Sábado de resurrección comunista

Era la bestia negra de la dictadura, el enemigo a batir, la diana favorita de las autoridades franquistas. «La hidra marxista», repetía la propaganda del Régimen. Cuando aquel Sábado Santo Rojo la ciudadanía se despertó con la noticia de que el Partido Comunista de España había sido legalizado, buena parte del Ejército montó en cólera. Era el 8 de abril de 1977. «Ése no era el pacto», cuentan que le recriminaron a Adolfo Suárez, presidente del Gobierno desde el mes de julio del año anterior. Pero no había tal acuerdo: «Suárez les dijo a los militares que no legalizaría nada que no fuera posible», recordaba Fernando Abril Martorell, «ninguna organización que no cumpliera los requisitos necesarios () Los generales entendieron que el PCE no los cumplía y se quedaron tranquilos». Adolfo Suárez les había ganado la baza.

Aquella fue una decisión tan polémica como crucial, pero también, en el fondo, esperada. Juzguen si no lo que decía el editorial de El Norte de Castilla de 5 de abril de 1977, tres días antes de la histórica decisión de Suárez: «Mantener al Partido Comunista en esa semiclandestinidad significaría, por de pronto, seguirle ofreciendo la que quizá es su mejor plataforma de propaganda y, además, privarse de la posibilidad de un más eficaz control de la sumisión de este Partido a la ley pública, es decir, su aceptación del juego democrático que ahora figura en sus programas». Además de advertir de la pésima imagen exterior que tendría la democracia española en caso de no proceder a la legalización del PCE, El Norte sostenía que era «necesario comprobar si todo lo que dice ahora el Partido Comunista es luego verdad, si repudia a Moscú, si acepta la democracia, si es independiente de la disciplina soviética, si es cierto que militar en él no supone aceptar el materialismo ateo».

Confiados en su positivo impacto en las urnas, cuando en febrero de 1977 vio la luz el Decreto Ley de Asociaciones Políticas que permitía la inscripción de partidos en el Ministerio de la Gobernación, los comunistas presionaron intensamente para obtener la legalización. A esas alturas, los militantes del PCE de Valladolid, como en la práctica totalidad del país, atesoraban una acreditada trayectoria de lucha antifranquista; era, de hecho, el único partido político que había mantenido un combate constante contra la dictadura. Aquel sábado santo de 1977 fue, para sus militantes, el día de su resurrección política legal.

Historia y emoción

«Teniendo en cuenta que la noticia de nuestra legalización nos cogió un poco de sorpresa, tratamos de movilizar a la gente para hacer acto de presencia en la calle. Era un momento histórico y emocionante para nosotros. A las diez de la mañana del domingo nos habíamos reunido sesenta militantes en la sede provisional del partido para salir a la calle con el material que teníamos o el que se había ido haciendo sobre la marcha. La respuesta de la gente de Valladolid, en general, fue formidable, con el lógico asombro de ver que el P.C. había salido a la calle y daba muestras de» su alegría», confesaba un representante del Partido vallisoletano a El Norte de Castilla.

En efecto, aquella mañana, los 60 comunistas recorrieron el trayecto desde la Plaza de España hasta la Plaza Mayor repartiendo cuartillas propagandísticas, empuñando pancartas reivindicativas y cantando La Internacional. Aquellos jóvenes se sabían al dedillo la historia de desdichas que atesoraban sus camaradas, las terribles «caídas» de los años 40, que se llevaron por delante a militantes como Fabriciano Rogel, Domingo Rodríguez, Mariano El Pescadilla, Domingo Somoza, Santajuliana, Castro y Chicote; la reconstrucción de 1954, liderada por Armando del Tío Franco, Marcos de Celi y Audomaro Marbán; la labor, ya en los 60, de hombres como Benedicto de Blas, el citado Armando del Tío Franco, Santiago Rubio, Andrés Medina, Guillermo Díez y Francisco Rodríguez, impulsores de CC OO con la complicidad del clero progresista de la ciudad; y, desde luego, la explosión militante de los años 70, alentada por las huelgas de FASA y de la Construcción, así como por la lucha universitaria.

«En una hora se vendieron mil ejemplares de Mundo Obrero y carteles con la imagen de Santiago Carrillo, y otros pidiendo la legalización de todos los partidos fueron extendiéndose por calles y plazas, eso sí, colocados en tapias y vallas y procurando en todo momento no estropear la fisonomía no demasiado atractiva de la ciudad», señalaba el decano de la prensa

Tres días después de la legalización, el PCE dio su primera rueda de prensa legal para presentar públicamente la composición del Comité Ejecutivo Provincial. Lo formaban César de Prada Moragas, Ángel Martínez de Paz, Luis Herrero de la Fuente, Antonio Gutiérrez Vergara (futuro secretario general de CC OO), Heliodoro Camisón Valencia, Ángel Cristóbal, Javier Fernández, Antonio Martínez, Benedicto de Blas, Javier Puertas Díez, Carmen Varela, Natalio Pintado Rodríguez, Andrés Medina López, Eduardo Ocaña, María Isabel Merino, Víctor Cubero, Santiago Rubio Díaz, Ángel Nieto, Pascual Felipe Fernández, Carlos Crespo, José María Sarmiento y Félix Peñalba. Como responsable de la Unión de Juventudes Comunistas figuraba Juan Manuel Martín.

En un comunicado hecho público ese mismo día, solicitaban la legalización de todos los partidos políticos, la amnistía total para los presos políticos, la libertad sindical sin cortapisas y la aprobación de los derechos de reunión, expresión y manifestación. El líder provincial, César de Prada, anunció que desde ese momento, liberados ya de la clandestinidad, los comunistas de Valladolid actuarían «a cara descubierta porque no tienen nada que ocultar». De hecho, esa misma tarde, un grupo de militantes recorrió las calles en un coche, con un megáfono y una bandera roja, invitando a los vallisoletanos a conocer el PCE. En el barrio de las Delicias organizaron una fiesta popular y ofrecieron sangría a los viandantes.

En esos momentos, el Partido contaba con 600 militantes en la ciudad, divididos en dos bloques, según El Norte: jóvenes entre 20 y 30 años, y veteranos. «Las inscripciones en el primer día hábil de su legalidad han superado las treinta, una de ellas, de una señora de 66 años. Esperan llegar a las elecciones con 2.000 militantes», apuntaba el periódico.