La memoria de la memoria82 años del inicio de la guerra civil
cAPÍTULO 4

La memoria de la memoria

El conocido como Archivo de Salamanca recibe más de 6.000 correos anuales para solicitar información sobre sus fondos documentales y fotográficos, incautados durante la Guerra Civil en las instituciones republicanas, los partidos políticos y sindicatos y organizaciones como los masones, rotarios o protestantes

Liliana Martínez Colodrón
LILIANA MARTÍNEZ COLODRÓN

Si los fondos documentales del Centro de la Memoria fueran paseables, se necesitaría recorrer seis kilómetros y medio para abarcarlos en su totalidad. «Y no se trata de uno de los archivos más grandes, -indica Manuel Melgar, director de este centro dependiente del Ministerio de Cultura- , pero crecerá». Este depósito documental de ámbito nacional, al que todo el mundo se refiere simplemente como el Archivo de Salamanca, se ha ido transformando y creciendo desde que en su inicio -en plena Guerra Civil- fue creado para gestionar todo lo confiscado e incautado en aquellos organismos no afines al bando sublevado.

Tres instituciones fundamentales formaron los cimientos del centro salmantino: la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista y las delegaciones nacionales de Asuntos Especiales y de Recuperación de Documentos. Aquí se atesoraban los documentos de cómo se organizaban las campañas de antipropaganda, todo el material incautado a los masones, rotarios o protestantes o los documentes de las instituciones republicanas. «En el centro nos podemos encontrar una serie de documentación y materiales que son el resultado de lo incautado durante la guerra, un material con el que luego elaboraban una serie de ficheros con información personal, así como algunos datos relacionados con la filiación sindical o política», explica Manuel Melgar. Junto con estos documentos, y ya durante la Democracia, se incorporaron otros fondos de los tribunales de Responsabilidades Políticas, el del Orden público, y el de la Represión de la Masonería y el Comunismo.

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Documentos a los que diariamente acceden investigadores, periodistas, escritores, asociaciones y familiares de represaliados, «y todos aquellos que quieren solicitar alguna ayuda de las que establece la Ley de la Memoria Histórica. También acuden a nosotros exiliados o, simplemente, gente que tiene curiosidad por conocer este periodo histórico».

Está claro que este centro documental despierta un gran interés. Cada año recibe entre 6.000 y 7.000 correos solicitando información, además de unas 380 visitas de personas que quieren investigar en persona estos fondos archivísticos, recorrer el Museo de la Masonería y la Logia, o consultar un archivo fotográfico que cuenta con imágenes de Robert Cappa, Erich Andres y Centelles.

La clave está en el Archivo

El Centro Documental será clave en el compromiso de la Junta de Castilla y León por «seguir trabajando» en la recuperación de la memoria histórica; un objetivo que se verá materializado en forma de decreto y que regulará la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. La Administración se ha marcado el reto de elaborar, junto con las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, un banco de ADN y un mapa de fosas en Castilla y León para localizar y exhumar a los represaliados enterrados en campos, cunetas y fosas comunes de los cementerios. Las actuaciones serán autorizadas por un Consejo Técnico y el centro salmantino se encargará de recopilar los datos para elaborar el crucial mapa.

Arriba, Museo de la Masonería y la Logia. Una de las fichas que alberga el Archivo, así como una Oca de la Falangue. / Rodrigo Ucero

Las asociaciones de la memoria, colaboradoras necesarias del Gobierno regional para el buen fin de este proyecto, podrán acceder a una línea de ayudas dentro de una norma que incluye una reforma crucial: la modificación de los temarios curriculares para que los alumnos de ESO y Bachillerato conozcan la verdadera historia de la Guerra Civil y la represión en Castilla y León.

Pero no todas las organizaciones han acogido con entusiasmo el decreto regional. Emilio Silva, presidente de la primera Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que se creó en Castilla y León, cree que los fondos que atesora el Centro Documental salmantino no arrojarán ningún dato relevante a este estudio: «De las 800 personas que han sido exhumadas por parte de esta asociación, ninguna estaba registrada en el archivo salmantino». A su juicio, más importante que elaborar lo que él denomina «mapa imposible» es coordinar a las universidades para que se encarguen de las investigaciones.

Sean estas instituciones académicas o el centro salmantino los impulsores de las pesquisas, ante ellos se abre un tortuoso camino en una comunidad en la que más de 20.000 castellanos y leoneses fueron asesinados tras la sublevación de 18 de julio. Tan solo 2.000 han sido ya encontrados. Muchos, no lo serán nunca.

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