El 'caso graveras' destapó la ilegalidad de 82 explotaciones en la provincia

La investigación judicial en estos años sacó a la luz la existencia de un total de 82 explotaciones de áridos en la provincia vallisoletana, que operaban ilegalmente, todo ello en pleno 'boom inmobiliario'. Una lista de empresas que certificó la Delegación Territorial de la Junta, dirigida entonces por Jesús García Galván.

El informe de un técnico de la Sección de Minas fue solicitado a finales del 2005 por el juez de Instrucción, José María Crespo, y con el mismo se pretendía aclarar si había existido trato de favor por parte de funcionarios de la Junta hacia empresas de áridos, suministradoras de cementos, ladrillos y yesos para cientos de viviendas.

Cigales, Castromonte, Aldeamayor de San Martín, Quintanilla de Onésimo, Rueda, Tudela, Valdestillas, Campaspero, La Seca, Laguna de Duero, Olmedo, Mojados, Nava del Rey, Peñafiel o Valoria la Buena eran algunos de los municipios donde estaban las explotaciones.

En su escrito de acusación, tanto la Fiscalía como la Junta relatan además para acusar al funcionario Maurilio P. C. que otro industrial del sector de las hormigoneras de Laguna de Duero declaró que tuvo que acceder a las pretensiones de Maurilio P. al exigirle que los proyectos fuesen redactados por ingenieros buscados por él. También en relación con Cementos La Parrilla, el acusado intentó lograr que se contratase a su hermano, ingeniero técnico de Minas, frente al gerente que tenía la sociedad.

La acusación pública relata además que en al menos en otras dos ocasiones el ex jefe de Minas exigió a empresarios que contratasen a su hermano, negándose a ello por lo que poco después se tramitaron precintos de canteras.

Además de los cuatro años de prisión por cohecho que solicita la Junta para el ex jefe de Minas, pide también nueve años de inhabilitación especial para ejercer un empleo o cargo público.