Luis Rodríguez Ramos llega, ayer por la mañana, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Alberto Benavente-Ical

Fomento Territorial afirma que la designación de Verae al frente de Segovia 21 «vulneró la ley»

La actual administración sostiene que «todos los accionistas» aprobaron el cambio de gestión, que supuso la salida de la empresa de Elías Benatar

César Blanco Elipe

Martes, 17 de noviembre 2015, 11:28

El toma y daca entre la empresa Fomento Territorial, que llevara la gestión integral de los diferentes frentes de Segovia 21 entre los años 2002 y 2012, y la actual administración de la sociedad semipública participada en su mayoría por la Diputación, vivió ayer un nuevo episodio en los juzgados de la capital. El magistrado titular del Juzgado número 2 había citado a declara en calidad de testigos al que fue presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Tejedor; a la secretaria de la Corporación provincial, Lourdes Merino, y a Severiano Solana en representación de Bankia.

El propósito del juez era aportar luz después de la abundante documentación aportada en las diligencias abiertas por la querella admitida a trámite formulada por Fomento Territorial contra el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, así como contra la sociedad de abogados y economistas Verae, y el letrado Javier de la Orden, como administrador único de Segovia 21.

El primero en pasar ayer por la sala de vistas fue Carlos Tejedor, cuya presidencia en la Cámara fue fugaz, aunque ese corto periodo de tiempo coincidió con el preámbulo de la salida de Fomento Territorial tras diez años y la llegada de una administración única. Según ha señalado el representante de Verae, David López, tanto Tejedor como el testigo de Bankia han coincidido ante el juez en asegurar que la decisión de cambiar la responsabilidad sobre la gestión de Segovia 21 fue adoptada de común acuerdo «entre todos los accionistas, sin excepción». Es decir, entre la Diputación, la Cámara de Comercio y el banco.

El paso por el pleno

Por su parte, el abogado que defiende los intereses de la compañía querellante, Luis Rodríguez Ramos, ha defendido ante el titular del juzgado «la transparencia» con la que actuó la empresa presidida por Elías Benatar. Asimismo, exhibió sus discrepancias de «índole jurídico y administrativo» con la declaración de la secretaria de la Corporación provincial. La diferencia explica Rodríguez Ramos radica en que el pleno de la Diputación debería haber autorizado la designación de Verae como administrador único.

«Bankia era partidaria del cambio», esgrime la administración actual

david lópez, representante de verae
Los informes aportados por el letrado de Fomento Territorial, Luis Rodríguez Ramos, dicen que Segovia 21 «era solvente» antes de decidirse la modificación de los estatutos. «No estaba en una situación tan desesperada», añade en alusión a un documento de agosto de 2012 en el que se hace «una oferta de renovación de unas pólizas de crédito con Bankia», informa Ical.
David López, representante de la sociedad Verae que ejerce la actual administración, desmiente al penalista. Expone que «dos días antes de una junta de accionistas, en junio de 2012, los consejeros presentaron a Bankia unas cuentas con 4 millones de pérdidas, cuando tres meses antes habían formulado unas cuentas con unas pérdidas de 1,8 millones. Eso hizo saltar las alarmas y que se optara por el cambio de administrador. Bankia era partidaria», ya que veía «poco operativo» disponer de un administrador múltiple.

El letrado penalista insiste en que esa elección fue y es «un contrato». Y como tal, añade, tenía que haberse tramitado según la ley de contratación en el sector público, ya que la Corporación presidida por Francisco Vázquez poseía la mayoría de acciones . «La ley se vulneró porque se requiere un procedimiento que no se ha seguido; tenía que haberse hecho con publicidad, con transparencia, varias ofertas... y no se hizo así», concluyó Luis Rodríguez, para quien la modificación de los estatutos y la contratación del nuevo gestor tras la salida de Fomento Territorial tenían que haber sido aprobados por el pleno provincial.

En cuanto al papel de Tejedor, el propio abogado reconoce que estuvo poco tiempo como presidente de la Cámara. Según Rodríguez, «no tuvo ninguna iniciativa», por lo que deduce que la decisión de contratar a Verae «fue idea exclusivamente del presidente de la Diputación».