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EL NORTE
Miércoles, 18 de febrero 2009, 01:52
El Obispado de Ávila aseguró ayer que el hecho de que este año no se celebren primeras comuniones se debe a un Directorio Pastoral de los Sacramentos -promulgado en 2005 por el obispo, Jesús García Burillo- sobre las directrices que han de aplicarse para estos sacramentos y que cada párroco ha decido cuándo aplicarlo. En este directorio pastoral se determina de que la edad para hacer la primera comunión en la diócesis de Ávila pasa de los nueve a los diez años, por lo que en la capital se ha decidido que en el 2009 no se celebren.
Asimismo, el Obispado de Ávila, en un comunicado recogido por Europa Press, precisó que no es una «decisión actual e improvisada» sino que ya se avisó a los padres en octubre del 2006 ya que una de las directrices del Directorio era que la Primera Comunión se recibiría el año en el que el niño cumpliría diez años. Al respecto, el Obispado precisó que en algunas zonas ese «parón» necesario para la adaptación a la nueva norma ya se hizo como es el caso de Arenas de San Pedro, donde se llevó a cabo entre 1995 y 1996 o en Casavieja, donde se inició en 1991.
En este sentido, los once párrocos de Ávila capital decidieron que los niños que empezaron la catequesis en octubre del 2006 serían los primeros en llevar a cabo este objetivo por lo que cuando empezaron la catequesis ya sabían tanto ellos como sus padres que tomaría la Primera Comunión en el 2010. Por otro lado, el Obispado lamentó el perjuicio que la decisión de los párrocos de la capital abulense puede haber provocado en los comerciantes y hosteleros en unos momento de crisis, una crisis «que nadie podía prever cuando se tomó» dicha decisión. En este sentido, justificó que la Iglesia legisla no en función de la economía, sino movida por «motivos y fines pastorales».
Mientras la Unión de Consumidores de Ávila ha cifrado el impacto económico en la ciudad en algo más de un millón de euros, la Asociación Abulense de Empresarios de la Hostelería también ha lamentado esta noticia en momentos de dificultades económicas, si bien su presidente, Alfonso Díaz, reconoce que desde el año pasado ya se conocía esta situación.
El Obispado, que asegura que no se trata de una «orden arbitraria» ni una decisión «improvisada», ha lamentado estas consecuencias, aunque ha precisado que en el momento en el que se adoptó la decisión en el 2005 «nadie las podía prever», informa Efe.
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