Asturias cobra 470.000 euros a una mujer por una herencia que tributaba 3.700 en León

La leonesa Leonor del Corral pagó al Gobierno de Asturias 470.000 euros por una herencia por la que en su día tuvo que tributar 3.700 euros en León. El caso llegó a enfrentar a dos administraciones autonómicas y obligó a intervenir a la Junta Arbitral del Ministerio de Hacienda, según publica hoy La Nueva España.

He tenido que vender la mitad de mis bienes, no me quedé en la calle de milagro, lamenta la afectada, quien explica que su padre, Julio, que durante años vivió en Asturias con su familia, una década antes de fallecer se empadronó en Sahagún, su pueblo natal.

Cuando falleció pagamos 3.700 euros en impuestos para recibir los bienes. Mi padre no tenía mucho, una finca en León y un piso en Asturias. Pensábamos que ahí había acabado todo pero lo peor llegó después, explicó sin concretar el importe de lo heredado. En esa época, señala el diario, por una herencia de 800.000 euros se tributaban 162.618 en Asturias.

Lenor explica que dos años y medio después de haber recibido la herencia de su padre, la Administración del Principado le pidió 370.000 euros. Vinieron a por mí como pirañas, dijeron que mi padre residía en Asturias y tenía que pagar allí, detalla. Era el año 2013 y acaba de morir su madre, residente en Asturias -los progenitores vivían separados porque la mujer no quiso volver a León-. Insiste en que ni ella ni su padre estaban habitualmente en Asturias y que sólo iban en Navidad.

La pelea entre Administraciones llegó hasta el Ministerio de Hacienda. Ante la Junta Arbitral tuvieron que declarar incluso las monjas que residen en el convento al que el fallecido acudía a diario para ir a misa aunque su testimonio no sirvió de nada. Al final los encargados de decidir dijeron que había dudas, que no se había acreditado suficientemente la residencia efectiva en Sahagún y dio la razón el Principado. Me expoliaron el patrimonio que consiguieron juntar mis padres trabajando, lamenta esta leonesa que tuvo que sumar a los 370.000 euros que le pedía el gobierno asturiano los 100.000 que le reclamaron como recargo.