La macabra muerte en Castrillo del otro 'Empecinado'

Enrique Berzal

Martes, 1 de febrero 2022, 00:04

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Su verdadero nombre era Juan Martín Arranz, pero le gustaba aparecer en público como Juan Martín «Empecinado» por su gloriosa ascendencia familiar. Hijo de Manuel Martín y María Arranz, era sobrino del célebre guerrillero vallisoletano nacido en 1775 en Castrillo de Duero, martillo de los franceses durante la Guerra de la Independencia y víctima de la vesania absolutista encarnada en Fernando VII.

Si aquel «Empecinado» de las hazañas heroicas murió de forma truculenta en Roa de Duero, el 19 de agosto de 1825, ahorcado sin piedad tras una lucha desesperada junto al patíbulo, a este otro «Empecinado» le aguardaba un final menos heroico, aunque repleto igualmente de dosis de odio macabro en su misma localidad natal.

Militar de profesión, soñaba con emular las heroicidades de su tío y, como él, profesaba una fe en el liberalismo a prueba de bombas. En Castrillo le tenían estima desde aquel mes de enero de 1843 en que, aprovechando la regencia progresista de Espartero, había organizado una sonora y exitosa colecta popular con objeto de erigir en la plaza del mercado de Roa un monumento «a la memoria del malogrado general Juan Martín el Empecinado».

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Le acompañaban en la aventura el comerciante y diputado madrileño Juan Escorial y Gil y los también diputados en Cortes José de la Fuente Herrero, Manuel de la Fuente Andrés (futuro ministro de Gracia y Justicia) e Ignacio Martín Díez. Las cantidades, encabezadas por la Reina Isabel II (1.500 reales) y el regente Espartero (600), fueron depositadas en el madrileño Banco de San Fernando.

Por eso sufrió lo indecible al comprobar cómo dificultades de orden político, en especial la reticencia del entonces consistorio raudense, motivaron que, en 1846, la reina Isabel II decidiera modificar la ubicación del cenotafio a favor de Burgos.

Pero nada podía doblegar la voluntad de este otro Empecinado, que, como bien indica su mote, no descansaría hasta ver honrada la figura de su tío. Por eso volvió a figurar en la comisión organizadora que, aquel 18 de febrero de 1856, llevó a cabo la inhumación de las cenizas del guerrillero en el monumento burgalés.

De ahí que no pocos en Valladolid se quedasen estupefactos al conocer la noticia publicada por EL NORTE DE CASTILLA el 19 de abril de 1872: «D. Juan Martín «Empecinado», padre del compromisario por Castrillo de Duero», había resultado muerto junto a otro compañero en una refriega ocurrida cinco días antes en dicha localidad.

Dada la popularidad del personaje, el suceso no tardó en saltar a los rotativos nacionales. Algunos aseguraban que, a causa precisamente de la fama del muerto, el vecindario se había tomado «la justicia catalana con el matador, al que deshizo en un momento de indignación».

El paso de los días ayudó a esclarecer el suceso. Todo había ocurrido a causa de un incidente entre bandas rivales del pueblo, las cuales, azuzadas en su deriva violenta por el exceso de alcohol, no habían dudado en echar mano de escopetas, palos y navajas.

Considerándose portador de una superioridad moral incuestionable, el «Empecinado» decidió tomar parte en el conflicto pero no a favor de alguno de los dos bandos, sino con objeto de aplacar los ánimos y restablecer la tranquilidad. Mal asunto: la oscuridad y la obcecación conspiraban en su contra. Varios mozos de Castrillo pagaron su intento pacificador acabando con su vida; con ella y con la de otro familiar suyo que intentaba ayudarle, Eugenio Arranz.

La maraña de acusados y participantes en dicho combate explican que la vista judicial de la causa hubiese de retrasarse hasta junio de 1877. Las explicaciones aportadas en el juicio dejaron ver que Castrillo de Duero semejaba una bomba de relojería desde principios de 1872.

Las crónicas publicadas así lo demuestran: «Derramado el vino de una cuba de don Benito González en la noche del 5 de enero: practicado lo mismo en otras cuatro más del mismo dueño en la noche del 7; hecho igual en otra de don Sandalio Gómez en el mes de marzo e intentando derramar el de otra de D. Justo González, hijo del D. Benito, hace quince días tan solo, una chispa faltaba para la explosión, y la chispa saltó».

Fue la noche del 14 de abril cuando se desató la guerra entre bandas; una multitud de mozos enfrentados por motivos personales llegó a las manos en una calle corta de Castrillo; aseguraba el periodista que se dispararon «más de quince tiros entre doscientas personas allí aglomeradas, los contendientes, y saliendo a relucir estoques y puñales».

«Es el momento de actuar», pensó para sí Juan Martín Arranz, comandante de carabineros que lucía con orgullo el sobrenombre de «Empecinado». Intervino en la refriega para evitar víctimas, pues ya se contabilizan en media docena el número de heridos.

Pronunciaba palabras de paz cuando, «media hora después de concluida la refriega, fue vil y cobardemente asesinado». Sin hablarle ni prevenirle, unos cuantos mozos le apuntaron con sus escopetas y le descerrajaron más de cinco tiros. «Y no contentos aún le despedazaron la cabeza a culatazos y pedradas y le cosieron a puñaladas».

Al ver lo que ocurría, su familiar Eugenio Arranz trató de mediar a favor de la víctima. Corrió la misma suerte. Incluso el juez municipal, Eugenio González, hubo de huir precipitadamente al ver cómo los mismos que se ensañaban con el cadáver del Empecinado se fijaban en él con ademanes nada cariñosos.

En el juicio, sostuvieron la acusación privada los abogados Félix López San Martín, en nombre de Mateo Arranz, padre de Eugenio Arranz, y el entonces director de EL NORTE DE CASTILLA, Sebastián Díaz Salcedo, en nombre de la hija del Empecinado, la cual se hallaba casi desahuciada por una enfermedad contraída a causa de los sufrimientos provocados por la muerte de su hermano.

En defensa de los siete acusados actuaron los letrados Pedro González Pérez, Calixto Lorenzo, Ángel María Álvarez Taladriz, Manuel López Gómez y Carlos Soto Valejo, este último en sustitución de Benito Llorente, recientemente fallecido. Las penas solicitadas eran de diverso tipo, desde la cadena perpetua hasta la pena capital.

La sentencia no se supo hasta principios de julio de 1877: solo tres de los siete acusados resultaron condenados a penas de doce años de reclusión, accesorias y parte de las costas. El resto fue declarado absuelto.