La Audiencia de Valladolid busca espacio para el juicio más grande de su historia

Sala de vistas de la Audiencia Provincial de Valladolid./Ramón Gómez
Sala de vistas de la Audiencia Provincial de Valladolid. / Ramón Gómez

65 acusados de un grupo criminal se sentarán en el banquillo por estafa, extorsión y falsedad documental

M. J. Pascual
M. J. PASCUAL

Un despacho modernista ubicado en el emblemático Pasaje Gutiérrez ha camuflado durante años las actividades de un grupo criminal que ha perpetrado la mayor estafa a la Seguridad Social, a entidades financieras, establecimientos comerciales y sociedades de crédito destapada hasta la fecha en Castilla y León. En un escrito de acusación de 50 folios, que resume seis años y varios tomos de diligencias judiciales, la Fiscalía de Valladolid desentraña un complejo engranaje piramidal con 15 sociedades ficticias que han estado emitiendo, al menos hasta 2012, un río de nóminas y altas falsas a la Seguridad Social y que se ha servido, al menos, de 70 personas completamente insolventes. Muchas de ellas, captadas en mercadillos por poco dinero o un pequeño porcentaje en los beneficios, para que «pusieran la cara» en tiendas y bancos.

El grupo criminal contaba con un despacho en el Pasaje Gutiérrez.
El grupo criminal contaba con un despacho en el Pasaje Gutiérrez. / J. Galván

Convenientemente acompañadas y aleccionadas por integrantes del ‘staff’ criminal, pedían y conseguían créditos bancarios o compraban desde turismos de alta gama a ordenadores con financiación de firmas comerciales, cuyas letras nunca pagaban. Los productos obtenidos fraudulentamente eran entregados a los controladores de compras y luego vendidos a peristas, que les daban salida en el mercado. Solo lo defraudado a la Seguridad Social en prestaciones de desempleo indebidamente cobradas suma más de 50.000 euros y las compras financiadas en concesionarios, multinacionales y bancos ascienden a 498.833 euros.

A falta de señalamiento aún, porque en el Palacio de la Audiencia no hay una sala de vistas lo suficientemente grande para albergar a tanto acusado y tantos letrados de la acusación y la defensa, el tribunal ya se prepara para la que será la mayor macrocausa de la historia judicial de Castilla y León, no tanto por el volumen de lo defraudado y de las penas que se piden, sino por el gran número de acusados. No obstante, desde la Fiscalía seguramente se ofrecerá un trato de conformidad a los actores terciarios de esta trama para intentar adelgazar el listado de procesados antes del juicio. Por el momento, son 65 los encausados que tendrán que responder, en distinto grado, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal; delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con los delitos de estafa y fraude de prestaciones a la Seguridad Social; extorsión y receptación.

El fiscal Manuel Javato, especialista de la Fiscalía en delitos económicos y laborales y encargado de este caso en nombre de la acusación pública, sitúa en la punta de esta pirámide criminal a M. A. M. D., consultor, gestor, asesor y administrador de varias sociedades. Él es quien figuraba como «autorizado en red» por la Tesorería General de la Seguridad Social, de manera que podía inscribir telemáticamente a trabajadores en las cuentas de cotización de las empresas en las que actuaba como gestor. Este ejecutivo contaba con cuatro «lugartenientes», situados en un segundo nivel de jerarquía, que se encargaban de captar a los «controladores» o «testaferros» de las empresas.

Empleados ficticios

Según el relato de hechos del ministerio público, el principal negocio de M. A. M. D. era el fraude de prestaciones de desempleo a la Seguridad Social. Indica el escrito acusatorio que aprovechaba su condición de consultor, gestor y asesor de empresas y su autorización como profesional validada por la Seguridad Social, desde su oficina en Pasaje Gutiérrez, para crear estas sociedades ficticias que no llegaban a tener actividad. Incluso aprovechaba documentación de sociedades y administradores con actividad real que tenía encomendados para dar altas ficticias a los ‘trabajadores’.

En total, dio de alta en la Seguridad Social a 40 personas durante el tiempo necesario de cotización. Así, en cuanto los empleados ficticios alcanzaban los días estipulados legalmente para el cobro, les daba de baja. El certificado de empresa, en el que figuraba el tiempo supuestamente trabajado y las bases de cotización, lo enviaba al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o lo entregaba en mano al supuesto trabajador para que presentara él mismo la solicitud de prestaciones por desempleo.

Otra de las tareas de los subjefes de la trama consistía en «instruir» a los «compradores» últimos sobre cómo comportarse en los comercios. También se ocupaban de reclutar, a cambio de una cantidad, a personas en riesgo de exclusión o con dificultades económicas para ser dadas de alta en las empresas ficticias «de cara a reclamar, posterior e indebidamente, la prestación por desempleo».

Por debajo de los seis «testaferros» o controladores de compras, están los «compradores»: 40 fueron dados de alta de manera fraudulenta en empresas simuladas para cobrar luego el desempleo. Otras 30 personas realizaron compras a crédito con el aval de sus nóminas falsas. En total, son 70 las que habrían formado parte de la base de la pirámide, según la acusación pública.

Los cuatro de confianza

M. A. M. D. tenía cuatro personas de confianza. Su pareja, G. J. M. F., que trabajaba con él en las oficinas y figuraba inscrita en la sociedad Asesores Técnicos del Duero, cobró un total de 14.284,32 euros en prestaciones de desempleo de manera indebida. E. G. E., por su parte, se ocupaba de reclutar y captar a los «trabajadores», que luego controlaba para realizar las compras financiadas. Les entregaba documentación falsificada y, según la acusación, llegó a intervenir personalmente en operaciones fraudulentas que afectaron a cuatro establecimientos. Financió, en total, 7.708 euros. También acompañó a uno de los compradores, R. A., a adquirir un vehículo financiado en un concesionario por importe de 11.910 euros, colaboró con otro lugarteniente, J. J., en el intento de compra de otro turismo en otro establecimiento y aparece dado de alta en sociedades ficticias como Valentinov Mazouski y El Escarabajo Verde.

J. J. J., el segundo hombre de confianza del jefe de la trama se ocupaba, sostiene la Fiscalía, de las altas y bajas en las empresas, creaba sociedades instrumentales, reclutaba testaferros y compradores en mercadillos y «hacía las veces de gestor de los contratos laborales ficiticios, les acomodaba en sus empresas, y cuando la Tesorería General de la Seguridad Social comunicaba la baja al ser declarada instrumental la empresa, se encargaba de recogerles la resolución, todo ello a cambio de un dinero». Junto con el acusado principal, dirigía las actividades de cinco mercantiles, donde se daba de alta a los supuestos trabajadores y se expedían las nóminas falsas para que luego pudieran comprar con ellas, estafando a las entidades financieras y tiendas. A J. J. J. se le atribuye también estar al frente de la red de compra fraudulenta de artículos financiados con la documentación laboral falsa (desde nóminas hasta declaraciones de IRPF) y contratos de trabajo simulados. Intervino personalmente en algunas de las operaciones y llegó a amenazar a alguno de los otros implicados, subraya el ministerio público.

El cuarto lugarteniente de esta cúpula delictiva es Y. D. M., de origen búlgaro, que daba de alta y aleccionaba a otros acusados y también entregó nóminas falsas a compatriotas. Figuraba como administrador único de la sociedad Pipoka SL.

De los seis nombres que figuran como «controladores de compras» en el tercer nivel de la pirámide delictiva, cuatro estaban directamente bajo las órdenes de J. J. J. y le rendian cuentas. Una quinta, M. C. M. F., trabajaba como secretaria en el despacho del acusado principal y preparaba los documentos laborales falsos. Figura como vicepresidenta de varias sociedades ficticias.

El sexto controlador, J. J. L. F., mano derecha de J. J. J., está acusado, además, de extorsionar a una «compradora», a quien habría obligado a abrir una cuenta en un banco a la que asoció un seguro de vida del que él era el beneficiario.

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