El juez Garzón dicta prisión incondicional para 17 de los 23 detenidos de Batasuna

El juez Baltasar Garzón, a petición de la Fiscalía, encerró este domingo en prisión por pertenencia a banda armada a 17 de los 23 dirigentes de Batasuna arrestados el jueves pasado en Segura (Guipúzcoa), que fueron sorprendidos mientras participaban en una asamblea clandestina para definir la estrategia de apoyo político y social a ETA tras la ruptura de la tregua.

El magistrado, también de acuerdo con los fiscales, permitió eludir la cárcel tras el pago de una fianza de 10.000 euros a los dos responsables franceses de Batasuna presentes en la reunión, Haizpea Abrisketa y Jean Claude Aguerre, así como al dirigente local de Segura Egoitz Apaolaza, que en las pasadas elecciones formó parte de la lista de ANV anulada por el Tribunal Supremo en la localidad guipuzcoana. La cuarta fianza, de 24.000 euros, es para el miembro de la Mesa Nacional, Francisco Urrutía. La lista de 23 se completa con Iban Berasategi y Xabier Albizu, vinculados a la izquierda 'abertzale' en Segura y presentes en la reunión, que ayer quedaron en libertad provisional por orden del juez.

Entre los 17 independentistas encarcelados figuran los principales dirigentes del partido ilegalizado, con Joseba Permach a la cabeza, que, según la investigación policial, constituyen el núcleo duro que se disponía a revitalizar la formación y a tomar el relevo a dirigentes más proclives al diálogo como Arnaldo Otegi, en prisión desde junio.

Además de Permach, en la lista de los catorce miembros de la Mesa Nacional encarcelados están el otro coordinador, Rufino Etxebarría; el jefe de comunicación, Juan José Petrikorena; el responsable de organización, Imanol Iparraguirre; los máximos responsables en cada territorio: Ana Lizarralde (Vizcaya), Ángel María Elkano (Guipúzcoa), Asier Arraiz (Álava), y Juan Cruz Aldasoro (Navarra); así como varios miembros del sector más duro vinculados a EKIN, el presunto brazo político de ETA.

El ingreso en prisión afectó también a otras tres arrestadas el jueves que, aunque no forman parte de la Mesa Nacional elegida en el 2006, han desempeñado un papel importante en los movimientos realizados en los últimos meses por Batasuna. Una de ellas es Arantxa Santesteban, una de los seis miembros del equipo que negoció con los partidos políticos durante la tregua. Las otras dos son Tomasa Alejandro y Maite Fernández Labastida, que jugaron un papel protagonista en el impulso de las listas electorales sucesoras de Batasuna, que fueron anuladas por Supremo.

Riesgo de reincidir

Garzón considera que los 17 deben entrar en prisión preventiva porque están acusados de un delito muy grave, integración en banda terrorista; porque existen indicios que apuntan a un alto riesgo de fuga; y, sobre todo, por la alta probabilidad de que los arrestados volviesen a reincidir en el delito si quedasen libres.

Ocho de estos detenidos, todos ellos procesados ya por integración en banda armada en varios sumarios del entorno de ETA, fueron enviados a la cárcel también por quebrar su actual situación de prisión preventiva, ya que cometieron una reiteración delictiva al violar la suspensión de actividades del partido.

Garzón acordó las medidas cautelares después de interrogar durante tres horas y media a los 23 arrestados en su despacho de la Audiencia Nacional, entre las doce del mediodía y las tres y media de la tarde. Los dirigentes detenidos llegaron a la sede judicial en varios convoyes policiales, protegidos por fuertes medidas de seguridad, desde la sede de la Comisaría General de Información en Canillas (Madrid), donde habían permanecido encerrados desde el viernes.

Por «los papeles»

Todos los sospechosos, asesorados por un equipo de seis abogados liderado por Jone Goirizelaia y Kepa Landa, se negaron a declarar ante el magistrado, con la única excepción de los dos vecinos de Segura a los que el juez dejó en libertad provisional más tarde. La situación fue similar a la vivida unas horas antes en la comisaría de Canillas, donde los detenidos tampoco quisieron colaborar en los interrogatorios. No obstante, ni el juez ni la Policía Nacional se preocuparon demasiado por los silencios, ya que consideran que la abundante documentación que les incautaron en la reunión clandestina y en los registros de sedes y domicilios es «suficiente» para probar su implicación delictiva. «Les tenemos pillados con los papeles», indicó un agente.

Los documentos incautados a los detenidos, especialmente a los dirigentes de EKIN, indican que Batasuna se había plegado a una triple estrategia diseñada por ETA para tener cobertura social a su vuelta a los atentados. Por un lado, se trataba de movilizar a los presos etarras y a sus familias; por el otro, de multiplicar los actos de violencia callejera; y, en tercer lugar, de establecer desde Batasuna una línea de dureza política que permita la no condena de los ataques, acabe con la desmovilización de sus bases, y difunda que la negociación no es posible por culpa del Gobierno.

Algunos de los documentos requisados versan sobre estrategias comunes de Batasuna con el PCTV y, en menor medida, con ANV. Varios de los escritos del partido ilegalizado, no obstante, critican algunas actitudes de los líderes del PCTV, que no siempre están dispuestos a aceptar las estrategias de Batasuna.

Autobús calcinado

Mientras, los actos de violencia callejera continuaron durante la noche del sábado y el domingo. En Gorliz (Vizcaya), un grupo de encapuchados prendió fuego a un autobús a plena luz del día, lo que provocó daños materiales valorados en 200.000 euros, según el departamento de Transportes del gobierno vasco.

La noche anterior, los violentos lanzaron artefactos incendiarios contra varios cajeros bancarios en el barrio bilbaíno de Santutxu, en los que causaron desperfectos; y cruzaron y prendieron fuego a varios contenedores de basura en el casco viejo de la ciudad.

También esa noche, dos entidades bancarias y la sede de la UGT en la localidad navarra de Alsasua fueron atacadas con botellas incendiarias.