La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid ha concluido las diligencias de la causa compleja abierta contra el matrimonio responsable de la residencia ... El Albero, de La Pedraja de Portillo, acusados de apropiarse de dinero de tres cuentas y joyas de dos residentes ya fallecidos. La instructora ve indicios como para continuar el trámite de procedimiento abreviado para la apertura del juicio oral, al entender que J. D. R. L. y M. L. R. B, administradores solidarios de la sociedad Muladán, a la que pertenecía la residencia, «puestos de común acuerdo y actuando con ánimo de apropiación definitiva, cargaron en las cuentas, además de la cuota por la estancia de ambos residentes, otras cantidades que no se correspondían con ninguna prestación, apropiándose del dinero». En concreto, en la cuenta del residente I. F. B., se tendría que haber cargado, conforme a las tarifas de la residencia, 17.950 euros, pero se cargaron 42.625 y «parte de estos cargos se hicieron cuando el residente había fallecido», en enero de 2018. En la segunda cuenta, la de su mujer, D. E. R., se tendrían que haber cargado 23.083 euros por su estancia pero hasta el 30 de mayo de 2018 la residencia se cobró 69.750 euros. Y de una tercera cuenta -en la que la mujer figuraba como titular y el hombre como autorizado-, los días 11 y 22 de agosto de 2017, El Albero se cobró dos importes que suman 4.000 euros. Además de ese dinero, los investigados se habrían apropiado de unos pendientes de oro, un reloj y una alianza de oro propiedad de la señora.
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La jueza entiende que estos hechos podrían constituir un delito de apropiación indebida. Por el contrario, ha acordado el sobreseimiento provisional de la parte de la denuncia relacionada con la falsificación de las firmas de los facultativos en las hojas de medicación de los ancianos. La instructora entiende que no se ha podido probar la relevancia penal de este hecho, aunque los médicos corroboraron que las firmas que figuraban en esas hojas de medicamentos no eran las suyas. Respecto de la supuesta estafa al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, al que pertenecía el militar fallecido, «no se ha podido determinar qué recetas se correspondían con la medicación suministrada» al octogenario, comandante de artillería retirado que había ingresado en dicho centro en 2016 de forma voluntaria para acompañar a su última mujer, que padecía una demencia.
El gerente de la residencia ha recurrido este auto ante la Audiencia, por no estar de acuerdo con las cantidades. Asegura que se cargaron 64.354 euros de más pero que «estas cantidades eran un préstamo» para que el investigado «pudiera mantener los gastos de la residencia y no para su uso personal» y «siempre ha manifestado que devolvería el dinero». Descarta saber algo de las joyas «que las pudieron extraviar o regalar a otros residentes».
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