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Segovia
Sábado, 19 de enero 2019, 11:31
El próximo martes, seis exdirectivos de Caja Segovia se sentarán por primera vez en el banquillo de la Audiencia Provincial acusados de delitos de administración desleal y apropiación indebida por las conocidas como prejubilaciones de la extinta entidad de ahorro. Será en la primera sesión de un juicio en la que se dirimirán las cuestiones previas planteadas tanto por las defensas como por las acusaciones, y en la que no está prevista la declaración de ninguno de los seis acusados (tampoco de los cinco exdirectivos acusados como responsables civiles a título lucrativo). Una vez conocidas las cuestiones previas de las partes, el tribunal deberá decidir si acepta alguna para señalar las fechas de las próximas sesiones del juicio o bien decretar su suspensión.
Esta última opción es contemplada por Izquierda Unida. La formación confía en que el tribunal no tenga en cuenta los argumentos de la defensa (que consideran que «no tienen fundamentación jurídica»), aunque es consciente de que la suspensión «es una posibilidad que existe y que debe contemplarse». Así lo afirmó ayer el abogado de IU, Alberto López Villa, quien adelantó que en el caso de que se suspenda el juicio la formación recurriría ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. «Tras ocho años de instrucción estamos al inicio de todo», añadió López Villa, convencido de que habrá recurso al TSJ sea cual sea la decisión de la Audiencia Provincial.
Después de que el Tribunal Supremo desestimase el recurso interpuesto por Izquierda Unida contra el archivo de la causa del Torreón de Lozoya, los responsables de Izquierda Unida ya alertaban de la escasa probabilidad de que el Tribunal Constitucional les diese la razón ante el recurso de amparo que iban a presentar. Los temores de la formación de izquierdas se han confirmado, y el máximo órgano judicial de España no ha admitido a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida al entender «que no tenía trascendencia constitucional». A pesar del revés judicial, Izquierda Unida no arroja la toalla y seguirá peleando por aclarar lo sucedido con la hipoteca del Torreón de Lozoya. Así, anunciaron que ya están preparando un nuevo recurso que presentarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la última instancia a la que la formación puede recurrir para intentar que se juzgue el fondo de un asunto que fue archivado por la Audiencia Provincial de Segovia.
Más dudas tiene el letrado de Izquierda Unida sobre los tiempos del tribunal para dirimir las cuestiones previas. «Es posible que se resuelva en la sentencia y no en la misma sesión del día 22», indicó. Por su parte, Luis Rodríguez Ramos (abogado de Atilano Soto, Manuel Escribano, Manuel Agudíez y Antonio Tapias), piensa que el tribunal no resolverá las cuestiones previas el mismo martes, sino que optará por un auto en los días posteriores en el que también se fijaría, si no hay suspensión, las fechas de las siguientes sesiones del juicio (las establecidas en un primer momento han sido canceladas por motivos de agenda).
López Villa prevé que la estrategia de las defensas durante la sesión del martes consistirá en «tratar de deslegitimar» a la Fundación Caja Segovia y a Izquierda Unida como acusación particular para que en base a la 'doctrina Botín' se pueda suspender el juicio (al no haber acusación del ministerio fiscal). «Nuestra participación en este procedimiento no se debe a la defensa de un interés ajeno sino propio», explicó el abogado, que recordó que Izquierda Unida tuvo presencia en los organismos que nombraban a los miembros de los consejos de administración de Caja Segovia. Por otra parte, IU confía en que el juicio que tiene lugar actualmente sobre la salida a bolsa de Bankia sirva para demostrar que la situación financiera de Caja Segovia «no era ni mucho menos boyante». En este sentido, López Villa anunció que en el juicio presentarán como prueba las conclusiones de la comisión de las cajas de ahorro que tuvo lugar en las Cortes de Castilla y León.
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