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Francisco Ramonet, diputado por Valladolid y futuro ministro de la Guerra, no podía ser más categórico: «[Palencia] se halla enclavada entre las de León, Santander, Burgos y Valladolid, a cuyas expensas puede decirse que se ha dado ser a esta provincia. Se ha demostrado la incompatibilidad de la provincia de Palencia con la conveniencia pública (…). No se admita la existencia de ella». Era uno de los asuntos más espinosos a debatir en aquella sesión extraordinaria de las Cortes Generales, celebrada hace ahora 200 años: la existencia de la provincia de Palencia en la división territorial de España.
No es que Ramonet fuera vallisoletano o que se hubiese abierto una pugna entre provincias para absorber o evitar ser absorbidas. Se trataba, como bien señalaban los diputados en sus intervenciones aquel mes de octubre de 1821, del «interés general de la nación». De hecho, tan favorables como Ramonet a la desaparición de Palencia se mostraban otros diputados ajenos a Castilla la Vieja. Y es que la tarea de racionalizar el mapa provincial no era algo nuevo, ni mucho menos. Basta recordar que los proyectos ilustrados de principios del XIX acordaron la desaparición de la provincia de Toro, repartida entre Zamora y Palencia, o que los planes de José I Bonaparte para la actual Castilla y León consistían en crear siete prefecturas: Astorga, Burgos, Ciudad Rodrigo, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid, por lo que Zamora se agregaba a la provincia de Salamanca mientras que Ávila y Segovia se integraban en la vallisoletana.
En 1821, el cartógrafo mallorquín Felipe Bauzá, que ocho años antes ya había propuesto una división provincial que limitaba a seis gobernaciones superiores nuestra actual Comunidad (Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y León), hizo pública la nueva división territorial que habría de debatirse en el Congreso de los Diputados. Elaborada junto al ingeniero de canales José Agustín de Larramendi, proponía la desaparición de Palencia y la sustitución de Soria por el Burgo de Osma como capital provincial. El objetivo general del proyecto era homogeneizar en lo posible las dimensiones territoriales de las provincias españolas. De esta manera, el territorio palentino quedaría repartido entre las cuatro demarcaciones colindantes: Burgos, Santander, León y Valladolid.
Como han escrito Jesús Burgueño y Manuel Revuelta, en territorio cántabro quedarían las cabeceras del Pisuerga y del Ebro, el curso alto y medio del Carrión iría a parar a la provincia de León, Burgos integraría los afluentes del Pisuerga y del Arlanzón hasta la confluencia de ambos ríos, y el resto quedaría en la provincia de Valladolid. La respuesta en contra de las autoridades palentinas no se hizo esperar. Primero fueron dos comisionados a los que Larramendi y Bauzá escucharon con corrección pero sin que sus opiniones les animara a introducir modificación alguna. Más incisiva y exitosa resultó, por tanto, la labor de los diputados palentinos Manuel Fraile García y Manuel Santiago Calderón.
Ambos hicieron frente a opiniones como la citada de Ramonet o las de Juan M. Álvarez de Sotomayor, desde cuyo escaño por Córdoba consideraba una «monstruosidad» la proliferación de provincias pequeñas, y Manuel Victorica, religioso liberal y diputado por Cádiz para quien «los castellanos deberíamos apetecer que nuestro país quedase dividido en pequeñas provincias; pero el interés general de la nación, que es nuestra primera regla, está dictando que las provincias se hagan lo más iguales que sea posible (…). En conclusión, no hallo razón alguna para que subsista la provincia de Palencia».
Los palentinos, por el contrario, hacían una defensa cerrada de los pueblos pequeños, argüían que la comunicación con las nuevas capitales provinciales sería muy difícil, y oponían aspectos como la atracción mercantil de Palencia y la complementariedad económica entre las diversas partes de la provincia, la identidad cultural que las unía, la necesaria proximidad de las autoridades para fomentar con garantías la actividad agrícola y desarrollar el Canal de Castilla, la fidelidad de los palentinos a la Constitución y el glorioso pasado de un territorio que, según su interpretación, fue capital de la provincia de los pueblos vacceos.
Las presiones políticas dieron fruto y la comisión parlamentaria, presidida por el diputado por Murcia Diego Clemencín, cambió de opinión aduciendo la necesidad de «hacer amable» el sistema constitucional, lo que implicaba no suprimir provincia alguna (quedaron en total 52); en el caso que nos ocupa, ello suponía preservar la de Palencia y restituir la capitalidad de Soria. Los palentinos recibieron el acuerdo con enorme alegría. Las autoridades organizaron una novillada, se lanzaron cohetes y se celebró un Te Deum en la Catedral «en acción de gracias al Señor». Eso sí, para la 'letra pequeña' quedaron modificaciones territoriales como la segregación del partido de Reinosa, que pasó a Cantabria, y la agregación a Valladolid de un amplio sector de la comarca del Cerrato.
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