La AUGC reclama que se suprima el servicio de protocolo en la Presidencia de la Junta y que esos guardias civiles vayan a patrullar

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) reclama que se reajusten y racionalicen los servicios para reforzar el área metropolitana de Valladolid, donde 24 unidades de seguridad ciudadana para todo el territorio provincial tienen que atender a una población de 104.269 personas residentes en el 'alfoz' vallisoletano. Las medidas que proponen, subrayan, son «a coste cero», algunas tan sencillas, sostienen, como suprimir el servicio de protocolo en el edificio de la Presidencia de la Junta de Castilla y León al que están destinados diez efectivos semanales «que simplemente se dedican a saludar al presidente de la Junta y el resto del día se lo pasan leyendo un libro, cuando podrían estar patrullando».

De hecho, ha apuntado este lunes José Manuel Fernández, portavoz de la Asociación en Valladolid, hay tareas como la de vigilancia en el centro penitenciario de Villanubla, el traslado de presos a hospitales, la seguridad del acuartelamiento de la Comandancia de Valladolid o labores de custodia de detenidos en los calabozos «que en muchas ocasiones tiene que realizarlas una patrulla de seguridad ciudadana, en lugar de estar en las calles, porque en ese momento no hay nadie para hacerlas».

La realidad desde los años noventa del pasado siglo, cuando la población en el área metropolitana de Valladolid empezó a crecer de forma exponencial (de 43.687 habitantes en 1996 a 104.269 habitantes en 2018, el 144% más) es que en la Guardia Civil, denuncia la AUGC, se viste un santo con la ropa del otro y «se crean unidades pero con el mismo personal que tenemos». En Valladolid hay 24 unidades de seguridad ciudadana, pero solo cuatro de ellas están abiertas las 24 horas. Las otras veinte solo abren en horario de mañana y solo 15 tienen una plantilla de 10 efectivos (el 63%). El catálogo de puestos, excepto en Zaratán, tiene cubierto el 91%, que no es un mal porcentaje, indican, pero está organizado de forma deficiente. Lo que piden es que se «comarcalice» el trabajo burocrático utilizando las tecnologías y la mayoría de los agentes, en lugar de perder el tiempo en papeleo, se dediquen a la prevención de delitos patrullando en la calle. La provincia de Valladolid tiene destinados 667 guardias civiles y se tramitan al año en torno a las 6.000 denuncias.

«Aquí no se realiza ninguna actividad encaminada a mejorar la eficiencia, aunque no cueste un euro», critica el portavoz de la AUGC. «Hay puestos que solo consiguen sacar una patrulla en una semana. Queremos eliminar labores burocráticas para sacar más patrullas a la calle».

Otras propuestas para mejorar el servicio es que los agentes que están en la reserva sean destinados al programa Viogen, para seguimiento y acompañamiento de víctimas de violencia de género (hay 446 casos activos y 5.127 latentes de maltro en Valladolid y solo tres personas en el Equipo de Mujer Menor, el Emume), así como que se cree la figura del coordinador de servicios, que ya existe en otras provincias como Palencia y Segovia. Y formar parte de la sala conjunta operativa para que al menos, las unidades del área metropolitana, estén comunicadas y puedan reaccionar ante, por ejemplo, asaltos y robos simultáneos en domicilios y establecimientos por parte de bandas organizadas.

El portavoz nacional de la AUGC, Manuel Moya Segura, ha incidido en que las deficientes condiciones laborales y retributivas de la Guardia Civil va a terminar por afectar a la seguridad y la calidad de los servicios en una comunidad, Castilla y León, que está en cabeza de la España despoblada. En este sentido ha explicado que, si el Gobierno en funciones del PSOE sigue sin aplicar el acuerdo de equiparación salarial con las policías locales y autonómicas suscrito hace un año con el Gobierno del PP a raíz de la crisis del procès, convocarán movilizaciones, «un derecho a la manifestación que nos han reconocido los tribunales», ha recordado. Además de la equiparación, piden turnos regulados y compensaciones por la alta movilidad territorial, así como reordenar el complemento de productividad, entre otras mejoras laborales.