Vía libre para que el Ayuntamiento afronte el final de la obra del CAT
El Consejo Consultivo corrobora las deficiencias en el edificio y resuelve el contrato con la empresa Rogasa
El concejal de Economía, Hacienda y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Segovia, Jesús García Zamora, compareció ayer sabedor de que se había quitado un peso ... de encima. Unas horas antes, el Consejo Consultivo de Castilla y León había dado la razón al Consistorio segoviano en su pugna con Rogasa, la empresa constructora del edificio del CAT, para resolver el contrato entre ambas partes ante los incumplimientos acreditados por parte de la empresa. Se despeja así el horizonte –aunque no del todo– para el Ayuntamiento, que empieza a ver la luz y confía en poder acabar el edificio en un futuro no muy lejano. Porque plazos para la finalización del inmueble, a estas alturas de la película, ya no se atreven a fijar.
Que el Consultivo hubiera dado la razón a Rogasa habría embarrado aún más el proceso para terminar el edificio CIDE del CAT. De ahí que García Zamora subrayase la «satisfacción» que la decisión ha causado en el equipo de gobierno. Aunque tampoco ocultó el sentimiento «muy áspero» que ha suscitado esta problemática durante los últimos meses.
El Consultivo ha constatado que en la ejecución de las obras del edificio existían defectos que imposibilitaban la recepción de la obra por parte del Ayuntamiento de Segovia, ya que afectaban a lo exigido en la normativa e impedían el uso del edificio por motivos de seguridad. Además, añadió el concejal, también se produjeron incumplimientos en aspectos más livianos. «Rogasa no ha ejecutado la obra conforme al proyecto aprobado y conforme con el contrato que tenía firmado», destacó García Zamora.
Por todo ello, y según el también portavoz socialista, en su momento adoptaron una decisión «difícil» al rechazar la recepción del edificio por las deficiencias –algunas en materia de seguridad– detectadas en el inmueble. «Habría sido más fácil ser más flexible, pero los incumplimientos afectaban a cuestiones importantes», apuntó ayer García Zamora, para quien esta resolución refuerza el trabajo de los técnicos municipales. «Se ha demostrado que el Ayuntamiento tomó la decisión que correspondía», añadió.
Una determinación que ha retrasado aún más la finalización del CAT, pero que despeja un camino al que todavía le quedan obstáculos. El primer paso es formalizar la resolución del contrato con Rogasa. Para ello, habrá que esperar siete días, a la junta de gobierno local del próximo jueves. Entonces, el Ayuntamiento 'recuperará' el edificio y podrá poner en marcha los trámites para acometer las obras que faltan para su conclusión.
García Zamora tampoco quiso ayer aventurarse y fijar un periodo de la duración de los trabajos restantes. «No serán mucho tiempo», declaró. Basó su cautela en la necesidad de hacer una nueva valoración del estado en el que se encuentra el edificio tras más de un año con las obras paradas. Una inspección de los distintos elementos que estaban contratados con Rogasa para fijar los que faltan o los que deben ser reparados. No obstante, el portavoz socialista sí que mostró su confianza en que constructora haya cumplido con el resto de lo acordado. «Lo que se dice que se ha hecho, hecho está». Entre esos apartados figura el mantenimiento del CAT y su seguridad (no presencial), que hasta ahora asumía Rogasa y que una vez el contrato esté resuelto tendrá que afrontar el Consistorio segoviano.
De forma paralela, el Ayuntamiento decidirá la fórmula con la que optará por concluir el edificio. Según declaró ayer el edil, manejan tres opciones: realizar un único contrato mayor con una nueva empresa que se encargue de todos los trabajos restantes; formalizar varios contratos menores (de menos de 15.000 euros) con varias pequeñas empresas para que cada una de ellas se encargue de parte de los trabajos; o un sistema mixto, en el que una empresa asuma la mayor parte de la intervención y otras realicen actuaciones más pequeñas. En total, García Zamora cifró «entre 200.000 y 300.000 euros» el dinero necesario para concluir el CAT. Una partida, precisó, que no se acumula de años anteriores, sino que se ha ido reservando durante los ejercicios en los que no se ha podido aplicar.
«Lo que ha ocurrido con esta empresa no es lo normal»
La resolución del contrato con Rogasa por los incumplimientos de la empresa a la hora de terminar el edificio CIDE del CAT no ha sido el único problema que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento durante los últimos meses en la ejecución de sus obras. Los ascensores de San José o la segunda fase de Padre Claret son otros dos ejemplos de ello. Sin embargo, García Zamora rechaza cambiar los criterios con los que el Ayuntamiento afronta los contratos de sus obras. «Nos plantearíamos cambiar la ley de contratos del sector público. Lo cierto es que se busca la eficiencia económica. Esto que ha ocurrido con esta empresa no es lo normal. Este es un Ayuntamiento muy serio que cumple en plazo», declaró.
En este sentido, García Zamora sí que mostró su deseo de que las obras finales en el edificio puedan comenzar incluso antes de que termine 2021. Pero sin querer comprometerse. De hecho, no pudo evitar suspirar cuando se le preguntó por los plazos en los que estima pueda estar terminado el inmueble. «Partido a partido. Hay elementos externos que no tenemos controlados», señaló.
El concejal tiró una vez más de cautela y avanzó que cualquier escenario es posible. Incluso el de un recurso por parte de Rogasa a la resolución del Consejo Consultivo de Castilla y León, con medidas cautelares incluidas. Si se diera dicha situación, García Zamora confía en que no suponga la paralización del proceso por el cual el Ayuntamiento retomaría las obras del edificio. «Depende de cada casa administrativa, pero en principio con la decisión del próximo jueves (en junta de gobierno) se acaba nuestra relación con Rogasa», indicó.
Sanciones
Al menos, la relación puramente contractual. Porque seguirán 'batallando' a cuenta de los incumplimientos de contrato detectados en el CAT y que tendrán sus consecuencias. En concreto, el número dos del equipo de gobierno de la ciudad explicó que se incautará la garantía depositada a la empresa y que se pedirá una indemnización por los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento por la demora y la entrega del edificio en unas condiciones distintas a las acordadas. Además, habrá que calcular la cantidad correspondiente a la liquidación del contrato (entre 90.000 y 150.000 euros según García Zamora) y añadir los aproximadamente 350.000 euros que el Ayuntamiento pide en los dos expedientes sancionadores abiertos a la empresa por no entregar en plazo la obra, que debía estar finalizada el 9 de enero de 2020 según el contrato,
García Zamora no cifró la cantidad total que el Ayuntamiento de Segovia recibirá por «el mal hacer de la empresa». Pero sea cual sea, indicó que no merecerá la pena. «No nos vamos a ahorrar nada porque el daño está hecho. No nos compensa como Ayuntamiento. Es más, nos duele y molesta. La mayoría de las empresas que trabajan para este Ayuntamiento cumplen», quiso destacar el portavoz socialista, que reconoce que los incumplimientos de Rogasa han imposibilitado «poner en marcha el proyecto cuando estaba pensado».
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