El Procurador del Común urge un catálogo de zonas prohibidas al baño en el que estaría el Pontón

La ordenación que reclama la institución que preside Tomás Quintana clarificará la situación del embalse de la carretera de La Granja y de otros espacios existentes en la región que no están incluidos en la lista de la Administración autonómica de zonas naturales donde no están autorizadas las zambullidas, pero en las que los visitantes deciden ignorar las recomendaciones, asumir el riesgo y sumergirse en esas aguas.

Por desgracia, en el Pontón ese peligro ha sido tan real y letal que se ha cobrado ocho víctimas mortales desde 1993, año en el que se construyó. La última, el pasado 20 de julio, un menor ecuatoriano de 15 años perteneciente a la congregación evangelista del Movimiento Misionero Mundial, que celebraba un bautizo colectivo en las aguas del embalse. El adolescente se lanzó al agua desde una roca y ya no salió con vida.

Desde hace dieciséis años, la Escuela de Socorrismo de Segovia ha reclamado medidas a las administraciones para minimizar los riesgos que cada verano asumen cientos de personas al bañarse en las aguas del embalse. Sin embargo, sus reivindicaciones han chocado con la telaraña de las competencias. El responsable de la escuela, Luis Miguel Pascual, está seguro de que «si hubiera voluntad de intervenir ya se habría hecho». Recurre a la lógica. «Si no se permite el baño en el Pontón, al menos que se cumpla la prohibición con los medios que tenga la administración». Y si se opta «por seguir permitiendo el baño, habrá que hacerlo con ciertas garantías», como los requisitos que se recogen en la ley de zonas de baño naturales de Castilla y León. «Lo que no pueden hacer es quedarse en el limbo», señala Pascual.

Y para acabar con esa indefinición, el Procurador del Común publica esta nueva resolución, que responde a «varias quejas ciudadanas» sobre la necesidad de «adecuar la norma regional de piscinas a la nueva  realidad social que se viene detectando en la utilización de estas instalaciones y a los cambios normativos que introdujo un real decreto estatal en el año 2013», explican fuentes del Procurador. La Consejería de Sanidad trabaja en esos cambios con el fin de introducirlos en el cuarto Plan de Salud de Castilla y León.

Otra serie de quejas que han inspirado la resolución se referían «a la falta de homogeneidad en los servicios de prevención y salvamento que se prestan en las zonas de baño en la naturaleza». La singularidad de los espacios acuáticos, como el Pontón Alto, y su habitual empleo para la práctica de actividades lúdicas, de recreo y deportivas demandan el establecimiento, a nivel autonómico, de «unas normas de seguridad y protección que supongan una garantía en su uso que no dependa de la buena disposición de las autoridades municipales», esgrime el Procurador del Común.

La resolución concluye que la actualización normativa que ha de elaborar la Junta de Castilla y León para regular estos espacios tiene que establecer al mismo tiempo un catálogo más concreto que defina cuáles son las áreas que, como el Pontón, no reúnen las condiciones para el disfrute seguro del baño. Por lo tanto, el defensor autonómico propone la creación de una lista que incluya con claridad los ríos, pantanos, embalses, playas... en los que están prohibidas las zambullidas.

El espacio recreativo segoviano estaría dentro de este catálogo, deducen fuentes de la oficina del Procurador del Común. Solo entonces la responsabilidad de bañarse será realmente individual de quien se salte la restricción, añaden.

En un anterior informe sobre 'Las zonas de baño naturales en Castilla y León', la entidad ya apuntaba que la seguridad en estos puntos «no se agota con la garantía de la calidad sanitaria de sus aguas, puesto que existe un componente de riesgo que tiene relación con el medio físico en el que se ubica, cuya configuración física puede cambiar y estos cambios pueden no ser percibidos por los usuarios, sobre todo los de menor edad, lo que puede comprometer la seguridad de los bañistas».

Asimismo, el estudio consideraba también la necesidad de contar con servicios de socorristas en estas zonas para velar por la integridad física de los usuarios. Sin embargo, matiza que «ni la normativa nacional ni la autonómica imponen la presencia de vigilancia y salvamento» en las zonas de baño naturales.