Valladolid desentraña un complejo engranaje piramidal con 15 sociedades ficticias

A cambio de dar la cara y llevar a buen puerto la transacción, los ‘compradores’ –generalmente, personas en graves dificultades económicas, e incluso, indigentes– recibían una pequeña cantidad en metálico en el momento o un porcentaje del botín, después de que la cúpula de la organización criminal, a través de peristas o intermediarios, colocaran los bienes estafados en el mercado y obtuvieran beneficios. Estos no están cuantificados.

No siempre lo consiguió y hubo varios intentos abortados por el sexto sentido de los vendedores o la alerta de la propia Policía, pero el grupo criminal logró estafar, según revela el escrito de acusación de la Fiscalía, no solo a la Seguridad Social, sino a unos 60 establecimientos de las provincias de Valladolid, Burgos, Ávila, León, Palencia, Lugo y Madrid. También a un puñado de compañías ‘on line’ dedicadas al préstamo rápido de dinero.

La mayoría de las tiendas escogidas para el fraude están ubicadas en centros comerciales y grandes almacenes. Financiaron con los documentos laborales falsos (también, declaraciones de IRPF) fabricados por M. A. M. D. varios turismos, una motocicleta de marca japonesa, teléfonos móviles, videoconsolas, videojuegos, ordenadores y diverso material informático, televisores, cocinas, muebles y material de bricolage, ropa, alimentos y servicios. La suma de indemnizaciones que reclama la Fiscalía a los acusados, de forma solidaria, por las compras de productos con financiación obtenida mediante las nóminas falsas asciende a casi 437.500 euros.

Las nóminas procedían de empresas ficticias como Asesores Técnicos del Duero Sl, con una actividad declarada de «intermediarios de comercio», con sede en el barrio de Las Viudas, en el domicilio particular de una de las testaferros de la organización y varios miembros de su familia, todos amigos de uno de los lugartenientes del cerebro de la trama. Figuraban dados de alta en esta sociedad ficticia hasta 62 trabajadores entre 2012 y 2013.

También emitió documentos laborales falsos La Pipoka, administrada por Y. D. M. y con domicilio social en Villanubla, dedicada a la explotación de un negocio de hostelería. Esta empresa tenía actividad real, pero se utilizó para dar de alta ficticia, al menos, a cinco de los acusados. Otras sociedades figuraban como entidades sin ánimo de lucro, pero dieron de alta a más de 50 empleados de manera fraudulenta, como la Asociación Gastronómica El Don. Esa empresa, constituida en 2010 por la cúpula del grupo criminal, no existía laboralmente, pues no tenía infraestructura, centro de trabajo, domicilio, ingresos, ni pagaba salarios, pero sus nóminas sirvieron para las compras fraudulentas y defraudar a la Seguridad Social.

La mayoría de las 15 sociedades fantasma tienen su sede social en el Pasaje Gutiérrez, como North African International Bussines Company SL, con M. A. M. D. de administrador único. Entre todas ellas dieron de alta al menos, a unos 70 trabajadores, que cobraron el paro sin trabajar, casi todos ellos, relacionados entre sí por vínculos familiares o de amistad. En una de las sociedades ficticias se da el caso de que el administrador único que figuraba estaba preso en el centro penitenciario de Valladolid.

Reincidencia

El ejecutivo que figura como supuesto cabecilla de la organización no es un desconocido para la Policía ni tampoco para los juzgados. Sobre él, como sobre otros colaboradores suyos, pesan condenas firmes. De los 65 acusados en la macrocausa, 23 de ellos tienen antecedentes penales por fraude, usurpación, robo o tráfico de drogas, incluso por violencia de género, aunque los historiales delictivos no relacionados con las estafas no computan para la actual causa, precisa el ministerio público. M. A. M. D. fue condenado por el Juzgado de lo Penal 1 de Valladolid en 2011 como autor de un delito de falsedad en documento mercantil, aunque la pena de 6 meses de prisión fue sustituida por una multa de 12 meses. también E. M. B fue condenada por estafa en 2014 por el Juzgado de lo Penal 4 a dos años y seis meses de prisión. R. D. C. L. tiene en su haber una sentencia firme del mismo año por falsificación de documentos privados, aunque su pena de un año y tres meses fue suspendida por dos años. A los acusados E. J. J. y J. M. D. L. H., condenados ambos por estafa en 2015, les fueron suspendidas sus respectivas penas hasta el año pasado.