El PSOE denuncia que Mañueco y Mitadiel ocultaron un informe del director del HUBU que corrobora irregularidades
El funcionario, destituido en marzo, concluye que, «si no se revierte la concesión, no solo se habrán dilapidado 2.000 millones, sino que Castilla y León habrá heredado un hospital obsoleto»
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el actual gerente del Sacyl, Manuel Mitadiel, recibieron del director de Gestión del Hospital de Burgos, ... Víctor Manuel Calleja, un informe sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión del centro hospitalario, una concesión a cargo de la unión de empresas Eficanza. Así lo ha asegurado el secretario general del PSOE de Castilla y León, quien ha hecho público el informe «con el consentimiento del firmante» y pide explicaciones tanto al jefe del Ejecutivo autonómico por ocultar este informe, «que tiene desde octubre pasado» y al exprocurador de Ciudadanos, «que lo denunció en su día y ahora que es gerente de Sacyl y se ha convertido en cómplice de la ocultación».
Víctor Calleja Gómez, que fue «rápidamente» cesado en marzo pasado firmó el informe, de 39 páginas, el 27 de febrero en Burgos, y ahora lo ha dado a conocer el PSOE, después de que la Fiscalía haya decidido archivar las dos denuncias sobre el HUBU al no apreciar sobrecostes ni indicios de prevaricación o malversación de fondos en los sucesivos modificados del proyecto. Según Tudanca, hay un segundo informe que el excargo del HUBU remitió el pasado octubre al presidente de la Junta en el que se detallan todas estas supuestas irregularidades.
El funcionario firmó su documento a finales de febrero y fue cesado de su cargo un mes después, según subrayó el secretario del PSOE autonómico
Dicho informe, sobre el que el PSOE insiste en reclamar la urgente reversión de la concesión del Hospital de Burgos a la Junta, apuntala según Tudanca «todo lo que dijimos que pasaría y ha pasado» y denuncia que el Hospital de Burgos «es el agujero negro que se va a llevar todo el fondo extraordinario covid que el Gobierno español ha dado a la Junta». El director de gestión del HUBU, «que fue quien informó y firmó todas las facturas y fue nombrado por el anterior Gobierno de Herrera» concluye, entre otros aspectos, que desde el principio se infravaloró el equipamiento ofertado y las inversiones de reposición, que se perjudicó al resto de empresas que aspiraban al contrato y que sí cumplían los criterios de viabilidad y que «se desconocen los motivos por los que se aceptó una oferta que solo cubre el 59% de las necesidades de equipamiento definidas por el estudio de viabilidad aprobado, pagado y publicado por Sacyl».
Además, «se renuncia a exigir que se ejecute la oferta presentada y la Junta asume la elaboración y aprobación de un nuevo plan de equipamiento que supone un incremento de inversiones del 123% sobre la oferta inicial». En la tramitación de este modificado, subraya el funcionario, «se libera de responsabilidad a la concesionaria, con lo que en la práctica Sacyl asume la subsanación de las posibles deficiencias de la oferta de equipamiento, a costa de la Administración«.
Otra de las conclusiones, que Tudanca calificó de «demoledoras» para la Junta, es que los modificados de equipamientos «se autorizaron y ejecutaron sin conocer su coste real e incurriendo, de facto, en una fragmentación del gasto«, »se prescindió de toda cautela para fijar o limitar los costes adicionales« y »de todo ello, deriva un sobrecoste no aflorado en el momento en que se generó, junto con una situación de riesgo derivada de un litigio por las discrepancias con la concesionaria sobre la cuantía de estos costes adicionales«.
Al final de 2019, se calcula en el informe, por esta concesión se habrían devengado obligaciones de pago para la Administración del orden de 650 millones de euros.
Para Tudanca, estas conclusiones avalan la reversión inmediata a la sanidad pública del HUBU porque, «de lo contrario, si se espera hasta que concluya la concesión de 30 años (faltan 16 años), «no solo se habrán dilapidado 2.000 millones de euros, sino que Castilla y León habrá heredado un hospital completamente obsoleto«.
Archivo
Luis Tudanca, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, y el procurador socialista por Burgos Luis Briones, aseguró que el autor de dicho informe también lo puso en conocimiento de la Fiscalía. El ministerio público, un año después de que tanto Mitadiel como los integrantes de la comisión parlamentaria de investigación (excepto el PP) denunciaran las supuestas irregularidades en la concesión, modificados y gestión del HUBU, ha archivado las denuncias por no ver ilícito penal, aunque la vía de los tribunales no está agotada y los denunciantes pueden llevar el asunto al juzgado. De hecho, Tudanca ha afirmado, tras conocer el archivo, que «no descartamos ningura vía y tampoco las judiciales».
La Fiscalía de Valladolid ha explicado este lunes en nota de prensa que, tras un año de investigación, no ha detectado hechos nuevos distintos de los que fueron objeto de investigación por el Juzgado de instrucción 1 de Burgos en las diligencias sobreseídas en el año 2016, con relación a la adjudicación del contrato y al primer y segundo modificado del mismo.
Tampoco respecto del primer reequilibrio financiero y a los costes de financiación, al no detectarse «indicios de resoluciones administrativas manifiestamente injustas, infracciones en el procedimiento administrativo, o apropiación de fondos públicos en los términos de la regulación anterior al año 2015», indica el ministerio público. Además, señala que las discrepancias planteadas entre la concesionaria y la Junta sobre la interpretación de las cláusulas de la concesión «se han ido planteando y resolviendo ante la jurisdicción contencioso administrativa».
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.