87 funcionarios de Fomento se ofrecen para asumir trabajos de entes públicos

Son 87 los firmantes de una carta que ya está en manos del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván. De ellos, 65 son ingenieros de caminos, canales y puertos y técnicos de obras públicas, es decir, la mayoría de los 90 que están en plantilla de la Junta de Castilla y León, y que han dado un paso al frente para decir que ellos están sobradamente preparados, tienen las competencias necesarias y el tiempo para hacer el trabajo que se está encargando a las empresas públicas. El escrito está rubricado también por ingenieros técnicos en topografía, arquitectos y arquitectos técnicos de la Dirección General de Vivienda, todos ellos funcionarios de carrera que se reconocen «alarmados por la situación económica de esta comunidad» y que por ello quieren «colaborar en la mejora de la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos disponibles».

Para ello, proponen «la inmediata extinción» de las empresas públicas Provilsa (Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, SA) y Somacyl (Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León), cuyo cometido es realizar estudios, proyectos y obras relacionadas con el medio ambiente, infraestructuras y vivienda. Desde hace un año, están sometidas al Plan de Ajuste de la Junta para reorganizar, extinguir o fusionar entes públicos.

Duplicidad

Estos funcionarios entienden que estas empresas han sido «innecesarias» y ahora lo son más que nunca, y reclaman asumir los estudios, proyectos y obras que tengan contratados a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. «Creemos que estas empresas públicas sobran de entrada; de hecho, antes de su creación, el grueso de las obras de abastecimiento y saneamiento, por ejemplo, se realizaba desde aquí», explica uno de los ingenieros de caminos que suscribe el escrito y que, para evitar represalias en su puesto de trabajo, prefiere que su nombre no se haga público. «Gran parte de los proyectos que han sacado ellos los hemos hecho nosotros, porque ellos solo licitan, no ejecutan, de manera que no tiene sentido que nos quiten trabajo a nosotros en un tramo del proceso para dárselo a ellas; hay una duplicidad clara de competencias y un desvío de fondos públicos. Y no solo pasa en la Junta; lo mismo está ocurriendo con la Administración del Estado en importantes obras de abastecimiento y saneamiento», apunta este técnico de Fomento.

Para estos funcionarios, no es de recibo que una empresa que va a ser fusionada en un nuevo ente (Infaestructuras y Servicios de Castilla y León, Inscyl) siga recibiendo encargos y realizando adjudicaciones. Ponen como ejemplo que Somacyl , con fecha del pasado 4 de diciembre, haya licitado a la UTE Vías-Zarzuela el proyecto de la 'cúpula' de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, por 29,4 millones de euros. «Esto significa que estas empresas siguen vivas; a lo mejor ello no computa en déficit, pero hay que pagarlo», resume otro de los funcionarios de carrera que trabaja en Fomento y que ha firmado la carta junto a sus compañeros.

Además, muestran su «total disposición y compromiso para colaborar» en lo que consideran una «necesaria» reorganización de las Administraciones, y en especial, «de los efectivos relacionados con nuestras profesiones». Expresamente, se ponen a disposición de la Administración central, así como de las corporaciones locales, para colaborar en el diseño y dirección de obras de infraestructuras «con el objetivo del ahorro de sus recursos; tenemos claro que somos un servicio público».

En cifras

De momento el consejero Antonio Silván no les ha respondido a su propuesta pero ellos no desisten y, si siguen sin contestación, aseguran, pedirán formalmente una entrevista con el titular de Fomento. Fuentes de la Consejería aseguran que se ve «con buenos ojos» la iniciativa de estos cuerpos técnicos, pero insisten en que siempre ha habido funcionarios que han dirigido proyectos en las empresas públicas y en que siguen inmersos en el plan de reestructuración, que en un año ha dado como resultado un ahorro de 8,9 millones de euros. De cualquier forma, la Ley de Presupuestos de 2013, subrayan, contempla la desaparición de Provilsa.

En concreto, en el sector público dependiente de la Consejería se han eliminado en estos meses 120 puestos de trabajo. El ahorro ha sido de 4,2 millones, cifra que incluye los gastos de personal, alquileres (500.000 euros), mantenimiento y seguridad. Todo el personal de Fundación de Patrimonio Natural, Provilsa y Somacyl se ha centralizado en el edificio del PRAE, que es propiedad de Fomento. En la propia Consejería se han suprimido 118 empleos y se han ahorrado 4,7 millones. De ellos, 1,2 millones corresponden a alquileres, seguridad y mantenimiento, y el resto, a personal. Las direcciones generales de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y de Transportes, que estaban de alquiler, se han instalado en la propia Consejería. En total, en arrendamiento, seguridad y mantenimiento el ahorro se contabiliza en 1,7 millones. Las mismas fuentes indicaron que los Espacios CyL Digital están siendo gestionados ya con personal propio, las oficinas de vivienda se han integrado en el 012 y se han adaptado las Casas del Parque.