Denuncian el uso de datos privados de una terapia en un proceso de divorcio en Valladolid

Poco podía sospechar Pablo Simonetti que aquellas terapias de pareja propuestas por la que entonces era su mujer para salvar el matrimonio terminarían en un informe psicológico para defender la petición de la custodia de los hijos en favor de la madre.

Describe este padre actualmente divorciado que, hace ya dos años, la pareja comenzó a acudir a terapia «porque ella me lo propuso y así llegué a acudir a dos consultas con un psicólogo colegiado con ella, los dos juntos, y a otro par de citas individuales, yo solo, en el verano de 2016; pero, ya en septiembre, ella decidió comenzar con el proceso de divorcio y me ofreció ir a su propio abogado para comenzar a tramitarlo de mutuo acuerdo, propuesta inaceptable según me indicó después mi letrada y, en enero de 2017, recibí la demanda de divorcio tras haber roto un mes antes las negociaciones», según el relato de Pablo Simonetti.

Es en esa demanda en la que la mujer presenta un informe psicológico encargado por ella cuyo contenido «viola la confidencialidad y el secreto profesional de las conversaciones de la consulta». El estudio clínico realizado por el psicólogo no se detiene en el estado clínico de la propia interesada sino que alude a detalles del comportamiento en la consulta de este hombre de 42 años y a los relatos que el que entonces era su paciente le refería durante las sesiones de terapia, confidencias también de cuando acudía solo a la cita con el psicólogo. El informe psicológico recoge enunciados como que «mi impresión clínica sobre Pablo es la de que posee una personalidad...», y añade siempre detalles negativos del hombre frente a los de la interesada «que aparece como víctima», dado que es un informe de parte que «persigue conseguir la custodia de los menores»; pero, insiste en ello el denunciante, «no es un peritaje judicial, no es un informe encargado por el juez sino por la parte de ella utilizando datos confidenciales y manifestaciones mías, muy íntimas y en un ambiente de confianza y secreto profesional, que obviamente luego se ha traicionado y se ha intentado utilizar en contra mía». El informe además, indica el padre, «recoge datos de mis hijos, con los que ha mantenido contacto y con uno de ellos incluso 'le conozco profesionalmente' –recoge el informe–. Sin que a mí se me haya pedido permiso alguno para llevar a mis hijos, menores de edad en ese momento, y todavía casados su madre y yo, para llevarlos a la consulta del mismo psicólogo». El interesado también insiste en que «en ningún momento se le pidió consentimiento» para realizar tal informe en base a las terapias en las que él participó.

Finalmente, el informe «no fue usado en el proceso que terminó con un acuerdo y la sentencia de divorcio salió en noviembre de 2017. Creo que es obvio que no es al menos ético y que es una mala praxis por intereses personales». Pablo defiende que «perseguía quedarse con la custodia de los niños, algo que logró, y por lo tanto vivir ella en el piso –del cual yo pago al mitad de la hipoteca–. De hecho, creo que se los ha trabajado, me ha ido desconectando con ellos, impidiendo cualquier contacto y como son mayores de 12 años pueden decidir y no visitar a su padre si no quieren. Están alienados. Ella solo se pone en contacto conmigo para reclamar pagos en concepto de gastos extraordinarios que, en realidad, entran en la pensión alimenticia».

Al no haberse llegado a emplear el documento en el juicio, el problema es el de haberlo elaborado «en contra de toda ética». Por eso, Simonetti optó por acudir al Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. «Me he dirigido en varias ocasiones a su ComisiónDeontológica y un año después aún no tengo noticias». La primera vez, según recogen los documentos, en abril de 2017, la organización colegial resolvió «no admitirlo a trámite» bajo el argumento de que formaba parte de un proceso judicial abierto. «Bueno, tras la sentencia de divorcio, y dado que era firme, vuelvo a presentarla y solicito que sea admitida a trámite. Aporto documentación y relato de los hechos denunciados. Es noviembre de 2017».

Meses más tarde, y según el relato del demandante, «me presenté en el Colegio de Psicólogos, en marzo de 2018. Habían pasado más de cuatro meses y ni una respuesta. Después de discutir con ellos, a los quince días recibo que lo habían admitido a trámite, a fecha por cierto del 9 de noviembre, mucho antes. Con lo cual su proceder es difícilmente entendible, deberían habérmelo comunicado... bueno hoy es el día, un año más tarde de todo esto en el que no tengo respuesta alguna, ni afirmativa ni negativa, del Colegio de Psicólogos. Ni si lo archivan ni si adoptan medidas».

La última vez que este paciente escribió a la organización colegial fue el pasado 13 de septiembre. Pregunta: «Si ya se ha dado por finalizada la instrucción del procedimiento; si se ha abierto expediente disciplinario al colegiado responsable del informe o si se ha adoptado alguna resolución y, en tal caso, cuál ha sido el resultado».

Destaca el demandante que «cuando en Castilla y León uno va a un psicólogo colegiado se supone que hay garantías profesionales y que si se vulneran puedes acudir alColegio Oficial. En mi caso, dos quejas sin resultados. La segunda admitida y aún sin respuesta. No tienes garantías de nada como paciente, el colegio no te ampara». Simonetti ha repasado el Código Deontológico de la organización colegial y encuentra claro encaje de su denuncia en lo que el mismo protege y en las posibles medidas.

Desde el Colegio de Psicólogos se explica que cuando hay un juicio de por medio no pueden pronunciarse al respecto» y que una vez finalizado, cuando llega la segunda reclamación, «se admite a trámite porque se hace con todos los casos, siempre se investiga y en ello estamos».