Javier Amoedo: «Cuando una Administración no nos contesta es porque sabe que ha actuado irregularmente»

El currículum de Javier Amoedo Conde (Vigo, 1937) acumula la investigación de alrededor de 14.600 quejas desde que asumió la responsabilidad de ser Procurador de Común de Castilla y León en noviembre de 2005, listado al que debe añadir otras 320 investigaciones que abrió de oficio, a iniciativa propia, sobre el funcionamiento de las administraciones de la comunidad. Amoedo, que llegó al cargo tras 38 año de trabajo en los juzgados (los últimos como Fiscal Jefe de León) y de clases en las aulas de la Universidad, encara ahora una prórroga de cinco años más como defensor autonómico con el respaldo de todos los partidos con representación en las Cortes.

Ni a los 65 ni a los 67 ni a los 75, la jubilación no va con usted.

Pues eso parece. Mientras una persona está en condiciones de hacerlo, se considera con capacidad y tiene el apoyo de todos los partidos políticos puede continuar.

¿Se quejan con razón los ciudadanos?

Efectivamente sí. Hay resoluciones dictadas por una actuación irregular de la Administración con arreglo a nuestro criterio, pero también otras muchas que archivamos porque estimamos que el ciudadano no tiene razón. Se dan también supuestos de queja sin fundamento.

Aborda casos muy sensibles. En septiembre recordó ante las Cortes el caso de una enferma de la dolencia de Pompe (enfermedad muscular debilitante) que recurrió a usted porque Sacyl no le proporcionaba un tratamiento. Reconoció ante el pleno que su situación se había solucionado porque se había mudado de región.

En ese caso concreto se ha marchado y está recibiendo tratamiento en Madrid. Aquí no se admitía seguimiento en su tratamiento, porque se decía que no era totalmente eficaz y que era hasta peligroso. Esa fue la razón que esgrimió la Consejería de Sanidad y a esta paciente le está tratando en Madrid. Me llama a veces.

Usted llegó al cargo desde el mundo de los juzgados con sentencias que son de obligado cumplimiento, algo que no ocurre con las resoluciones del Procurador, ¿lo echa en falta a veces?

Provengo de la carrera fiscal. Nuestras resoluciones no son vinculantes y es normal. Puede ocurrir que la Administración no esté de acuerdo con nuestra decisión y no se le podría privar de la posibilidad de interponer algún recurso en contra. Ese sistema de recursos sería tremendamente complejo. Lo importante es el número de resoluciones que se aceptan y superamos en los últimos años el 75%, lo que supone una eficacia importante de la institución. Cuando una Administración no se nos contesta una resolución, pudiendo hacerlo, es porque reconoce tácitamente que tenemos razón, que ha actuado irregularmente.

¿Cómo cree que le ven las administraciones cuando empieza a pedir expedientes ?

Podemos ser instituciones incómodas todas las defensorías, pero creo que los que nos consideran así están equivocados. Me considero un defensor del derecho de los ciudadanos, pero también un colaborador de la Administración. Yo le digo: «Usted ha actuado mal aquí, debe usted rectificar». Soy un colaborador independiente.

¿Cuando empezó a ver hace meses por dónde recortaban otras comunidades autónomas temió por el futuro de la institución?

Sinceramente, nunca he temido que desapareciera en Castilla y León. Siempre ha habido apoyo por parte de la Junta.