El juez mantiene en prisión hasta dictar sentencia al acusado de apuñalar al alguacil de Velilla ante la agresividad de su brote psicótico

Se acogió a su derecho a no declarar, después de dudar un poco, cuando el juez le preguntó si quería hacerlo pero, al término de la vista oral, el vecino de Velilla acusado de apuñalar con un punzón al alguacil de su pueblo sí tomó la palabra para decir que «para castigar una disputa, no es necesaria la cárcel». Pero el juez, finalizada la sesión y después de oir a las partes, ha decidido mantener en prisión a Tomás Villagarcía Blanco, de 53 años, hasta dictar sentencia por los hechos ocurridos el pasado 12 de noviembre. Entiende, como la propia Audiencia de Valladolid en el auto emitido el pasado 28 de marzo, que existe «peligrosidad» y el riesgo de que se repitan los hechos, a tenor de los brotes psicóticos que sufre el acusado y que le convierten en una persona agresiva. Por ello se mantiene la medida cautelar y el acusado fue conducido de nuevo a prisión por la Guardia Civil.

Jesús María González, la víctima, subrayó, cuando se le preguntó por su ocupación que era «peón caminero» que hacía trabajos para el Ayuntamiento de Velilla y que estaba limpiando la calle Villanueva, frente al domicilio familiar del acusado, cuando se le acercó este por detrás, gritándole que no se subiera al tractor ni entrara en las nave, mientras le cogía por el cuello y le zarandeaba, intentando tirarle al suelo. Después, se le colocó detrás y mientras le sujetaba por el cuello, le apuñaló con un punzón en el costado, aunque solo vio «entre la manga y la mano, lo que parecía un punzón, del tamaño de una punta». Su agresor se marchó y él se fue en busca de auxilio.

Según su relato, aunque en un primer momento dijo que no existía animadversión hacia el acusado ni se habían producido disputas previas, a las preguntas del letrado defensor González sí reconoció que días antes Villagarcía le había reclamado el chaleco que llevaba porque era suyo, «aunque no era así» y se lo tuvo que dar. También dijo que le vio pincharle las ruedas del coche pero que no lo denunció porque no lo consideraba oportuno. «Me dijo que me iba a enterar», afirmó. La Guardia Civil corroboró el carácter problemático del acusado, que había protagonizado incidentes anteriores incluso con un hermano suyo, «a quien golpeó en un brazo y se lo rompió».

Cuando recibió el pinchazo, que la víctima insiste en que se realizó con un punzón del tamaño de «una punta» que Tomás tenía escondido bajo la manga, aunque tal arma no apareció en el lugar de los hechos (el acusado sí llevaba, entre sus efectos personales, una navaja de unos 20 centímetros, como apuntó el sargento de la Guardia Civil que hizo el atestado), recogió la carretilla con los enseres de limpieza y siguió unos 400 metros, pasando por varias casas habitadas «sin pedir ayuda», cuestionó la defensa, hasta llegar a la vivienda de la nuera del alcalde, que llamó a su marido y después trasladaron al ambulatorio de Tordesillas. Tuvo que estar tres días ingresado en el hospital, bajo observación, aunque la herida, de un centímetro entre las costillas, no afectó al pulmón.

Los peritos certificaron que el acusado tiene trastornos psiquiátricos, brotes psicóticos con ideas delirantes y sitúan su diagnóstico entre la esquizofrenia paranoide o trastorno delirante, porque cuando le examinaron su problema mental no había sido todavía diagnosticado ni tratado y por ello no podían determinar al cien por cien el problema mental que padece. Una de las doctoras consideró que, dados sus brotes psicóticos, sería conveniente mantener al paciente en régimen cerrado, porque para el régimen ambulatorio «sería imprescindible» que alguien vigilara que sigue el tratamiento y que acude al psiquiatra.

La fiscal, que considera que la alteración psíquica que padece Tomás le exime de la responsabilidad penal del delito de lesiones, ha solicitado como medida de seguridad que se le impongan tres años de internamiento en un centro psiquiátrico cerrado. Respecto de la responsabilidad civil, pide que se imponga al acusado el pago de una indemnización para la víctima de 3.500 euros.

Para el letrado de la defensa, que insistió en que el relato de la víctima sobre como ocurrieron los hechos es «inverosímil», la enfermedad mental de su cliente justificaría una sentencia absolutoria aunque, en el caso de ser condenado, ha pedido al magistrado que le imponga un tratamiento ambulatorio «puesto que su familia está dispuesta a encargarse de supervisar que sigue el tratamiento».

El representante de la mutua de accidentes de trabajo solicitó, por su parte, el abono de 1.854,88 euros por los gastos médicos.