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Francisco Vázquez, presidente de la Diputación de Segovia, sale del juzgado tras declarar por la querella de Fomento Territorial. Antonio de Torre

El juez dicta el archivo provisional de la querella por prevaricación contra Francisco Vázquez

Rechaza las tesis de la empresa Fomento Territorial, que acusaba también al presidente de la Diputación de Segovia y al despacho Verae de administración desleal y denuncia falsa

el norte

Sábado, 9 de enero 2016, 11:59

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia y de lo Mercantil ha decretado el sobreseimiento provisional de la querella que la empresa Fomento Territorial presentó contra el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Vázquez, y el despacho de abogados Verae. En un auto emitido el pasado 10 de diciembre, el titular del tribunal comunica el archivo provisional de las investigaciones abiertas por presuntos delitos de prevaricación, administración desleal, estafa procesal, denuncia falsa y malversación de caudales, de los que la antigua gestora de Segovia 21 acusaba al máximo representante de la Diputación y a los actuales administradores de la sociedad.

El magistrado-juez argumenta en su resolución, a la que ha tenido acceso Ical, que «frente a la interpretación jurídica de la sociedad querellante, que este juzgado no comparte», la sociedad Segovia 21, participada mayoritariamente por la Diputación, contaba con el respaldo legal y no necesitaba la autorización previa del pleno de la institución provincial para reemplazar -como hizo en septiembre de 2012- su último consejo de administración por un administrador único, en este caso el despacho Verae.

Añade que no era necesario «que existiera ningún contrato de arrendamiento de servicios entre la sociedad administradora Verae y la sociedad administrada Segovia 21» y apunta que el cargo de administrador societario, «aunque por defecto es gratuito, puede ser retribuido» , por lo que la compensación que se fijó a favor de Verae de 140.000 euros anuales más los honorarios que pudieran devengarse en eventuales procedimientos judiciales por gestionar Segovia 21 era ajustada a derecho. También indica incluso que la designación de Verae como administrador único de la sociedad ha permitido a esta ahorrar más de un millón de euros en gastos de estructura y obtener beneficios derivados de procedimientos judiciales de casi dos millones de euros.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia y de lo Mercantil también desestima que Verae cometiera un delito de denuncia falsa ni de estafa procesal cuando puso a disposición de la Fiscalía Provincial las facturas que Fomento Territorial cobró a Segovia 21 durante los años que la gestionó -de 2002 a 2012-. «Los tres suscribientes de la denuncia parece que indiciariamente actuaron convencidos de la veracidad de los hechos. Otra conclusión conduciría a restringir cuando no impedir, injusta e ilegítimamente, el derecho a formular denuncia para la defensa de los derechos e intereses legítimos de los que toda persona es titular», asevera el magistrado-juez, al mismo tiempo que sostiene que tampoco queda acreditado que Verae indujera a error al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Segovia que se pronunció sobre esos presuntos pagos excesivos de Segovia 21 a Fomento Territorial «mediante engaño indóneo para obtener una sentencia favorable a sus pretensiones».

Más prudente

El magistrado-juez considera que el sobreseimiento provisional de las actuaciones es «razonablemente más prudente» que archivarlas definitivamente «por no existir méritos bastantes para entrar en el juicio oral» y porque «permitiría una eventual reapertura del procedimiento cuando nuevos datos o elementos, de comprobación o de prueba, acaecidos o adquiridos con posterioridad lo aconsejaran o lo hicieran preciso».

El presidente de la Diputación y los representantes de Verae tuvieron que acudir a declarar ante el juez el pasado 5 de octubre. También lo hicieron con posterioridad el expresidente de la Cámara de Comercio de Segovia, Carlos Tejedor, un representante de Bankia y la secretaria de la Diputación, Lourdes Merino. Francisco Vázquez aseguró que había actuado en todo momento «en defensa de lo público, dentro de la legalidad», y al margen de los intereses particulares y privados que pudiera tener Fomento Territorial.

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