Garzón imputa por primera vez a tres dirigentes de ANV por colaborar con ETA

Baltasar Garzón imputó ayer un delito de colaboración con ETA al presidente de ANV, Kepa Bereziartua, y a otros dos dirigentes de la formación, Alazne Arocena y Antxón Gómez. La medida era imprescindible para poder ordenar en los próximos días la suspensión cautelar de actividades de esta formación por su posible connivencia con la banda.

El magistrado aprovechó la presencia de Bereziartua en su despacho de la Audiencia Nacional, al que acudió para asistir a la audiencia obligada por el Código Penal antes de la adopción de medidas cautelares como la suspensión de actividades de un partido cuya existencia es por ahora legal. Iñigo Iruin, ex dirigente de Batasuna y abogado de ANV, defendió ante el juez instructor la imposibilidad de tomar medidas contra un partido cuyos responsables no han sido acusados de actividad delictiva alguna.

El magistrado subsanó esa carencia en el acto. Al término de la vistilla de medidas cautelares, que duró algo más de dos horas, entregó a Iruin un auto dictado sobre la marcha en el que imputa a Bereziartua y Arocena, los dos titulares de las cuentas que ANV abrió en unos 150 municipios vascos y navarros tras las elecciones locales, y a Gómez, ex secretario general de la formación, los delitos de colaboración con organización terrorista y asociación ilícita. El magistrado sostiene que los tres, desde su posición de control sobre las finanzas de ANV, han podido «participar en la financiación de actividades terroristas de ETA-Batasuna» con la entrega de fondos y cantidades a los responsables del partido ilegalizado. De manera subsidiaria, la mera militancia en ANV podría ser delito si se confirma que esa organización promueve actuaciones ilegales.

El juez no tuvo este problema con el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), a cuyo representante dio audiencia el lunes con la misma finalidad, porque en el sumario contra este partido ya están imputados, por colaboración con ETA-Batasuna, la mayor parte de los miembros de su dirección en el 2005, el año en obtuvieron siete escaños en el Parlamento vasco con el apoyo de la base del partido ilegalizado.

Garzón tiene previsto dar a conocer si suspende las actividades de ANV y PCTV, lo que implica su exclusión del proceso electoral en marcha, esta misma semana. Esa resolución debe aclarar si ordena, como le han pedido la Fiscalía y las acusaciones particulares, el embargo de todas las cuentas bancarias, bienes y activos financieros de ambos partidos; la clausura de sus sedes y locales; y el embargo de todas las subvenciones y ayudas públicas que pudiesen corresponder a ambas formaciones.

Más imputados

Una vez decididas la suspensión de actividades y el resto de las otras medidas cautelares, el juez citará a los tres imputados para tomarles declaración, y hará lo propio con otros dirigentes y concejales de ANV «que en su momento se concretarán», según la resolución conocida ayer.

La Fiscalía, de acuerdo con los informes policiales, acusa a ANV de haber pactado en junio pasado una tesorería única con Batasuna y PCTV, dirigida por los jefes del partido proscrito desde la sede compartida por las tres marcas de la izquierda 'abertzale' en Usurbil (Guipúzcoa).

Mantiene que las cuentas de las que son apoderados Bereziartua y Arocena recibían fondos de los 437 concejales y 42 alcaldías obtenidas por ANV en los comicios y que parte del dinero fue entregado a responsables de Batasuna para pagar salarios, locales para sus ruedas de prensa y actos políticos, y otros gastos. Parte de los pagos los hicieron Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez con tarjetas asociadas a estas cuentas.

El letrado Iruin, por el contrario, defendió que no está probado que esos fondos procedan de ANV e ironizó que, en cualquier caso, si todo fuese cierto -en su opinión «no lo es»-, la supuesta gran financiación del partido a ETA se reduciría a menos de 5.000 euros.

El abogado mantuvo un duro enfrentamiento con la fiscal Dolores Delgado, que recurrió a la jurisprudencia del Supremo sobre células 'yihadistas' para asegurar que ese concepto engloba a todos los que «nutren a las organizaciones terroristas y justifican y dan cobertura a sus asesinatos».

La fiscal se preguntó: «¿Por qué ETA va a tener privilegios sobre el terrorismo islamista?». Y ella misma se contestó: «Da igual que los fines sean políticos o religiosos, el fin es matar al que no piensa como tú». En su opinión, ANV, además de financiar al 'frente político de ETA', «asumió la representación institucional y política de Batasuna».

Iruin se mostró indignado y aseguró que la postura de la Fiscalía «es un nuevo paso en el vaciamiento del concepto de organización terrorista tal y como lo entendía el Derecho Penal», y denunció que la Audiencia Nacional está dispuesta a llegar tan lejos que va imputar este delito por la simple «identidad ideológica».

Empujando una carretilla

Terminó la vistilla y Bereziartua fue imputado, pero el presidente de ANV aún tenía que protagonizar una esperpéntica escena más: abandonó el juzgado arrastrando una carretilla verde prestada por funcionarios en la que cargaba tres cajas de documentos, de unos 2.500 folios cada una. El presidente recorrió los pasillos y las inmediaciones de la Audiencia Nacional con su carga, ante la mirada extrañada de quienes le reconocían, hasta que logró depositarla en un coche aparcado en una calle cercana.

El Supremo había decidido aprovechar la presencia del presidente de ANV en Madrid para notificarle con urgencia las demandas de ilegalización presentadas la semana pasada por la Fiscalía y el Gobierno. El peculiar sistema tenía como objetivo conseguir la notificación antes del viernes, cuando el alto tribunal celebrará vistas para determinar si suspende las actividades de este partido y del PCTV.

Según las fuentes del Supremo, el tribunal intentó desde el lunes dar traslado de las demandas a Antxón Gómez, el único contacto que tenía con ANV, pero éste contestó que ya no es el secretario general del partido, cargo del que fue sustituido en el congreso de octubre pasado, por lo que se negó a recibir la comunicación judicial.