Cinco cargos de la Junta, los primeros en declarar como investigados por el caso Perla Negra
Los interrogatorios arrancan en mayo, tras un año suspendidos porque el juez no disponía de todos informes periciales y policiales sobre las operaciones del edificio de ADE en Arroyo y los terrenos de Portillo
M. J. Pascual
Jueves, 10 de marzo 2016, 08:55
El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, que investiga si existieron delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración en las operaciones urbanísticas del edificio de ADE de la Junta (hoy, Soluciones Empresariales) en Arroyo de la Encomienda, y los terrenos del parque empresarial fantasma de Portillo, ha llamado a declarar a los cinco primeros altos cargos de la Junta de Castilla y León que serán interrogados, en presencia de sus abogados, entre mayo y junio.
Se trata del secretario general de Cultura, José Rodríguez-Sanz Pastor; el director general de Industria e Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Hacienda, Carlos Martín Tobalina; el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez; José Armando Baeta Canales, director general de Presupuestos y Estadística; y el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa. Los cinco cargos, y otras trece personas, integran el primer bloque de citaciones de investigados en el último auto del juez César Gil Margareto. Todos formaron parte de los consejos de administración de Gesturcal, que luego fue ADE Parques, lsociedad que promovió las operaciones que son objeto de las José Manuel Jiménez Blázquez. Javier Rodríguez Segovia.diligencias previas del procedimiento abreviado 0005035/2013. Unas diligencias declaradas de «especial complejidad» y, por tanto, con prórroga para seguir investigando.
El primer testigo, el arquitecto
También se ha previsto en el auto judicial que declare como testigo el arquitecto que ideó el edificio Perla Negra o de alguien de su equipo, «en el caso de que el señor Lamela siga viviendo en Qatar».
El juez decidió suspender las declaraciones de una veintena de cargos, excargos y empresarios de Castilla y León el pasado mes de abril, a expensas de recibir todos los informes periciales y policiales solicitados por la Fiscalía de Valladolid, que lidera la investigación de este caso.
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