será bueno para la ciudad y sin duda también será bueno para él y su familia».

Medina también reiteró que «la obligación que ahora se le exige a Lorenzo Rodríguez la asumió el Ayuntamiento por acuerdo unánime en un pleno de 27 de febrero de 1996».

Este acuerdo respondía a un escrito presentado por el portavoz socialista para solicitar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el que se especifica literalmente que la petición conlleva el compromiso de quien suscribe de la cesión de los terrenos referidos para la constitución de los espacios libres de uso público que se dispongan al sur de mi parcela, en el preciso momento de la ejecución de la urbanización de dichos espacios, sin perjuicio de uso y disfrute por este propietario, hasta tanto no se lleve a cabo la citada urbanización».

Medina recordó que la obligación de urbanizar es del Ayuntamiento, no del propietario.